REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS Puerto Ayacucho, 19 de Febrero de 2010 199º y 150º ASUNTO PRINCIPAL : XP01-P-2009-001856 ASUNTO : XP01-P-2009-001856 AUTO DECRETANDO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA De la revisión efectuada en la presente causa se observa que siendo las 11:19 AM del día 04 de Diciembre de 2009, se recibe por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, escrito presentado por la profesional del derecho ILDENIS ROSA SANTOS BASTIDAS, en su condición de Fiscal Séptima (E) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, de cuyo contenido se evidencia que solicita a este tribunal, se decrete el Sobreseimiento de la causa seguida a ciudadanos POR IDENTIFICAR, en virtud de la denuncia interpuesta por los ciudadanos CARLOS BOTTO ABELLA y BEATRIZ ELVIRA GRATEROL MENDOZA, por cuanto a pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos a la investigación y no hay bases razonables para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, el tribunal para decidir dicha solicitud, observa: PUNTO PREVIO: Considera quien decide que el Ministerio Público dentro del marco de sus atribuciones, realizó las diligencias necesarias para investigar y hacer constar la comisión del delito, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración, sin embargo el transcurso del tiempo imposibilita que para la presente fecha se puedan incorporar nuevos elementos, por lo que quien decide a los fines de establecer si efectivamente ha operado tal circunstancia que impide el ejercicio de la acción penal no se requiere la celebración de audiencia, considera quien decide que no existe la necesidad de convocar la audiencia a que refiere el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, no obstante la decisión que recaiga en el presente asunto debe ser notificada a todas las partes a los fines de garantizar el debido proceso. Se observa que se inició la investigación por denuncia suscrita por los ciudadanos CARLOS BOTTO ABELLA y BEATRIZ ELVIRA GRATEROL MENDOZA, en la que señalaron que personas por identificar habían roto parte de la cerca tipo ciclón que bordea su fundo Carinagua-Culebra, del lado sur donde colinda con la Comunidad San Pedro de Carinagua, apreciando que habían sido talados varios árboles de diversas edades y portes, así como un árbol que había sido descortezado para secarlo, haciendo la salvedad de que dicho lugar se encuentra dentro de la zona protectora del Caño Carinagua. De las actuaciones que ordenó el Ministerio Público No resultó acreditada la existencia de algún delito de los contenidos en la Ley de Bosques y Gestión Forestal, por cuanto del proceso de investigación nunca se pudo identificar a los responsables de tal actividad. Aunado a ello el experto designado por la Dirección Estadal Ambiental Amazonas, para practicar la Inspección Técnica con la finalidad de verificar el daño ambiental causado, nunca pudo dar con el lugar específico donde presuntamente se practicó la tala, ya que ciertamente aún cuando ubicó a uno de los denunciantes, ésta por razones de tiempo no lo pudo conducir hasta el presunto lugar de los hechos, transcurriendo desde el momento de los hechos más de cinco meses, tiempo que ha influido notablemente en la comisión del delito, ya que en los delitos ambientales el transcurso del tiempo acarrea que la vegetación crezca y no pueda apreciarse el daño causado, siendo estos obstáculos en la investigación penal que derivan en que a pesar de la falta de certeza no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, que permitan en principio la identificación de los responsables de la comisión de estos delitos de carácter ambiental. El Sobreseimiento es una resolución de carácter judicial que debe proferirse de manera fundada, pues tiene como finalidad poner término al procedimiento de manera anticipada, impidiendo por el mismo hecho toda nueva persecución contra el imputado a favor de quien se dicte. La causal que invoca el Ministerio Público, implica que de la investigación que realizó durante la fase preparatoria, no resulta factible la incorporación de nuevos elementos probatorios que le permitan, fundar sus respectivas acusaciones para solicitar el enjuiciamiento del imputado, lo que deviene en la conveniencia (como parte de buena fe en el proceso) de solicitar el sobreseimiento definitivo en la causa, existe un imputado y el titular de la acción penal, cumplió