TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas
Puerto Ayacucho, 9 de Enero de 2008
197º y 148º

ASUNTO PRINCIPAL : XP01-P-2007-001495
ASUNTO : XP01-P-2007-001495

Visto el escrito de fecha 30 de Noviembre de 2007, suscrito por el Abg. Víctor González, actuando en este acto en su carácter de Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, con domicilio procesal en la avenida Rómulo Gallegos, cruce con calle Melicio Pérez, edificio Don Felipe, piso 1, Puerto Ayacucho, Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas, de conformidad con los artículos 285 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículos 108 numeral 7° y 318 del Código Orgánico Procesal Penal, con formal solicitud de sobreseimiento, en la investigación N° O2FS-1178-04, en los siguientes términos:
De los hechos
En fecha diez (10) de mayo del año dos mil cuatro (2004), compareció por ante el cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas Sub-Delegación del Estado Amazonas, la ciudadana Ligia Marcela Luna Rivas, de nacionalidad venezolana titular de la cédula de identidad V- 11.677447, residenciada en el Barrio Upata, casa s/n sector Las Piedras, quien a los efectos de interponer una denuncia, manifestó lo siguiente: “Vengo a denunciar a mi ex concubino, por haberme agredido física y verbalmente.“
En esa misma fecha, se libro boleta de citación dirigida al ciudadano Carlos Heriberto Castillo, presunto agresor, a los fines de que compareciera por ante la Unidad de Atención a la Victima de esta Circunscripción Judicial, el día y hora fijados.
En fecha diez (10) de mayo del año dos mil cuatro (2004), compareció por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas Sub. Delegación del Estado Amazonas, la ciudadana Ligia Marcela Luna Rivas, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad n° V-11.677.447, residenciada en el barrio Upata, casa s/n sector las Piedras, quien a los efectos de interponer denuncia, expuso lo siguiente: “vengo a denuncias a mi ex concubino, por haberme agredido física y verbalmente. En esa misma fecha se libro boleta de citación dirigida al ciudadano Carlos Heriberto Castillo Pérez a los fines de que compareciera por ante la Unidad de Atención a la víctima.
En fecha diez (10) de Agosto del año 2004 comparecieron por ante la Fiscalía Primera del Ministerio Público, previa citación, la ciudadana Ligia Marcela Luna Rivas, arriba identificada y el ciudadano Carlos Heriberto Castillo Pérez, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-13.058.580, Quienes de conformidad con lo establecido en el articulo 34 de la Ley Contra la Mujer y la Familia, fueron atendidos y orientados por dicha representación Fiscal, y en consecuencia se acordó lo siguiente: “El ciudadano Carlos Heriberto Castillo Pérez se compromete a partir de la firma de la presente acta a no agredir ni física, ni verbal, ni psicológicamente a la ciudadana Ligia Marcela Luna Rivas.
Fundamentación
De Hecho y de Derecho
Una vez analizado el contenido de la denuncia suscrita por la ciudadana Ligia Marcela Luna Rivas, antes identificada, así como las demás actuaciones que conforman la presente investigación, se pudo observar, que estamos en presencia de los delitos de Violencia Física, y violencia Psicológica previstos y sancionados en los artículos 17 y 20, de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, que prevé pena de tres (03) a dieciocho (18) meses respectivamente, igualmente se observa, que desde el 10-08-2004, fecha en que se celebro acta conciliatoria entre las partes hasta la presente fecha, han transcurrido, tres (03) años y cinco (05) meses, lo que de conformidad con el ordinal 5° del artículo 108 del Código Penal Venezolano vigente, indica que claramente la acción penal ha prescrito, por lo que en consecuencia esa Representación Fiscal, consideró que lo procedente en derecho es solicitar el sobreseimiento de la presente causa en virtud de que la acción penal en los hechos antes expuestos, se encuentra extinguida por el transcurso del tiempo dando lugar a la prescripción.
Solicitud Fiscal
Por todo lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 285 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , 37 ordinal 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículos 108 numeral 5° del Código Penal Venezolano vigente, solicito se decrete la extinción de la acción penal por prescripción de conformidad con el articulo 48 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia proceda al sobreseimiento de la presente causa seguida al ciudadano Carlos Heriberto Castillo Pérez, de conformidad con el 318 numeral 3° ejusdem, por cuanto la acción penal de la causa se ha extinguido por prescripción, por haber transcurrido el lapso de ley previsto en la norma penal sustantiva.
Corresponde a esta sentenciadora analizar los argumentos esgrimidos por el dueño de la acción penal para pronunciarse sobre la solicitud y a tal efecto subscribe que el Sobreseimiento es una resolución de carácter judicial que debe proferirse de manera fundada, pues tiene como finalidad poner término al procedimiento de manera anticipada, impidiendo por el mismo hecho toda nueva persecución contra el imputado a favor de quien se dicte.
La causal que invoca el Ministerio Público, implica que de la investigación que realizo durante la fase preparatoria, no resulta factible la incorporación de nuevos elementos probatorios que le permitan, fundar sus respectivas acusaciones para solicitar el enjuiciamiento del imputado, lo que deviene en la conveniencia (como parte de buena fe en el proceso) de solicitar el sobreseimiento definitivo en la causa, existe un imputado y el titular de la acción penal, cumplió diligentemente con su obligación de obtener elementos de convicción suficientes para sustentar su acusación, no ha podido incorporar fundamentos nuevos que permitan solicita el enjuiciamiento del imputado, lo que da lugar a que no hayan bases fundadas para acusar.
Para que proceda el enjuiciamiento de una persona que por algún acto de la fase preparatoria fue señalado como imputado, se requiere en primer lugar que resulte acreditada o por lo menos existan fundados elementos de convicción que hagan presumir la existencia de un hecho punible, cuya comisión se le atribuye bien como autor o cómplice, acreditado ese primer extremo, se requiere para el enjuiciamiento del imputado, que de las actas surjan suficientes y fundados elementos de convicción que lleven a la creencia del juez que es el autor o cómplice de tal conducta tipificada como punible y que por la realización de tal conducta se le pueda hacer el correspondiente reproche, pues con la misma se ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico penal, lo que significa, que sin desvirtuarse la presunción de inocencia al decretarse el enjuiciamiento, exista un gran margen de posibilidad de que recaiga una sentencia condenatoria. Si tales extremos no surgen del curso de la investigación, ni existe la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios en apoyo de ambos extremos, el legislador ha establecido como una forma anticipada de poner fin al procedimiento, y toda vez que sea imposible demostrar los señalados extremos, el termino del mismo por sobreseimiento previsto en el artículo 318 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal.
Iniciada la investigación penal por denuncia (como una de las formas establecidas en la norma adjetiva penal patria para dar inicio a una investigación), tenemos que el sobreseimiento procede por las causales señaladas taxativamente en de conformidad con lo previsto en los artículos 285 numeral 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 37 ordinal 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 318 numeral 3, 48 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal, 108 ordinal 7 del Código Penal, y una de ellas es que la acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada, siendo sus efectos (del sobreseimiento) el de poner termino al procedimiento, tiene la autoridad de cosa Juzgada, impidiendo por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas. Por los argumentos antes expuestos quien suscribe considera que lo procedente y ajustado a derecho es decretar afirmativamente la solicitud del Ministerio Público.
DISPOSITIVA

