TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN
FUNCIONES DE CONTROL DEL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS
EN SU NOMBRE

Puerto Ayacucho, 09 de Abril de 2012
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL: XP01-P-2012-000186

Corresponde a este Tribunal Tercero de Control, dictar auto fundado en la presente causa, de conformidad con los artículos 173 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa seguida contra los ciudadanos CESAR AUGUSTO RAVELO RADA, RAMIRO ARMANDO TAPO, JOSÉ LUIS PINCHAO TORCUATO, ALBERT ANTONIO RAMOS GABRIEL, JOSE LUIS GALLARDO RODRIGUEZ, ANGEL ANTONIO SIFONTE BARRETO, JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, y HENRRY FLANDEZ, ello en virtud, de la DESESTIMACIÓN DE LA ACUSACIÓN FISCAL y el SOBRESEIMIENTO decretado por este Despacho.

CAPITULO I
ESTE TRIBUNAL FUNDAMENTA LA PRESENTE DECISIÓN EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS.

En fecha 06MAR2012, se recibió de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, escrito de acusación en contra CESAR AUGUSTO RAVELO RADA, RAMIRO ARMANDO TAPO, JOSÉ LUIS PINCHAO TORCUATO, ALBERT ANTONIO RAMOS GABRIEL, JOSE LUIS GALLARDO RODRIGUEZ, ANGEL ANTONIO SIFONTE BARRETO, JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, y HENRRY FLANDEZ, por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el Articulo 149 segundo aparte en concordancia 163 de la Ley Orgánica de Drogas, en grado de COAUTORES, de conformidad a lo establecido en el articulo 83 del Código penal venezolano y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en concordancia con el artículo 16 ordinal 1 de la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada, en perjuicio de la colectividad.

El día 02ABR2012, se llevó a cabo la audiencia preliminar conforme al artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, donde las partes hicieron sus alegatos, entre los cuales el Ministerio Público en su escrito acusatorio indica que:

“…De conformidad con los artículos 285 numeral 3° de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, articulo 37 ordinal sexto de la ley Orgánica del Ministerio Público, 108 numerales 1, 2 y 10 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con los artículos 373 y 250 ejusdem, el día de hoy ratifica el escrito acusatorio en contra de los hoy imputado, en razón de los hechos que se suscitaron cuando esta representación fiscal encontrándose de Guardia, recibió oficio N° 106-12, de la Dirección de Policía del Estado Amazonas, mediante el cual dejan constancia de las circunstancia de tiempo modo y lugar de la aprehensión de los ciudadanos---, siendo las 03:20 horas de la tarde, del día 19-01-2012, el supervisor agregado (CP-AMAZ) ANGEL PERALES, Jefe de Régimen, informo para hacer requisa en la celda N° 10 y en la celda N° 01, al constituirnos en comisión, nos trasladamos directamente a la celda N° 10, donde procedimos a sacar a los detenidos hacia la parte del pasillo, quedando, quedando dentro de la celda lo s funcionarios José Gregorio García y 4 guardias de custodia y los otros detenidos quedaron en custodia , en la requisa de la celda el custodio José Silva, registre las lapidas que se localizan al lado izquierdo de la entrada de la celda donde miro al nivel del piso, de la segunda lapida unos desperdicios de alimentos en estado de descomposición, y con gusanos donde igualmente se miraba una bolsa plástica de color marrón y dentro de esta bolsa se hallaba una bolsa de color negro que al abrirla contenía lo siguiente: 13 envoltorios de bolsas plásticas de color blanco, 6 envoltorios de bolsa plástica anaranjado, todas estas,, de tamaños regulares y llenas de hierbas de presunta Marihuana, para un total 19 envoltorios, y 1 envoltorio de bolsa plástica y de color blanco, con letras identificativa donde se lee MERCAL, contentiva de 10 envoltorios pequeños de presunto bazuco, posteriormente nos trasladamos en una unidad motocicleta hasta la joyería Rubí Tovar, ubicada en la Avenida 23 de enero, con la finalidad de pesar la presunta droga, arrojando la presunta marihuana un peso CIENTO DOS COMA TRES GRAMOS (102,3 grs.), y el presente bazuco arrojo un peso de TRES COMA CINCO GRAMOS (3,5 grs.), posteriormente retornamos a la Comandancia de la Policía. Se deja constancia que en la celda N° 10 se encontraban y permanecen recluidos los cuidadnos: CESAR AUGUSTO RAVELO RADA, venezolano, natural del Estado Miranda, nació en fecha 02-03-1985, de 26 años de edad, soltero, de profesión indefinida, hijo de Hugo Rabelo (V) y de Teodora Rada (V), y residenciado en el sector Barrio Ajuro; RAMIRO ARMANDO TAPO, titular de la cedula de identidad N° V- 15.500.797, venezolano, soltero, natural del Municipio Atabapo, Estado Amazonas, nacido en fecha 08-04-1981, de 30 años, soltero, de profesión indefinida, Hijo de Juan Manuel Tapo (v) E hijo de Eloisa Sosa (v), residenciado en el Barrio Santa Rosa; JOSÉ LUIS PINCHAO TORCUATO, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 18.835.824, natural de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, nacido en fecha 13-07-1988, de 23 años de edad, soltero, de profesión indefinida, hijo de Jesús Emilio Pinchao y de Lucila Torcuato, residenciado en el barrio Alto Carinagua, ALBERT ANTONIO RAMOS GABRIEL, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 15.500.756, natural de Puerto Ayacucho Estado Amazonas, nacido en fecha 09-10-1982, edad, 29 años de edad, hijo de Canis Salazar (v) y de Angelica Salazar (v), residenciado en la urbanización el Escondido, primera calle, casa N° 03-03; JOSE LUIS GALLARDO RODRIGUEZ, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 17.105.884, natural de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 08-07-1983, edad 23 años de edad,, hijo de Pablo Gallardo y de Maria Josefina Rodríguez; ANGEL ANTONIO SIFONTE BARRETO, venezolano, indocumentado, natural de Puerto Ayacucho estado Amazonas, nacido en fecha no recuerda, de 19 años de edad, de profesión u oficio indefinida, hijo de Angel Eduardo Sifonte y de Ingrid Barreto, residenciado en el Barrio Periférico Norte, JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, titular de la cedula de identidad N° V- 17.106.327, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 20-08-1985, de 26 años, de profesión indefinida, Hijo Augusto salvador silva (f) hijo Marta de Álvarez (v), JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, titular de la cedula de identidad N° V- 17.106.327, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 20-08-1985, de 26 años, de profesión indefinida, Hijo Augusto salvador silva (f) hijo Marta de Álvarez (v), HENRRY FLANDEZ, titular de la cedula de identidad N° V- 16.766.381, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 1302-1980, de 32 años, de profesión indefinida, Hijo Freddys Flandes y de Nilsa Ramírez, residenciado en el barrio Monte Bello, por lo tanto el Ministerio Público acusa por la conducta de los ciudadanos en la comisión del delito de TRAFICO ILICITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el Articulo 149 segundo aparte en concordancia 163 de la Ley Orgánica de Drogas, y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en concordancia con el artículo 16 ordinal 1 de la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada.”. Es todo.

