REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO AMAZONAS, con sede en Puerto Ayacucho, a los cinco (05) días del mes de agosto de dos mil cinco (2.005), a los 195° años de la Independencia y 146° de la Federación, procede a dictar sentencia en el expediente N° 2005-6238 actuando en ejercicio de la competencia que en materia civil tiene asignada, lo que hace de la siguiente manera: DEMANDANTE: IRIS MAGDALENA FUENTES DEMANDADA: FLORINDA PEREZ MOTIVO: REIVINDICACION SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA ÚNICO De la revisión efectuada a las actas procesales que conforman el presente expediente, se evidencia que la parte actora interpuso la demanda que dio inicio a este juicio el día 28 de abril de 2005, siendo ésta admitida el día 03 de mayo de 2005, librándose boleta de citación a la parte accionada, la cual fue consignada por el Alguacil, sin haberla practicado, el día 18 de mayo de 2005, manifestando éste al respecto que había procurado citar a la demandada en la dirección señalada por la demandante en el libelo de la demanda, a saber, en la Urbanización “Lomas Verde”, sector la vereda de esta ciudad de Puerto Ayacucho, pero que no lo había logrado debido a que no la encontró y que le había resultado imposible establecer su ubicación. También consta de autos que, una vez consignada la boleta de citación por el Alguacil, la parte demandante no realizó ningún acto tendente a la práctica de dicho acto procesal, y que, desde el día en que fue admitida la demanda, hasta la presente fecha han transcurrido 100 días. A mayor abundamiento se agrega que, desde la consignación de la boleta de citación por el Alguacil, hasta el día de hoy, transcurrieron 79 días, sin que –se repite- la demandante se haya preocupado por su efectiva práctica. Establecido lo anterior, este juzgador observa: No obstante haber transcurrido desde la admisión de la demanda hasta la presente fecha 100 días, la citación de éste no ha podido ser realizada en la forma prescrita por la ley adjetiva civil. Más aun, a pesar de haber consignado el Alguacil del Tribunal la boleta de citación, manifestando que no había podido practicarla, todavía la demandante no ha dicho en qué lugar puede ser practicada la misma, ni ha insistido en que se practique en la dirección en la cual no pudo llevarse a cabo, ni ha procurado que sea realizada a través de alguna otra forma, a pesar de que dicha consignación fue realizada hace más de 79 días. Así las cosas, quien decide hace las siguientes consideraciones: El ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece que la instancia se extingue “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…” (Subrayado añadido). Al respecto cabe advertir que, si bien es cierto que la demandante cumplió con la obligación de señalar en el libelo la dirección en la cual podía practicarse la citación, con posterioridad a la consignación que de la boleta de citación hiciera el Alguacil, debió dicha parte indicar la dirección correcta o actual de la accionada, habida cuenta que ya el funcionario judicial citado había hecho constar que en aquél lugar no había encontrado a la demandada y que había resultado imposible ubicarla. Pero, por el contrario, la parte interesada en la citación guardó silencio, y su omisión ha conllevado a que hasta el día de hoy inclusive no haya sido posible llevarla a cabo. De lo anterior se concluye que, habiendo transcurrido con creces más de 30 días desde la admisión de la demanda sin que se practicara la citación del demandado, y más de 30 días desde la consignación de la boleta respectiva sin habérsele practicado y sin que la actora haya aportando una nueva dirección, o insistido en aquélla en la cual no pudo el Alguacil encontrar al accionado, lo procedente en derecho es declarar la perención de la instancia, y así se decide. A propósito de lo decidido en el párrafo precedente, preciso es recalcar que la perención, como lo asienta HENRIQUEZ LA ROCHE (1.995, 329-330) en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, tiene un doble motivo: primero la presunta intención de las partes de abandonar el proceso y, segundo, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargos innecesarios. La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia. El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. En cuanto a la perención breve contenida en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el citado agrega: “El cómputo de los treinta días de caducidad re-comienza desde el momento en que re-nazca para el demandante una obligación de gestionar la citación del demandado, como por ej., la de pedir la citación por carteles o por correo con vista a la exposición del alguacil sobre la procura infructuosa de la citación personal; o la obligación de publicar por la prensa el cartel ya librado…” A juicio de HENRIQUEZ LA ROCHE, “sujetar el efecto sancionatorio de la norma a la primera gestión de citación equivale a anular la intención del legislador, a la cual debe atender el interprete en todo caso (Art. 4° CC). ¿Qué sentido tiene instar sólo la integración del proceso en el momento inicial del juicio, si, pasado ese momento puede estancarse su andamiento?... ¿cuál es la razón por la que la ley pretendería, según la doctrina judicial vigente, impeler el avance del juicio únicamente en cuanto a la primera de la cadena de obligaciones que pueden corresponderle, y de hecho frecuentemente le corresponden, al demandante a los fines de la citación?” ( pág. 335). Este Juzgador asume en su totalidad el criterio que sobre el tema in comento sostiene HENRIQUEZ LA ROCHE y, por tal motivo, declara la perención de la instancia y la extinción del presente proceso. DECISIÓN Por los razonamientos de hecho y de derecho expuestos, este Tribunal de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara perimida la instancia iniciada en fecha 28 de abril de 2005, mediante demanda de reivindicación interpuesta por la ciudadana IRIS MAGDALENA FUENTES en contra de la ciudadana FLORINDA PEREZ. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE Dada, firmada y refrendada en el despacho del Juez del Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, en Puerto Ayacucho, a los cinco (05) días del mes de agosto de dos mil cinco (2.005), a los 195° de la Independencia y 146° de la Federación. El Juez, MIGUEL ANGEL FERNANDEZ La Secretaria, Bella Verónica Beltrán En esta misma fecha, siendo las 9:00 a.m. se publicó y registró la anterior decisión, previo anuncio de ley. La Secretaria, Bella Verónica Beltrán Expediente. 2005-6238/ e.@.t