Sobre la base de los criterios anteriormente expuestos este Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declaró Primero: con lugar el sobreseimiento, a solicitud del Misterio Público, por cuanto la acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada, y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de la causa seguida al ciudadano Carlos Heriberto Castillo, por estar incurso en la presunta comisión de delitos contemplados en la Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, de conformidad con el artículo 318 numeral 3 en concordancia con el artículo 48 numeral 8 todos del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la acción penal de la causa se ha extinguido por prescripción. Así se decidió.- Segundo: Notifíquese al Ministerio Público, imputado, a la Víctima y oficiar con copia certificada de la decisión a la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas del Ministerio del Poder Popular para la Relaciones Interiores y Justicia, a los fines del cese y exclusión del sistema para el cambio de status del ciudadano imputado en la causa. Todo de conformidad con el artículo 175 de la Ley adjetiva Penal. Así se decidió.-
La presente resolución no fue dictada en audiencia, por cuanto quien aquí suscribe estimó que para comprobar el motivo no era necesario el debate de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código Orgánico Procesal Penal. La decisión que antecede tiene su fundamento en los artículos 285 numeral 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 37 ordinal 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 318 numeral 1°, 48, ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal, 108 ordinal 7 del Código Penal.
Contra la presente decisión procede recurso de apelación.
Publíquese, regístrese, déjese copia de la sentencia y remítase en su oportunidad legal la presente causa al archivo judicial para su resguardo. Se instruye a la ciudadana secretaria para que de cumplimiento a lo acordado en el auto que antecede.
Dada, firmada y sellada en la sede del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, lugar desde donde despacha el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas.
La Juez Primero de Control

Abg. Omaira Martínez de Vergara

La secretaria

Abg. Prisci Perla Acosta
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado
La secretaria

Abg. Prisci Perla Acosta