Se le concedió el derecho de palabra a la Defensa Publica, ABG. ELIEZER HERNANDEZ, quien manifestó lo siguiente:

“…Ciudadano juez de la revisión de la presente causa, se evidencia que la misma carece de los requisitos legales para ser admitida, es por lo que solicito que la misma no se admita y sea decretado el sobreseimiento de la misma, en caso contrario sea decretada una medida cautelar”. Es todo.

CAPITULO II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien, se hizo una análisis exhaustivo de la causa, y se puede observar que la representación fiscal en su escrito acusatorio, no subsumió de manera clara, precisa y fehaciente, tal y como lo exige el articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal la conducta de los hoy imputados en el tipo penal de TRAFICO ILICITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el Articulo 149 segundo aparte en concordancia 163 de la Ley Orgánica de Drogas, en grado de COAUTORES, de conformidad a lo establecido en el articulo 83 del Código penal venezolano, en virtud de que de la misma se desprende que, no hay la preexistencia de los medios de comisión y de los fundados elementos de pruebas, para encuadrar la conducta de los hoy acusados en el tipo penal imputado por la representación fiscal; que hayan sido los acusados de autos, los que ocultaban la sustancia de prohibida tenencia al momento en que los funcionarios policiales, sin la presencia de testigos realizaron el procedimiento que dio lugar a la formación de la presente causa, ya que si bien es cierto que la representación del Ministerio Público, sumado al dicho de los funcionarios policiales actuantes en el procedimiento, promovió otros de medios de prueba, tales como la Experticia Química Botánica a la Sustancia incauta, suscrita por la Licenciada Indira Malave, adscrita al Departamento de Toxicología Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Amazonas, el Acta de Colección de Muestra y Entrega de Evidencias, suscrita por la Licenciada Indira Malave, adscrita al Departamento de Toxicología Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Amazonas y el Acta de Identificación y Aseguramiento de Sustancia, de fecha 19ENE2012, suscrita por el Oficial de Custodia Silva Rojo, José Luís, no menos cierto es, que estos medios de prueba solo demuestran la existencia de sustancia de prohibida tenencia, el tipo de sustancia y su peso, pero en modo alguno demuestran la responsabilidad de los hoy acusados en el caso bajo examen, no existiendo en consecuencia otros medios de prueba que concatenados con el dicho de los funcionarios policiales, den así veracidad a las circunstancias de modo, tiempo y lugar por el cual fueron aprehendidos los imputados de autos, evidenciándose una insuficiencia probatoria para demostrar la culpabilidad de los acusados de autos, ello en virtud a que el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido en sentencias reiteradas, que el dicho de los funcionarios policiales podría ser suficiente para poder establecer la responsabilidad de un imputado, siempre y cuando existan otros elementos que concatenados a su dicho, puedan darle certeza a lo señalado por estos es sus actas policiales, lo cual no ocurre en el caso de marras y así pretender subsumir la conducta de los acusados de marras, dentro de lo que la Ley Orgánica de Drogas, señala como TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO y el por consecuencia en el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en concordancia con el artículo 16 ordinal 1 de la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada, en perjuicio de la colectividad.

Ante tal situación, es oportuno destacar lo que ha llegado a concluir la doctrina, en el sentido de que la prueba no pretende arribar a la verdad sino sólo crear certeza (convencimiento) en el Juez. El fin de la prueba es, pues, dejarle al Juez el convencimiento o la certeza de los hechos, que, a su vez, es la creencia de conocer la verdad o de que el conocimiento se ajusta a la realidad, lo que le permitirá adoptar su decisión. La justicia humana no puede aspirar a más, la infalibilidad es una utopía. Así mismo, la doctrina ha establecido que Los Medios de Prueba, son los instrumentos que se pueden utilizar para demostrar un hecho en el proceso. En base a lo expuesto, concluimos que en el proceso se aportan elementos de prueba para crear certeza en el Juzgador respecto a la existencia del hecho punible, así como, la responsabilidad de sus autores. La Teoría de la Prueba trata de abarcar todos los problemas relacionados con la evidencia jurídica, con la formación de la conciencia en el Juez, teniendo por eso estrecha relación con la Teoría del Conocimiento, que nos habla de la consecución de la verdad filosófica. (LA PRUEBA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. Publicado por: Publicado el: 2005/11/16 17:29:36. Por Christian Salas Beteta*)

Al respecto es importante destacar lo establecido por la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20-06-2005, Expediente No. 04-2599, con ponencia del Magistrado Francisco A. Carrasquero López, en la cual se señala lo siguiente:

“… Esta Sala observa, que la acción de amparo constitucional se interpuso contra el auto dictado el 25 de junio de 2004, por la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual ésta declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa del ciudadano Andrés Eloy Dielingen Lozada, contra los pronunciamientos tercero y cuarto emitidos por el Tribunal Cuadragésimo Noveno de Primera Instancia en función de Control del mencionado Circuito Judicial Penal, en fechas 29 y 30 de abril de 2004, al finalizar la audiencia preliminar celebrada en el marco del proceso penal que se le sigue al mencionado ciudadano, por la presunta comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 462 (actual 460) del Código Penal.

