REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas
Puerto Ayacucho, 16 de Enero de 2008
197º y 148º
ASUNTO PRINCIPAL : XP01-P-2007-001548
ASUNTO : XP01-P-2007-001548
Visto el escrito de fecha 4 de Diciembre de 2007, suscrito por el Abg. José Gregorio Petrillo Rodríguez, actuando en su carácter de Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Estado Amazonas y Robaldo Cortéz Cadales, actuando en este acto en su carácter de Fiscal Auxiliar Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, con domicilio procesal en la avenida Rómulo Gallegos, cruce con calle Melicio Pérez, edificio Don Felipe, piso 1, Puerto Ayacucho, Municipio Autónomo tures del Estado Amazonas, de conformidad con los artículos 285 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículos 108 numeral 70 y 318, del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de formalizar solicitud de sobreseimiento, en la investigación N° 02-FS-2815-04, en los siguientes términos:
De los hechos
En fecha 16 de noviembre de 2004, siendo las 8:32 hrs. de la mañana se presentó a ciudadana Mayra Gregoria Sotillo Álvarez, venezolana, titular de la cedula de identidad N° V-8.948.827, fecha de nacimiento 25-05-68, de oficio secretaria, de 36 años de edad, domiciliada en la urbanización Ruiz Pineda, casa N° 10, de color amarillo con blanco, natural de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, Municipio Río Negro, Estado Amazonas, expuso: “Vengo a denunciar a mi concubino Carlos Udilio Bona Abreu, quien en este momento puede ser ubicado en Andrés Eloy Blanco, casa de color mostaza, con el portón negro, al frente del auto lavado los naranjos, ya que el día viernes del presente mes, nos fuimos a una fiesta y regresamos como a las cuatro de la mañana, habíamos discutido en el camino pero, cuando llegamos a la casa empezó de nuevo a molestarse y tiró contra la pared una botella la cual se partió, así mismo tiro mi celular y lo partió, y antes de entrar a la casa me tiro un machetazo, porque el tiene un machete dentro del carro ya que siempre lo carga, yo como pude me metí dentro de la casa y cerré a puerta, en vista de que vio que pude entrar se volvió como loco, y empezó a caerle a machetazos a la ventana la cual la partió, también a la puerta hasta que la partió y pudo entrar, cuando entró me lanzo un golpe en la cara con el puño, en eso con todo el escándalo que estaba haciendo se despiertan mis hijos, y sale mi hijo Machael Micail Pérez Sotillo, titular de la cédula de identidad N° 18.505.026, quien al ver todo se le fue encima de él. porque lo ve que tiene el machete y este partió la silla con el machete, como pudo mi hijo salió para fuera, para tratar de llamar la atención y pedir ayuda, fue hasta el modulo de Guaicaipuro para pedir ayuda y no había nadie allí, regreso y con la misma rabia que tenia le dio a unos carros que Carlos, esta arreglando en la casa, mi hija como pudo salió hasta donde los vecinos y salio a llamar a mi mamá y mis hermanos, después de todo el se fue, transcurrió como media hora de todo el escándalo, al rato regresa y ya mi hermano estaba en la casa, y el llegó con un destornillador en el bolsillo y dijo ”ya vine a acabar con todo esto” mi mamá interviene y le dice que esa no es manera de tratar a una mujer y el responde que no sabe quien es ella, que soy una puta y otras palabras obscenas, cuando me dice puta mi hermano Edwar Sotillo, le brinco encima y empezaron a pelear, después lo desapartamos, después me amenazó a mi hijo Michael, que donde lo encontrara lo iba a quemar con todo y carro, porque mi hijo trabaja de taxi, manejándole el carro a mi hermano, también la mamá de Carlos Bona, fue a mi casa el sábado, a decirme que mi hermano le iba a pagar lo que le hizo a su hijo, sea como sea de alguna manera, que ella no le interesaba pagarle a cualquiera para cobrarse lo que le habían hecho a su hijo, es por eso que los hago responsable a ellos si algo le llega a pasar a uno de mis hijos o de mis familiares.”
En virtud de la denuncia recibida por distribución de la Fiscalia Superior, este Despacho Fiscal procedió a dar Orden de Inicio de la Investigación por uno de los delitos Contra la Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia
Consta en las actas que conforman el presente caso, un Acta de denuncia común de fecha 16 de noviembre de 2004.
En fecha 17 de noviembre de 2004, se remitió a la denunciante antes identificada mediante oficio N° AMAZ-F2-958.-2004 al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas del Estado Amazonas, Servicio de Medicatura Forense, medico de guardia, a fin, de que se le ampliara la denuncia sobre el respectivo Reconocimiento Medico-Legal.
Se recibió en fecha 18 de noviembre de 2004, Oficio N° 9700-225-960 de medicatura forense realizada a la ciudadana: Mayra Gregoria Sotillo Álvarez venezolana, titular de la cedula de identidad N° V.- 8.948.827, el cual informa lo siguiente; Paciente de sexo femenino, de 36 años de edad, de raza mestiza, quien al momento del examen presenta: No hay lesiones médico legales que calificar.
En fecha 17 de noviembre 2004 comparecieron los ciudadanos Mayra Gregoria Sotillo Álvarez y Carlos Udilio Bona Abreu y se comprometieron a no agredirse, física, verbal o psicológicamente.
Fundamentación
De hecho y de derecho
Ahora bien, luego del análisis de las actas que conforman la presente investigación, no es menos cierto que de conformidad a la conclusión de la medicatura forense al momento de la valoración la denunciante no presentó lesiones que evaluar. En consecuencia no existen evidencias o elementos de interés criminalísticos que den certeza de la existencia del hecho objeto del proceso, por lo tanto el objeto no se realizó, siendo lo procedente solicitar el sobreseimiento.
