REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN
FUNCIONES DE CONTROL DEL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS
EN SU NOMBRE
Puerto Ayacucho, 19 de Octubre de 2009
199° y 150°
ASUNTO PRINCIPAL: XP01-P-2009-001428
ASUNTO : XP01-P-2009-001428
Corresponde a éste Tribunal emitir pronunciamiento judicial con ocasión al escrito interpuesto por la Defensora Pública Tercera Penal, Dra. Azalia Lugo, en su carácter de defensora de los imputados de autos NOEL PEREZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad N° 12.605.903 y JUAN ESPINOZA IZAMA, cédula N° 332.178, residente colombiano, mediante el cual solicita la revisión de la medida de privación Judicial Preventiva de Libertad que pesa sobre los mencionados imputado y se les imponga una medida menos gravosa, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal.
Este Tribunal antes de decidir, previamente observa y considera:
En fecha 09SEP2009, las Fiscalías Octava del Ministerio Público, presentaron ante este Despacho a los ciudadanos NOEL PEREZ JIMENEZ, indocumentado, EDIXON RODRIGUEZ GAITAN, indocumentado; JAIR SIULVA DE SOUZA, titular de la Cédula de Identidad N° 127.153, JUAN ESPINOZA IZAMA, indocumentado, EMILTON CESAR RODRIGUEZ CABARTE, indocumentado, JOSE ALEJANDRO GARCIA PEREZ, indocumentado, y CLAYTON SILVA SOUZA, de presunta nacionalidad brasilera, por la presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO, previsto y sancionado en el artículo 2 en concordancia con el artículo 3.1 y artículo 5 parágrafo Único de la Ley Sobre el Delito de Contrabando y el delito de ASOCIACION, previsto y sancionado en el artículo 2 en concordancia con el artículo 16.9 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en perjuicio del Estado Venezolano, decretándose la aplicación del Procedimiento Ordinario y Privación Judicial Preventiva De Libertad.
Ahora bien, a los fines de resolver la solicitud formulada por la defensa de los imputados NOEL PEREZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad N° 12.605.903 y JUAN ESPINOZA IZAMA, cédula N° 332.178, residente colombiano, quien aquí decide, pasa analizar el contenido del artículo 264 del Código Adjetivo Penal, el cual establece que: “...El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente…el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas…”, en base a lo cual, este Juzgador considera que la imposición de medidas cautelares sustitutivas debe ser proporcional con los hechos objetos de la investigación y por ello en su revisión, el Juez deberá analizar las circunstancias contenidas en el artículo 244 de la Ley Adjetiva Penal, esto es, la gravedad del delito, las circunstancias de comisión y la sanción probable. Con base a ello, debe cerciorarse que las medidas cautelares sean suficientes para asegurar las finalidades del proceso.
Por otra parte, si bien es cierto que el proceso penal acusatorio contempla de manera general el principio rector de afirmación de libertad previsto en el artículo 9 del Código Adjetivo Penal, no es menos cierto que el Legislador contempló igualmente, el carácter excepcional de la aplicación de una medida privativa de libertad, la cual deberá imponerse cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, y siendo que en la actualidad se mantienen vigente los supuestos legales que fundamentaron la Privación Judicial Preventiva de Libertad del imputado de autos, en tal sentido, considera quien aquí decide que la medida en cuestión es la única suficiente para asegurar las resultas del presente proceso, mas aún, cuando el delito por el cual se le sigue proceso penal supera los tres años de prisión, existiendo en consecuencia el peligro de fuga previsto en el artículo 251, ordinales 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por lo anteriormente expuesto, lo procedente y ajustado a derecho es NEGAR la solicitud interpuesta por la defensa de los imputados NOEL PEREZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad N° 12.605.903 y JUAN ESPINOZA IZAMA, cédula N° 332.178, residente colombiano, de una medida cautelar menos gravosa contemplada en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la concesión de la misma, es insuficiente para garantizar las resultas del proceso, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 243, 244 y 251 ordinales 2° y 3°, todos del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, NIEGA la solicitud interpuesta por la Defensora Pública Tercera Penal, Dra. Azalia Lugo, en su carácter de defensora de los imputados de autos NOEL PEREZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad N° 12.605.903 y JUAN ESPINOZA IZAMA, cédula N° 332.178, residente colombiano, en el sentido que se le imponga una medida cautelar menos gravosa contemplada en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la concesión de la misma, es insuficiente para garantizar las resultas del proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 243, 244, 251, ordinales 2° y 3° y 264 del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, regístrese, déjese copia de la presente sentencia interlocutoria.
Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, a los DIECINUEVE (19) días del mes de OCTUBRE del año dos mil Nueve.199° años de la Independencia y 150° años de la Federación
EL JUEZ
DR. ARGENIS O. UTRERA MARIN
LA SECRETARIA
ABG. YOSMAR ROSALES
XP01-P-2009-001428
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