Debe esta Sala señalar previamente, que la fase intermedia del procedimiento ordinario, es de obligatorio agotamiento en el marco del actual sistema procesal penal venezolano. Dicha fase se inicia mediante la interposición de la acusación por parte del Fiscal del Ministerio Público, a los fines de requerir la apertura de un juicio pleno.

En tal sentido, esta segunda etapa del procedimiento penal, tiene por finalidades esenciales lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el control de la acusación. Esta última finalidad implica la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, fungiendo esta fase procesal entonces como un filtro, a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias.

Es el caso que el mencionado control comprende un aspecto formal y otro material o sustancial, es decir, existe un control formal y un control material de la acusación. En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación –los cuales tienden a lograr que la decisión judicial a dictar sea precisa-, a saber, identificación del o de los imputados, así como también que se haya delimitado y calificado el hecho punible imputado. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; y en el caso de no evidenciarse este pronóstico de condena, el Juez de Control no deberá dictar el auto de apertura a juicio, evitando de este modo lo que en doctrina se denomina la “pena del banquillo”.

Sobre la importancia de esta fase intermedia, ROXIN, haciendo referencia a la legislación procesal penal alemana, la cual es una importante fuente de inspiración del sistema procesal penal venezolano, enseña lo siguiente:

“La importancia principal del procedimiento intermedio reside en su función de control negativa: discutiendo la admisibilidad y la necesidad de una persecución penal posterior por un juez independiente o por un tribunal colegiado en una sesión a puertas cerradas, se pretende proporcionar otra posibilidad de evitar el juicio oral, que siempre es discriminatorio para el afectado. (...)
Por otra parte, la importancia del procedimiento intermedio reside en que, una vez comunicada la acusación, el imputado recibe nuevamente la posibilidad de influir en la apertura del procedimiento principal a través de requerimientos de pruebas y objeciones.” (ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25ª edición alemana. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2000, p. 347)

Esta fase intermedia comprende varias actuaciones, las cuales se pueden sistematizar en tres grupos fundamentales, dependiendo del momento procesal que les corresponda. Así, tenemos actuaciones previas a la audiencia preliminar, como lo son la acusación, y el ejercicio por parte del Fiscal, de la víctima –siempre que se haya querellado o haya presentado acusación particular propia- y del imputado, de las facultades que les otorga el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, tenemos la audiencia preliminar, cuyo desenvolvimiento se encuentra regulado en el artículo 329 eiusdem; y por último, los actos posteriores a la audiencia preliminar, que son los distintos pronunciamientos que puede emitir el Juez de Control al finalizar dicha audiencia, con base en los artículos 330 y 331 de dicha ley adjetiva penal.

En lo que se refiere a la audiencia preliminar, debe destacarse que es en ésta donde se puede apreciar con mayor claridad la materialización del control de la acusación, ya que en la misma, es donde se lleva a cabo el análisis de si existen motivos para admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y la de la víctima, si fuere el caso. En este sentido, en esta audiencia se estudian los fundamentos que tomó en cuenta el Fiscal del Ministerio Público para estimar que existen motivos para que se inicie un juicio oral y público contra el acusado, realizando el Juez el mencionado estudio, una vez que haya presenciado las exposiciones orales de las partes involucradas en el proceso penal.
Igualmente, se debe analizar en dicha audiencia, entre otras cosas, la pertinencia y necesidad de los medios de prueba que ofrecen las partes para que sean practicadas en la etapa del juicio oral y público, así como las excepciones opuestas por el defensor conforme a lo señalado en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal…”. (Sic)

Del mismo modo, es importante destacar lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24-03-2004, sentencia No. 452, con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, en la cual se señala lo siguiente:

“...es en la audiencia preliminar cuando el Juez de Control determina la viabilidad procesal de la acusación fiscal, de la cual dependerá la existencia o no del juicio oral. Es decir, durante la celebración de la audiencia preliminar se determina –a través del examen del material aportado por el Ministerio Público- el objeto del juicio y si es “probable” la participación del imputado en los hechos que se le atribuyen...”. (Sic)

Por último, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No.225 De fecha 23-06-04, estableció que:

“...el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, sólo constituye un indicio de culpabilidad...”. (Sic).

Como corolario de lo anterior, la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, en fecha 26JUL2011, con ponencia de la Jueza MARILYN D EJESUS COLMENARES, estableció que:

“… De tal manera que, corresponde a esta Corte, determinar si efectivamente la decisión judicial recurrida causa gravamen irreparable y a tal fin considera necesario precisar el concepto establecido por la doctrina, y al respecto el autor Arístides Rengel Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo II, Pág. 413, expresa que la reparabilidad del gravamen tiene relación directa con la sentencia definitiva y al respecto sostiene lo siguiente:

“...en razón de que puede ocurrir que el gravamen que conlleva la sentencia interlocutoria desaparezca al decidirse la materia principal o única del litigio…”

Las resoluciones que causan gravamen irreparable no son fácilmente determinables, pues se caracterizan por constituir una decisión contraria a la petición hecha al Juez cuando la misma no encontrare reparación durante el proceso o en la sentencia definitiva. Hay doctrinarios que sostienen que no ha sido posible al legislador establecer correctamente límites, dando así al Juez la posibilidad de decidir sobre el carácter de las providencias en razón de sus efectos peculiares, ya que sólo puede ello hacerse en presencia de la naturaleza y efectos de la misma.

El Juez, es quien tiene el deber por disposición legal de analizar si ciertamente el daño alegado, se puede calificar como “gravamen irreparable” una vez que el recurrente haya alegado y demostrado tales agravios en su apelación, debiendo igualmente demostrar el por qué considera que es irreparable. Es requisito indispensable para que las decisiones sean apelables, que las mismas causen ese “gravamen irreparable”, de manera cierta.