diligentemente con su obligación de obtener elementos de convicción suficientes para sustentar su acusación, no ha podido incorporar fundamentos nuevos que permitan solicita el enjuiciamiento del imputado, lo que da lugar a que no hayan bases fundadas para acusar. Para que proceda el enjuiciamiento de una persona que por algún acto de la fase preparatoria fue señalado como imputado, se requiere en primer lugar que resulte acreditada o por lo menos existan fundados elementos de convicción que hagan presumir la existencia de un hecho punible, cuya comisión se le atribuye bien como autor o cómplice, acreditado ese primer extremo, se requiere para el enjuiciamiento del imputado, que de las actas surjan suficientes y fundados elementos de convicción que lleven a la creencia del juez que es el autor o cómplice de tal conducta tipificada como punible y que por la realización de tal conducta se le pueda hacer el correspondiente reproche, pues con la misma se ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico penal, lo que significa, que sin desvirtuarse la presunción de inocencia al decretarse el enjuiciamiento, exista un gran margen de posibilidad de que recaiga una sentencia condenatoria. Si tales extremos no surgen del curso de la investigación, ni existe la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios en apoyo de ambos extremos, el legislador ha establecido como una forma anticipada de poner fin al procedimiento, y toda vez que sea imposible demostrar los señalados extremos, el termino del mismo por SOBRESEIMIENTO previsto en el artículo 318 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Iniciada la investigación penal por denuncia (como una de las formas establecidas en la norma adjetiva penal patria para dar inicio), tenemos que el Sobreseimiento procede por las causales señaladas taxativamente en los artículos 33 numeral 4, 318.4 del Código Orgánico Procesal Penal, y una de ellas es a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, siendo sus efectos (del sobreseimiento) el de poner término al procedimiento, tiene la autoridad de cosa Juzgada, impidiendo por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, SALVO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DE ESTE CODIGO, HACIENDO CESAR TODAS LAS MEDIDAS DE COERCIÓN QUE HUBIEREN SIDO DICTADAS. Circunstancia esta que es perfectamente encuadrable en la norma antes señalada, pues no puede la sola declaración de los funcionarios tenerse como suficiente para dar pro demostrada la existencia del delito, la culpabilidad y consiguiente responsabilidad de la persona que desde los inicios de la investigación se individualizó como imputado, ciertamente en esta etapa procesal no se requiere plena prueba de ambos extremos, si deben existir fundados elementos de convicción que hagan creer al juzgador su existencia. DISPOSITIVA Sobre la base de los criterios anteriormente expuestos este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY declara CON LUGAR la solicitud del Misterio Público por considerar que a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los ciudadanos POR IDENTIFICAR, en virtud de la denuncia interpuesta por los ciudadanos CARLOS BOTTO ABELLA y BEATRIZ ELVIRA GRATEROL MENDOZA y en consecuencia se decreta EL SOBRESEIMIENTO de la presente causa, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 318 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes a los fines de que interpongan los recursos correspondientes contra esta decisión. Contra la presente decisión procede recurso de apelación y por cuanto no fue dictada en audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. La decisión que antecede tiene su fundamento en los artículos 220 del Código Penal, 210, 318 numeral 4, 319, 320, 321, 323, 324 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese, déjese copia de la sentencia y remítase en su oportunidad legal la presente causa al archivo judicial para su resguardo. Notifíquese lo aquí decidido. Se instruye a la ciudadana secretaria para que de cumplimiento a lo acordado en el auto que antecede. Dada, firmada y sellada en la sede del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas Judicial Penal del Estado Amazonas, lugar desde donde despacha el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, a los 19 días del mes de Febrero de 2010. LA JUEZ PRIMERA DE CONTROL, ABG. LUZMILA YANITZA MEJIAS PEÑA. LA SECRETARIA, ABG. PRISCI PERLAY ACOSTA.