REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO AMAZONAS SALA DE JUICIO EXPEDIENTE N°: 1.652. SOLICITANTE: Abogada CARMEN TERESA ESPAÑA ESPINOZA, Fiscal Tercera (SE) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, con competencia en materia de Protección del Niño y del Adolescente, actuando en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 170 literales “a” y “c” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el artículo 376 ejusdem, actuando en este acto en representación de la adolescente GLENDYS ADRIANA CÉSAR DANTAS y del niño ALBERTO JOSÉ CÉSAR DANTAS, de doce (12) y diez (10) años de edad respectivamente. DEMANDADO: ALBERTO JOSÉ CÉSAR MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°.-V.-10.922.255, de profesión u oficio Chofer, domiciliado en la Urbanización Rómulo Gallegos, video “Triller”, frente al C.N.E de esta ciudad de Puerto Ayacucho. MOTIVO: Cumplimiento de Obligación Alimentaria. SENTENCIA: Definitiva. FECHA: 28 de julio de 2003. -I- Se inicio el presente procedimiento mediante escrito presentado por la abogada CARMEN TERESA ESPAÑA ESPINOZA, Fiscal Tercera (SE) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, con competencia en materia de Protección del Niño y del Adolescente, en el que demanda de conformidad con los artículos 511, 381, 384 y 521 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente al ciudadano ALBERTO JOSÉ CÉSAR MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°.-V.-10.922.255, de profesión u oficio Chofer, domiciliado en la Urbanización Rómulo Gallegos, video triller, frente al C.N.E de esta ciudad de Puerto Ayacucho, en su condición de progenitor de la adolescente GLENDYS ADRIANA CÉSAR DANTAS y del niño ALBERTO JOSÉ CÉSAR DANTAS, de doce (12) y diez (10) años de edad respectivamente, por Cumplimiento de Obligación Alimentaria. Alegó la solicitante que en fecha 10 de febrero de 2.003, se celebró convenio alimentario por ante la sede de la Fiscalía Tercera entre los ciudadanos ALBERTO JOSÉ CÉSAR MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°.-V.-10.922.255, de profesión u oficio Chofer, domiciliado en la Urbanización Rómulo Gallegos, video triller, frente al C.N.E de esta ciudad de Puerto Ayacucho y GLADYS DANTAS RIBEIRO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°.-V.-10.605.730, de profesión u oficio Docente, domiciliada en la Urbanización Los Lirios, casa N°.-8, frente a las Residencias del Gobierno. Sin embargo, posteriormente en fecha 02 de junio de 2.003, la ciudadana GLADYS DANTAS RIBEIRO, ya identificada, manifestó por ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, a cargo de la abogada CARMEN TERESA ESPAÑA ESPINOZA, que el obligado alimentario había incumplido con la obligación alimentaria acordada en fecha 10 de febrero de 2.003, razón por la cual solicita se tomen las medidas ejecutivas necesarias para garantizar el pago de las mensualidades atrasadas y sus respectivos intereses. Para los efectos probatorios la Representante del Ministerio Público presentó copias fotostáticas de las partidas de nacimiento de la adolescente GLENDYS ADRIANA CÉSAR DANTAS y del niño ALBERTO JOSÉ CÉSAR DANTAS, de doce (12) y diez (10) años de edad respectivamente, de la cédula de identidad de la progenitora de los hermanos antes mencionados, así como original del Acta del convenio de obligación alimentaria suscrito por ante el Despacho a su cargo. Admitida la solicitud, se ordenó la citación de los ciudadanos ALBERTO JOSÉ CÉSAR MORALES y GLADYS DANTAS RIBEIRO, ya identificados, a fin de que tuviera lugar un acto de carácter conciliatorio, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, para que convinieran en la forma de pago de las cantidades adeudadas. De igual manera, se ordenó la notificación a la Representante del Ministerio Público del presente procedimiento. En el acto conciliatorio el ciudadano ALBERTO JOSÉ CÉSAR MORALES, reconoció adeudar la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.250.000,oo), por concepto de Obligación Alimentaria atrasada, y ofreció en cancelar de la siguiente forma: Para la fecha 30 de octubre de 2003 cancelará el 50% de la deuda, y para el 30 de noviembre de 2003 cancelará el otro 50% de la referida deuda. Igualmente se comprometió a llevar un mercado los días lunes constante de harina, pan, azúcar, pasta, pescado, carne, frutas, verduras, queso y leche. En el mismo acto la ciudadana GLADYS DANTAS RIBEIRO, madre de los beneficiarios aceptó de manera provisional lo ofrecido por el Obligado Alimentario, ya identificado, hasta tanto el mismo consiga un trabajo fijo del cual depender. Es todo. -II- De los elementos probatorios presentados por la accionante se evidencia que los beneficiarios reclamantes son hijos del demandado, que existe una decisión judicial que establece el monto de la obligación alimentaria, a favor de los reclamantes y un atraso injustificado en el pago de la obligación alimentaria, por lo que de conformidad con los artículos 366 y 381 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, es procedente la presente solicitud y así se declara. Igualmente se observa que la Representante del Ministerio Público tiene cualidad para solicitar el cumplimiento de la obligación alimentaria en beneficio de los hermanos CÉSAR DANTAS, conforme lo establece el artículo 376 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Establece el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil: “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.” Por su parte, el artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente prevé lo siguiente: “El monto a pagar por concepto de obligación alimentaria, así como la forma y oportunidad del pago pueden ser convenidos entre el obligado y el solicitante. En estos convenios debe preverse lo concerniente al incremento automático del monto fijado y los mismos deben ser sometidos a la homologación del Juez, quien cuidará siempre que los términos convenidos no sean contrarios a los intereses del niño o del adolescente. El convenimiento homologado por el Juez tiene fuerza ejecutiva”. -III- Por cuanto el convenio celebrado por las partes del presente juicio en el acto conciliatorio fijado por esta Sala de Juicio, no es contrario al interés superior de los beneficiarios, en virtud de no existir renuncia a los derechos de reclamar alimentos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley le imparte su HOMOLOGACIÓN al acuerdo antes trascrito en los mismos términos por ellos expuestos. Cúmplase. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2003. Años 193° de la Independencia y 144° de la Federación. ABOG. DANNY E. GÓMEZ T. JUEZ UNIPERSONAL PROVISORIA DE LA SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO AMAZONAS LA SECRETARIA DE SALA ABOG. GLORIA CARRILLO. En esta misma fecha, siendo la 01:00 p.m, se publicó y registró la anterior sentencia, previo anuncio de Ley. LA SECRETARIA DE SALA ABOG. GLORIA CARRILLO. DEGT/GC/Drw. EXP. N°.-1.652.-