Ahora bien, aplicando los razonamientos señalados en el presente asunto, esta Corte de Apelaciones habiendo realizado el análisis exhaustivo, de lo alegado en autos por el recurrente, no encontró elemento de convicción acerca de lo señalado por el, que soporte y materialice el posible daño irreparable ocasionado.

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia ha mantenido el criterio que los posibles daños alegados deben estar sustentados en hechos ciertos y comprobables “que dejen en el animo del sentenciador la certeza que, de no suspenderse los efectos del auto impugnado, se estaría ocasionado al interesado un daño de difícil reparación por la definitiva” (Sent. 01468 de fecha 24SEP2003, exp. 2003-0342- Sala Político Administrativa), circunstancia que no se evidencia en el presente asunto. Por lo que en consecuencia se debe declarar, sin lugar el Recurso de Apelación, interpuesto por la Abogada Astrid Carolina Gelves Molina, Fiscal Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, en fecha 12 de Abril de 2011, en la que se decretó el Sobreseimiento, en la causa seguida a los ciudadanos Nixon Gaitan Alonso y José Manuel Salazar, (antes identificados), por la presunta comisión del delito de Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas tipificado y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, sin embargo, esta Corte de Apelaciones procede a analizar las siguientes consideraciones:

En este sentido, es oportuno señalar en relación a las funciones del Juez de Control en la celebración de la Audiencia Preliminar señala la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Número 1500, de 3 de agosto de 2006 lo siguiente:

“…De allí que las materias como la pertinencia, legalidad y necesidad de la prueba, las excepciones relativas a la extinción de la acción penal (prescripción de la acción, cosa juzgada), el sobreseimiento (atipicidad de los hechos que se investigan, concurrencia de una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, la inexistencia del hecho objeto del proceso o la no atribuibilidad del mismo imputado) son, indiscutible e inequívocamente, materias sustanciales o de fondo sobre las cuales el juez de control tiene plena competencia para la valoración y decisión”

Es así entonces, el anterior criterio, le otorga al Juez de Control, en Audiencia Preliminar plena competencia para conocer de materia de fondo y emitir posteriormente una decisión, como es el caso de decretar el sobreseimiento de la causa, específicamente cuando al imputado de auto no se le pueda atribuir el hecho objeto del proceso.

Ahora, conforme al criterio jurisprudencial trascrito, es evidente que el Juez del Tribunal Tercero de Primera Instancia Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, estuvo facultado para proceder a dictar el sobreseimiento de la causa según lo dispuesto en el artículo 318 ordinal 1, de allí pues que el Juez aquo en relación al escrito contentivo de la acusación Fiscal determinó: ya que de la acusación misma se desprende que, no hay la preexistencia de los medios de comisión y de los fundados elementos de pruebas, para encuadrar la conducta de los hoy acusados en el tipo penal imputado por la representación fiscal; que fueron los acusados de autos, los que poseían la sustancias de prohibida tenencia al momento de que los funcionarios policiales realizaron el procedimiento que dio lugar a la formación de la presente causa, sin la presencia de testigos en dicho procedimiento…” en este sentido dicha aseveración realizada por el Juez del Tribunal aquo, considera esta Corte de apelaciones que no fue un exceso de las funciones jurisdiccionales inherentes a esa fase procesal, partiendo del hecho que el Juez dentro de su acción controladora, realiza un estudio y depuración de todo el conjunto probatorio y subsiguientemente decretar el sobreseimiento en cuanto la inexistencia del hecho objeto del proceso o la no atribuibilidad del mismo a los imputados de autos.

En efecto el Tribunal Tercero de Primera Instancia Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, debe haber previamente comprobado que el hecho calificado en la acusación fiscal es sustancialmente igual a la descripción fáctica establecida en la ley penal como presupuesto para una consecuencia jurídica y que se le pueda atribuir a los acusados de autos, en este sentido en la decisión recurrida el Juez del Tribunal aquo realizó el análisis de las actuaciones que le fueron presentadas por la Representante del Ministerio Público, en su respectivo escrito acusatorio, donde estableció como resultado que las mismas no encuadren o no puedan atribuírsele a los imputados de autos los hechos que le imputan y decreta el sobreseimiento de la causa, conforme a los artículos 321 y 318 ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal que establecen:

“Artículo 321. Declaratoria por el Juez de Control. El juez de control, al término de la audiencia preliminar, podrá declarar el sobreseimiento si considera que proceden una o varias de las causales que lo hagan procedente, salvo que estime que éstas, por su naturaleza, sólo pueden ser dilucidadas en el debate oral y público.
Artículo 318. Sobreseimiento. El sobreseimiento procede cuando:
1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado;
2. …omissis…
3. …omissis…
4. …omissis…”

Es por esto que en cuanto a la decisión apelada, observa este Tribunal Colegiado, que el Juez aquo analizó los requisitos de procedibilidad para la admisión del libelo acusatorio, incoado por el Ministerio Público en contra del imputado y observó que dicho pedimento fiscal, no tuvo basamentos serios para ordenar el enjuiciamiento del imputado y que además permitieran vislumbrar un pronostico de condena respecto al imputado de autos.

Así mismo, en cuanto a los elementos probatorios presentados por la Representante del Ministerio Público, en la acusación fiscal, a los fines del enjuiciamiento de lo acusados de autos, es de observar que la misma se fundamenta en el solo dicho de dos funcionarios adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, de Puerto Ayacucho, que practicaron la detención de los acusados de marras, y en cuanto a tal circunstancia la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No.225 De fecha 23-06-04, estableció:

“…De allí entonces se observa, que se obtuvo como resultado una sentencia condenatoria en contra del acusado solamente con los dichos de los funcionarios, hecho que resulta contradictorio con la jurisprudencia reiterada establecida por esta Sala de Casación Penal que expresa: “...el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, sólo constituye un indicio de culpabilidad...”