Se observó que desde el 16 de Noviembre de 2004, fecha que ocurrieron los hechos, hasta la presente fecha 26 de Octubre de 2007 han transcurrido dos años (02) y once (11) meses y diez (10) días, lo que de conformidad con el ordinal 1 del artículo 318 del Código Penal, el objeto del proceso no se realizó.
Lo ajustado a derecho es, solicitar el sobreseimiento de la causa, ante el Tribunal competente para decretarlo, en virtud de que la acción penal se encuentra evidentemente prescrita, con fundamento en lo anteriormente expuesto.
Solicitud Fiscal
Por todo lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 285 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 37 ordinal 150 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, solicito decrete el sobreseimiento de la presente causa de conformidad con el 318 numeral 1° concatenado con el artículo 48 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal.
Corresponde a esta sentenciadora analizar los argumentos esgrimidos por el dueño de la acción penal para pronunciarse sobre la solicitud y a tal efecto subscribe que el Sobreseimiento es una resolución de carácter judicial que debe proferirse de manera fundada, pues tiene como finalidad poner término al procedimiento de manera anticipada, impidiendo por el mismo hecho toda nueva persecución contra el imputado a favor de quien se dicte.
La causal que invoca el Ministerio Público, implica que de la investigación que realizo durante la fase preparatoria, no resulta factible la incorporación de nuevos elementos probatorios que le permitan, fundar sus respectivas acusaciones para solicitar el enjuiciamiento del imputado, lo que deviene en la conveniencia (como parte de buena fe en el proceso) de solicitar el sobreseimiento definitivo en la causa, existe un imputado y el titular de la acción penal, cumplió diligentemente con su obligación de obtener elementos de convicción suficientes para sustentar su acusación, no ha podido incorporar fundamentos nuevos que permitan solicita el enjuiciamiento del imputado, lo que da lugar a que no hayan bases fundadas para acusar.
Para que proceda el enjuiciamiento de una persona que por algún acto de la fase preparatoria fue señalado como imputado, se requiere en primer lugar que resulte acreditada o por lo menos existan fundados elementos de convicción que hagan presumir la existencia de un hecho punible, cuya comisión se le atribuye bien como autor o cómplice, acreditado ese primer extremo, se requiere para el enjuiciamiento del imputado, que de las actas surjan suficientes y fundados elementos de convicción que lleven a la creencia del juez que es el autor o cómplice de tal conducta tipificada como punible y que por la realización de tal conducta se le pueda hacer el correspondiente reproche, pues con la misma se ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico penal, lo que significa, que sin desvirtuarse la presunción de inocencia al decretarse el enjuiciamiento, exista un gran margen de posibilidad de que recaiga una sentencia condenatoria. Si tales extremos no surgen del curso de la investigación, ni existe la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios en apoyo de ambos extremos, el legislador ha establecido como una forma anticipada de poner fin al procedimiento, y toda vez que sea imposible demostrar los señalados extremos, el termino del mismo por sobreseimiento previsto en el artículo 318 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal.
Iniciada la investigación penal por denuncia (como una de las formas establecidas en la norma adjetiva penal patria para dar inicio a una investigación), tenemos que el Sobreseimiento procede por las causales señaladas taxativamente en de conformidad con lo previsto en los artículos 285 numeral 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 37 ordinal 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 318 numeral 1, 48, ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal, 108 ordinal 7 del Código Penal, y una de ellas es que el objeto del proceso no se realizó, siendo sus efectos el de poner termino al procedimiento, tiene la autoridad de cosa Juzgada, impidiendo por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas. Por los argumentos antes expuestos quien suscribe considera que lo procedente y ajustado a derecho es decretar afirmativamente la solicitud del Ministerio Público.
DISPOSITIVA
Sobre la base de los criterios anteriormente expuestos este Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declaró Primero: con lugar el sobreseimiento, a solicitud del Misterio Público, por cuanto la acción penal se extinguió, y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de la causa seguida al ciudadano Carlos Udilio Bona Abreu por estar incurso en la presunta comisión de los delitos contemplados en la Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, de conformidad con el artículo 318 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, Así se decidió.- Segundo: Notifíquese al Ministerio Público, imputado, a la Víctima y oficiar con copia certificada de la decisión a la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas del Ministerio del Poder Popular para la Relaciones Interiores y Justicia, a los fines del cese y exclusión del sistema para el cambio de status del ciudadano imputado en la causa. Todo de conformidad con el artículo 175 de la Ley adjetiva Penal. Así se decidió.-
La presente resolución no fue dictada en audiencia, por cuanto quien aquí suscribe estimó que para comprobar el motivo no era necesario el debate de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código Orgánico Procesal Penal. La decisión que antecede tiene su fundamento en los artículos 285 numeral 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 37 ordinal 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 318 numeral 3°, 48, ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal, 108 ordinal 7 del Código Penal.
Contra la presente decisión procede recurso de apelación.
Publíquese, regístrese, déjese copia de la sentencia y remítase en su oportunidad legal la presente causa al archivo judicial para su resguardo. Se instruye a la ciudadana secretaria para que de cumplimiento a lo acordado en el auto que antecede.
Dada, firmada y sellada en la sede del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, lugar desde donde despacha el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas.
La Juez Primero de Control
Abg. Omaira Martínez de Vergara
La secretaria
Abg. Prisci Perla Acosta
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado
La secretaria
Abg. Prisci Perla Acosta