En este sentido el criterio jurisprudencial antes trascrito, establece que no puede existir una sentencia condenatoria en contra del acusado con el solo dicho de los funcionarios actuantes, ya que solo constituye un indicio de culpabilidad, lo que en consideración no es suficiente para inculpar al procesado.

Y visto que en el presente asunto el Juez aquo fundamentó su decisión en la que decretó el Sobreseimiento de la causa, ya que no existían elementos probatorios suficientes en autos para ordenar el enjuiciamiento de los acusados de marras, en este sentido, esta Corte de Apelaciones considera que dicha decisión esta ajustada a derecho, por cuanto el solo dicho de los funcionarios representa un mero indicio, que debe ser corroborado o aunado con otros, para determinar la responsabilidad penal de los ciudadanos NIXON GAITAN ALONSO Y JOSÉ MANUEL SALAZAR, (antes identificados), por la presunta comisión del delito de Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas tipificado y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas.

Por consiguiente, en cuanto a la consideraciones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones confirma la decisión dictada en fecha 12 de Abril de 2011, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, en la que se decretó el Sobreseimiento, en la causa seguida a los ciudadanos NIXON GAITAN ALONSO Y JOSÉ MANUEL SALAZAR, (antes identificados), por la presunta comisión del delito de Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas tipificado y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, ya que el verdadero enjuiciamiento solo debe ser sufrido por el imputado cuando existan elementos suficientes para ello, los cuales deben determinar si el hecho delictivo existió y de que los acusados son los presuntos autores, de lo contrario el juicio penal no podrá existir. Así se Decide.

CAPITULO VII
DISPOSITIVA

Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Menores y Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, actuando en sede penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Astrid Carolina Gelves Molina, Fiscal Auxiliar Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, en contra de la decisión dictada en fecha 12 de Abril de 2011, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, en la que se decretó el Sobreseimiento, en la causa seguida a los ciudadanos NIXON GAITAN ALONSO Y JOSÉ MANUEL SALAZAR, (antes identificados), por la presunta comisión del delito de Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas tipificado y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas. SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión impugnada. ASI SE DECIDE…”

Como corolario de lo anterior, la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, en fecha 19MAR2012, con ponencia de la Jueza LUZMILA YANITZA MEJÍAS PEÑA, estableció que:

“…El Juez de control en su rol de garante del debido proceso, debió al momento de decretar el sobreseimiento indicar de manera expresa cual de los supuestos contenidos 318.1 del Código Orgánico Procesal Penal, hacia procedente la forma anticipada de poner fin al proceso sin embargo no lo hizo, con lo que se causa un perjuicio al titular de la acción penal al desconocer los motivos y causas que originaron tal decisión

Así puede observarse, de las actas que conforman la presente causa, que esta perfectamente determinado el hecho que motivo el inicio de la investigación penal en la que se individualizó como imputados a los ciudadanos RAY ALEXANDER GARCÍA GONZALEZ y RONALD SAMUEL RODRIGUEZ ALCALA, antes identificados, así puede observarse del acta policial que le dio origen al presente asunto, que los funcionarios aprehensores fueron puestos en conocimiento de la presunta comisión de un delito, quienes al hacer acto de presencia en el lugar señalado, logran visualizar a dos personas del sexo masculino, a bordo de una embarcación tipo curiara a orillas del Río Orinoco, a quienes le dan la voz de alto, observando dichos funcionarios cuando al ciudadano RAY ALEXANDER GARCÍA GONZALEZ, se le cae un envoltorio contentivo de una sustancia a la que al practicársele la respectiva experticia química resulto ser cocaína con un peso de 35,8 gramos según se evidencia del escrito acusatorio, y el otro ciudadano resultó identificado como RONALD SAMUEL RODRIGUEZ ALCALA.

Ahora bien, expuestos así los hechos, podemos observar que el Juez de la recurrida, en la parte relativa a las consideraciones para decidir señalo:

“…luego de un análisis exhaustivo del escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público, se puede observar que no subsumió de manera clara, precisa y fehaciente, tal y como lo exige el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal la conducta del hoy imputado RAY ALEXANDER GARCIA GONZALEZ, en el tipo penal de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 segundo aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, ya que del escrito acusatorio así como de la audiencia misma se desprende que, no acreditó, que fue el imputado de autos, el que poseía la sustancia de prohibida tenencia al momento que los funcionarios policiales realizaron el procedimiento que dio lugar a la formación de la presente causa, no habiendo la presencia de testigos en dicho procedimiento, para pretender encuadrar la conducta del imputado de marras dentro de lo que la ley de Drogas, señala como Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas sancionado en el artículo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas.”

Así mismo, el Juez de la recurrida, se vale de criterios Jurisprudenciales de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la finalidad de la Audiencia Preliminar dentro del Proceso Penal y de la Sala de Casación Penal en relación al valor de los dichos de los funcionarios policiales, limitándose a su trascripción, sin indicar en modo alguno como estas sentencias tienen aplicación en el caso de marras. Sin embargo el Juez A quo transcribe y analiza la normativa legal establecida así como los criterios doctrinales y jurisprudenciales aplicables al caso en concreto, sin hacer el debido análisis de los mismos en relación a la situación planteada, creándose una total incertidumbre en cuanto a los fundamentos que el Juez tomó para decretar dicho sobreseimiento.

Por otra parte, resulta obvió que No plasma el Juez de la recurrida cual fue el razonamiento lógico que le permitió concluir que el solo dicho de los funcionarios no pueden ser suficientes para dictar una sentencia condenatoria y por que no obstante a pesar de la individualización del imputado RAY ALEXANDER GARCÍA GONZALEZ desde el inicio de la investigación por los funcionarios policiales como la persona que tenía la presunta droga el arriba a una decisión distinta, siendo que del escrito acusatorio se evidencia que el Ministerio Público ofrece otros medios de prueba distintos a la declaración de los funcionarios actuantes, no argumenta –el juez- por que en su criterio los demás medios de pruebas en un eventual juicio serían insuficientes para demostrar la culpabilidad del referido imputado, máxime cuando en la referida etapa procesal no existió la inmediación por parte del referido juzgador.

No precisa el Juzgador por que en su criterio no se configura los supuestos normativos y descriptivos previstos para la existencia del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley de Drogas, siendo que hasta esa fase estaba demostrada la existencia de la sustancia ilícita, para luego arribar a la conclusión de la imposibilidad de atribuir tal hecho al imputado RAY ALEXANDER GARCÍA GONZALEZ, toda vez que existe la certeza de la existencia de la droga encontrada en posesión de una persona, que atendiendo al peso de la misma queda desvirtuado el consumo según la ley especial. Así señala el juzgador que no hay la preexistencia de los medios de comisión y de los fundados elementos de convicción, para encuadrar la conducta del imputado en el Delito de Trafico, para en definitiva desestimar la acusación.

Considera esta alzada que a los efectos de tal decisión debió el juzgador referirse de manera pormenorizada a cada uno de los requisitos que debe contener la acusación y explicar detallada y suficientemente que criterios y motivaciones le llevaron a la convicción de la falta de requisitos del escrito acusatorio de tal entidad como para desestimar la acusación, por cuanto a su decir no están llenos los extremos del artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo a que la referida norma adjetiva establece varios requisitos que debe contener el escrito acusatorio para que al momento de celebrarse la audiencia preliminar pueda el Juez de Control verificada la legalidad de la misma y así pueda ordenar el enjuiciamiento del acusado o caso contrario deberá especificar cuales de los requisitos no satisfizo el titular de la acción penal y por ende se hace inviable la acusación con las consecuencias que ello acarrea, es evidente de la lectura de la decisión recurrida, que no es posible determinar cuales fueron los requisitos que a su decir, incumplió el Ministerio Público, si esa ausencia de requisitos tratan el fondo del asunto o simplemente los formales…” (Sic)

Por lo expuesto y visto que la acusación fiscal carece de fundamentos serios para el enjuiciamiento del acusado de marras, requisito este exigido por el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que si bien es cierto que la representación del Ministerio Público, sumado al dicho de los funcionarios policiales actuantes en el procedimiento, promovió otros de medios de prueba, tales como la Experticia Química Botánica a la Sustancia incauta, suscrita por la Licenciada Indira Malave, adscrita al Departamento de Toxicología Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Amazonas, el Acta de Colección de Muestra y Entrega de Evidencias, suscrita por la Licenciada Indira Malave, adscrita al Departamento de Toxicología Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Amazonas y el Acta de Identificación y Aseguramiento de Sustancia, de fecha 19ENE2012, suscrita por el Oficial de Custodia Silva Rojo, José Luís, no menos cierto es, que estos medios de prueba solo demuestran la existencia de sustancia de prohibida tenencia, el tipo de sustancia y su peso, pero en modo alguno demuestran la responsabilidad de los hoy acusados en el caso bajo examen, no existiendo en consecuencia otros medios de prueba que concatenados con el dicho de los funcionarios policiales, den así veracidad a las circunstancias de modo, tiempo y lugar por el cual fueron aprehendidos los imputados de autos, evidenciándose una insuficiencia probatoria para demostrar la culpabilidad de los acusados de autos, ello en virtud a que el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido en sentencias reiteradas, que el dicho de los funcionarios policiales podría ser suficiente para poder establecer la responsabilidad de un imputado, siempre y cuando existan otros elementos que concatenados a su dicho, puedan darle certeza a lo señalado por estos es sus actas policiales, lo cual no ocurre en el caso de marras, para encuadrar su conducta en el tipo penal imputado por la representación fiscal, como lo es el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO y el por consecuencia en el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en concordancia con el artículo 16 ordinal 1 de la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada, en perjuicio de la colectividad, haciendo palpable la inexistencia de fundados elementos serios para el enjuiciamiento de los mismos y en aplicación a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20-06-2005, Expediente No. 04-2599, con ponencia del Magistrado Francisco A. Carrasquero López; a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24-03-2004, sentencia No. 452, con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, lo establecido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No.225, de fecha 23-06-04, lo establecido por la Corte de Apelaciones del estado Amazonas, en fecha 26JUL2011, Recurso XP01-R-2011-000024, con ponencia de la Jueza Marilyn de Jesús Colmenares y lo establecido por la Corte de Apelaciones del estado Amazonas, en fecha 19MAR2012, Recurso XP01-R-2011-000108, con ponencia de la Jueza LUZMILA YANITZA MEJIAS PEÑA; lo procedente y ajustado a derecho es DESESTIMAR LA ACUSACIÓN FISCAL, en contra de los ciudadanos CESAR AUGUSTO RAVELO RADA, venezolano, natural del Estado Miranda, nació en fecha 02-03-1985, de 26 años de edad, soltero, de profesión indefinida, hijo de Hugo Rabelo (V) y de Teodora Rada (V), y residenciado en el sector Barrio Ajuro; RAMIRO ARMANDO TAPO, titular de la cedula de identidad N° V- 15.500.797, venezolano, soltero, natural del Municipio Atabapo, Estado Amazonas, nacido en fecha 08-04-1981, de 30 años, soltero, de profesión indefinida, Hijo de Juan Manuel Tapo (v) E hijo de Eloisa Sosa (v), residenciado en el Barrio Santa Rosa; JOSÉ LUIS PINCHAO TORCUATO, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 18.835.824, natural de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, nacido en fecha 13-07-1988, de 23 años de edad, soltero, de profesión indefinida, hijo de Jesús Emilio Pinchao y de Lucila Torcuato, residenciado en el barrio Alto Carinagua, ALBERT ANTONIO RAMOS GABRIEL, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 15.500.756, natural de Puerto Ayacucho Estado Amazonas, nacido en fecha 09-10-1982, edad, 29 años de edad, hijo de Canis Salazar (v) y de Angelica Salazar (v), residenciado en la urbanización el Escondido, primera calle, casa N° 03-03; JOSE LUIS GALLARDO RODRIGUEZ, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 17.105.884, natural de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 08-07-1983, edad 23 años de edad,, hijo de Pablo Gallardo y de Maria Josefina Rodríguez; ANGEL ANTONIO SIFONTE BARRETO, venezolano, indocumentado, natural de Puerto Ayacucho estado Amazonas, nacido en fecha no recuerda, de 19 años de edad, de profesión u oficio indefinida, hijo de Ángel Eduardo Sifonte y de Ingrid Barreto, residenciado en el Barrio Periferico Norte, JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, titular de la cedula de identidad N° V- 17.106.327, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 20-08-1985, de 26 años, de profesión indefinida, Hijo Augusto salvador silva (f) hijo Marta de Álvarez (v), JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, titular de la cedula de identidad N° V- 17.106.327, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 20-08-1985, de 26 años, de profesión indefinida, Hijo Augusto salvador silva (f) hijo Marta de Álvarez (v), HENRRY FLANDEZ, titular de la cedula de identidad N° V- 16.766.381, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 1302-1980, de 32 años, de profesión indefinida, Hijo Freddys Flandes y de Nilsa Ramírez, residenciado en el barrio Monte Bello, por la presunta comisión del delito de de TRAFICO ILICITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el Articulo 149 segundo aparte en concordancia 163 de la Ley Orgánica de Drogas, en grado de COAUTORES, de conformidad a lo establecido en el articulo 83 del Código penal venezolano y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en concordancia con el artículo 16 ordinal 1 de la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada, en perjuicio de la colectividad. Y ASÍ SE DECIDE.

Como consecuencia del pronunciamiento trascrito, se decreta EL SOBRESIMIENTO de la causa seguida a los ciudadanos CESAR AUGUSTO RAVELO RADA, venezolano, natural del Estado Miranda, nació en fecha 02-03-1985, de 26 años de edad, soltero, de profesión indefinida, hijo de Hugo Rabelo (V) y de Teodora Rada (V), y residenciado en el sector Barrio Ajuro; RAMIRO ARMANDO TAPO, titular de la cedula de identidad N° V- 15.500.797, venezolano, soltero, natural del Municipio Atabapo, Estado Amazonas, nacido en fecha 08-04-1981, de 30 años, soltero, de profesión indefinida, Hijo de Juan Manuel Tapo (v) E hijo de Eloisa Sosa (v), residenciado en el Barrio Santa Rosa; JOSÉ LUIS PINCHAO TORCUATO, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 18.835.824, natural de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, nacido en fecha 13-07-1988, de 23 años de edad, soltero, de profesión indefinida, hijo de Jesús Emilio Pinchao y de Lucila Torcuato, residenciado en el barrio Alto Carinagua, ALBERT ANTONIO RAMOS GABRIEL, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 15.500.756, natural de Puerto Ayacucho Estado Amazonas, nacido en fecha 09-10-1982, edad, 29 años de edad, hijo de Canis Salazar (v) y de Angelica Salazar (v), residenciado en la urbanización el Escondido, primera calle, casa N° 03-03; JOSE LUIS GALLARDO RODRIGUEZ, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 17.105.884, natural de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 08-07-1983, edad 23 años de edad,, hijo de Pablo Gallardo y de Maria Josefina Rodríguez; ANGEL ANTONIO SIFONTE BARRETO, venezolano, indocumentado, natural de Puerto Ayacucho estado Amazonas, nacido en fecha no recuerda, de 19 años de edad, de profesión u oficio indefinida, hijo de Angel Eduardo Sifonte y de Ingrid Barreto, residenciado en el Barrio Periferico Norte, JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, titular de la cedula de identidad N° V- 17.106.327, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 20-08-1985, de 26 años, de profesión indefinida, Hijo Augusto salvador silva (f) hijo Marta de Álvarez (v), JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, titular de la cedula de identidad N° V- 17.106.327, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 20-08-1985, de 26 años, de profesión indefinida, Hijo Augusto salvador silva (f) hijo Marta de Álvarez (v), HENRRY FLANDEZ, titular de la cedula de identidad N° V- 16.766.381, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 1302-1980, de 32 años, de profesión indefinida, Hijo Freddys Flandes y de Nilsa Ramírez, residenciado en el barrio Monte Bello, por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el Articulo 149 segundo aparte en concordancia 163 de la Ley Orgánica de Drogas, en grado de COAUTORES, de conformidad a lo establecido en el articulo 83 del Código penal venezolano y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en concordancia con el artículo 16 ordinal 1 de la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada, en perjuicio de la colectividad, toda vez que el hecho no puede atribuírsele al imputado de autos, pronunciamiento que se dicta de conformidad con el articulo 318.1 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.

CAPITULO III
DISPOSITIVA

TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, hace los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: DESESTIMA la acusación Fiscal interpuesta por la Fiscalía Octava del Ministerio Público en contra de CESAR AUGUSTO RAVELO RADA, venezolano, natural del Estado Miranda, nació en fecha 02-03-1985, de 26 años de edad, soltero, de profesión indefinida, hijo de Hugo Rabelo (V) y de Teodora Rada (V), y residenciado en el sector Barrio Ajuro; RAMIRO ARMANDO TAPO, titular de la cedula de identidad N° V- 15.500.797, venezolano, soltero, natural del Municipio Atabapo, Estado Amazonas, nacido en fecha 08-04-1981, de 30 años, soltero, de profesión indefinida, Hijo de Juan Manuel Tapo (v) E hijo de Eloisa Sosa (v), residenciado en el Barrio Santa Rosa; JOSÉ LUIS PINCHAO TORCUATO, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 18.835.824, natural de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, nacido en fecha 13-07-1988, de 23 años de edad, soltero, de profesión indefinida, hijo de Jesús Emilio Pinchao y de Lucila Torcuato, residenciado en el barrio Alto Carinagua, ALBERT ANTONIO RAMOS GABRIEL, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 15.500.756, natural de Puerto Ayacucho Estado Amazonas, nacido en fecha 09-10-1982, edad, 29 años de edad, hijo de Canis Salazar (v) y de Angelica Salazar (v), residenciado en la urbanización el Escondido, primera calle, casa N° 03-03; JOSE LUIS GALLARDO RODRIGUEZ, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 17.105.884, natural de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 08-07-1983, edad 23 años de edad,, hijo de Pablo Gallardo y de Maria Josefina Rodríguez; ANGEL ANTONIO SIFONTE BARRETO, venezolano, indocumentado, natural de Puerto Ayacucho estado Amazonas, nacido en fecha no recuerda, de 19 años de edad, de profesión u oficio indefinida, hijo de Angel Eduardo Sifonte y de Ingrid Barreto, residenciado en el Barrio Periferico Norte, JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, titular de la cedula de identidad N° V- 17.106.327, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 20-08-1985, de 26 años, de profesión indefinida, Hijo Augusto salvador silva (f) hijo Marta de Álvarez (v), JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, titular de la cedula de identidad N° V- 17.106.327, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 20-08-1985, de 26 años, de profesión indefinida, Hijo Augusto salvador silva (f) hijo Marta de Álvarez (v), HENRRY FLANDEZ, titular de la cedula de identidad N° V- 16.766.381, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 1302-1980, de 32 años, de profesión indefinida, Hijo Freddys Flandes y de Nilsa Ramírez, residenciado en el barrio Monte Bello, por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el Articulo 149 segundo aparte en concordancia 163 de la Ley Orgánica de Drogas, en grado de COAUTORES, de conformidad a lo establecido en el articulo 83 del Código penal venezolano y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en concordancia con el artículo 16 ordinal 1 de la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada, en perjuicio de la colectividad, por cuanto no están llenos los extremos del articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal y en aplicación a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20-06-2005, Expediente No. 04-2599, con ponencia del Magistrado Francisco A. Carrasquero López; a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24-03-2004, sentencia No. 452, con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, lo establecido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No.225, de fecha 23-06-04, lo establecido por la Corte de Apelaciones del estado Amazonas, en fecha 26JUL2011, Recurso XP01-R-2011-000024, con ponencia de la Jueza Marilyn de Jesús Colmenares y lo establecido por la Corte de Apelaciones del estado Amazonas, en fecha 19MAR2012, Recurso XP01-R-2011-000108, con ponencia de la Jueza LUZMILA YANITZA MEJIAS PEÑA .
SEGUNDO: Se decreta EL SOBRESEIMIENTO de la causa seguida a CESAR AUGUSTO RAVELO RADA, venezolano, natural del Estado Miranda, nació en fecha 02-03-1985, de 26 años de edad, soltero, de profesión indefinida, hijo de Hugo Rabelo (V) y de Teodora Rada (V), y residenciado en el sector Barrio Ajuro; RAMIRO ARMANDO TAPO, titular de la cedula de identidad N° V- 15.500.797, venezolano, soltero, natural del Municipio Atabapo, Estado Amazonas, nacido en fecha 08-04-1981, de 30 años, soltero, de profesión indefinida, Hijo de Juan Manuel Tapo (v) E hijo de Eloisa Sosa (v), residenciado en el Barrio Santa Rosa; JOSÉ LUIS PINCHAO TORCUATO, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 18.835.824, natural de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, nacido en fecha 13-07-1988, de 23 años de edad, soltero, de profesión indefinida, hijo de Jesús Emilio Pinchao y de Lucila Torcuato, residenciado en el barrio Alto Carinagua, ALBERT ANTONIO RAMOS GABRIEL, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 15.500.756, natural de Puerto Ayacucho Estado Amazonas, nacido en fecha 09-10-1982, edad, 29 años de edad, hijo de Canis Salazar (v) y de Angelica Salazar (v), residenciado en la urbanización el Escondido, primera calle, casa N° 03-03; JOSE LUIS GALLARDO RODRIGUEZ, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V- 17.105.884, natural de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 08-07-1983, edad 23 años de edad,, hijo de Pablo Gallardo y de Maria Josefina Rodríguez; ANGEL ANTONIO SIFONTE BARRETO, venezolano, indocumentado, natural de Puerto Ayacucho estado Amazonas, nacido en fecha no recuerda, de 19 años de edad, de profesión u oficio indefinida, hijo de Angel Eduardo Sifonte y de Ingrid Barreto, residenciado en el Barrio Periferico Norte, JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, titular de la cedula de identidad N° V- 17.106.327, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 20-08-1985, de 26 años, de profesión indefinida, Hijo Augusto salvador silva (f) hijo Marta de Álvarez (v), JOSE GREGORIO ALVAREZ CADENA, titular de la cedula de identidad N° V- 17.106.327, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 20-08-1985, de 26 años, de profesión indefinida, Hijo Augusto salvador silva (f) hijo Marta de Álvarez (v), HENRRY FLANDEZ, titular de la cedula de identidad N° V- 16.766.381, venezolano, soltero, natural de puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 1302-1980, de 32 años, de profesión indefinida, Hijo Freddys Flandes y de Nilsa Ramírez, residenciado en el barrio Monte Bello, por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el Articulo 149 segundo aparte en concordancia 163 de la Ley Orgánica de Drogas, en grado de COAUTORES, de conformidad a lo establecido en el articulo 83 del Código penal venezolano y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en concordancia con el artículo 16 ordinal 1 de la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada, en perjuicio de la colectividad, pronunciamiento que se dicta de conformidad con el articulo 318.1 del Código Orgánico Procesal Penal.

Publíquese, regístrese, y déjese copia de la sentencia

Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, a los 09 días del mes de Abril del año dos mil Doce.200° años de la Independencia y 151° años de la Federación.
EL JUEZ

ABG. ARGENIS O. UTRERA MARIN

LA SECRETARIA

ABG. KIRA ALL ASAD

ASUNTO PRINCIPAL: XP01-P-2012-000186