TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas
Puerto Ayacucho, 16 de Febrero de 2012
201º y 152º
ASUNTO PRINCIPAL : XP01-P-2011- 005438
ASUNTO : XP01-P-2011- 005438

AUTO POR EL CUAL SE DEVUELVE EL PRESENTE ASUNTO
AL TRIBUNAL REMITENTE

Revisados como han sido los pliegos de actuaciones que conforman el presente asunto seguido al ciudadano KENI ORLANDO CAMICO DASILVA, portador de la cédula de identidad N° 17.106.873, de nacionalidad Venezolana, natural de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, estado Civil Casado, de profesión u oficio Albañil, nacido en fecha 22-04-1984, domiciliado en la Barrio cataniapo casa Nº 12 frente a la cancha; quien solicitó la aplicación del Procedimiento por Admisión de Los Hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal; y quien fue condenado a cumplir la pena de a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS Y UN (01) MES DE PRISION, por la comisión de los delitos de POSESION ILICTA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del articulo 153 de la ley de drogas, en perjuicio de LA COLECTIVIDAD y el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION, en calidad de AUTOR, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal en relación con el articulo 80 ejusdem, en perjuicio del ciudadano ÁNGEL RAFAEL SINIBA GARCIA; este Tribunal Ejecutor observa lo siguiente:

PRIMERO: En fecha 26 de Enero de 2012, fue publicada la sentencia condenatoria contra el ciudadano KENI ORLANDO CAMICO DASILVA, portador de la cédula de identidad N° 17.106.873, de nacionalidad Venezolana, natural de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, estado Civil Casado, de profesión u oficio Albañil, nacido en fecha 22-04-1984, domiciliado en la Barrio cataniapo casa Nº 12 frente a la cancha; quien solicitó la aplicación del Procedimiento por Admisión de Los Hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal; y quien fue condenado a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS Y UN (01) MES DE PRISION, por la comisión de los delitos de POSESION ILICTA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del articulo 153 de la ley de drogas, en perjuicio de LA COLECTIVIDAD y el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION, en calidad de AUTOR, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal en relación con el articulo 80 ejusdem, en perjuicio del ciudadano ÁNGEL RAFAEL SINIBA GARCIA.

SEGUNDO: Riela en el folio 02 de la pieza II, auto acordando remisión del asunto de fecha 10 de febrero de 2012, por el cual se ordena la remisión de la presente causa a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, a los fines que se proceda a la distribución del mismo al Tribunal de Ejecución.

TERCERO: Consta en autos en folio 13 de la Pieza II, Oficio N°316-12, dirigido a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, por el cual se remite anexo la totalidad del asunto XP01-P-2011-005438, seguido al ciudadano KENI ORLANDO CAMICO DASILVA, portador de la cédula de identidad N° 17.106.873, a los fines de que se proceda a la distribución del mismo al tribunal de ejecución.

CUARTO: Por recibido el Oficio N°316-12, de fecha 10 de Febrero de 2012, procedente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual remite la presente causa seguida contra del ciudadano KENI ORLANDO CAMICO DASILVA, portador de la cédula de identidad N° 17.106.873. Este Tribunal Único de Ejecución asume el conocimiento de la presente causa y dicta el auto de entrada correspondiente, realizándose los respectivos registros.

Así las cosas, este Tribunal Ejecutor, considera lo siguiente:

En el presente caso, la Sentencia dictada por el Tribunal Tercero de Control en fecha 26 de Enero de 2012, por la cual CONDENA al ciudadano KENI ORLANDO CAMICO DASILVA, portador de la cédula de identidad N° 17.106.873, de nacionalidad Venezolana, natural de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, estado Civil Casado, de profesión u oficio Albañil, nacido en fecha 22-04-1984, domiciliado en la Barrio cataniapo casa Nº 12 frente a la cancha, en razón a la aplicación del Procedimiento por Admisión de Los Hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal; quien fue condenado a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS Y UN (01) MES DE PRISION, por la comisión de los delitos de POSESION ILICTA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del articulo 153 de la ley de drogas, en perjuicio de LA COLECTIVIDAD y el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION, en calidad de AUTOR, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal en relación con el articulo 80 ejusdem, en perjuicio del ciudadano ÁNGEL RAFAEL SINIBA GARCIA; se observa que existe una omisión en lo que respecta a la notificación a la víctima del resultado del proceso, conforme lo establece el artículo 120.2 del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual se considera que el precitado ciudadano no fue debidamente notificado y por lo tanto no pudo haber corrido el lapso para la presentación del recurso de apelación.

Aunado a ello, se observa que las citaciones dirigidas al ciudadano ANGEL RAFAEL SINIVA GARCÍA, titular de la cédula de identidad N°17.106.979, en su condición de víctima, de fechas 17 de Octubre de 2011, en razón a la celebración de la audiencia preliminar en fecha 10 de noviembre de 2011 y la de fecha 12 de diciembre de 2011, en virtud de llevarse a cabo la audiencia en fecha 17 de enero de 2012; la primera de ella fue recibida por una persona distinta, sin embargo asistió a la audiencia de fecha 10 de noviembre de 2011 (diferida a solicitud del acusado) y la segunda tiene como resultado negativo por ausencia; para quien aquí suscribe las boletas de citaciones deben ser entregada a la persona cuya comparecencia sea requerida, tal y como lo establecen los artículos 184 y 185 del Código Orgánico Procesal Penal, en caso contrario, deberá aplicarse lo establecido en Sala Constitucional en Sentencia N°558, de fecha 27 de septiembre de 2005, expediente N° 2005-000423, para que se considere consumada la diligencia de citación.

Del mismo modo, es importante destacar lo establecido por la Sala de Casación Penal en sentencia del 27 de abril de 2006, N° A-041, Exp. RC05-35, reiterado por la misma sala en decisión de fecha 09 de Mayo de 2006, Exp. RC05-462 con ponencia de la Magistrado Deyanira Nieves Bastida, en la cual señala lo siguiente: “…En relación con las impugnaciones realizadas por la víctima contra las decisiones de primera y segunda instancia, se observa lo siguiente:

Del análisis de los artículos 19, 26 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 23, 118, 119 y 120 del Código Orgánico Procesal Penal, se desprenden garantías de carácter sustantivo y procesal en el marco de las exigencias del debido proceso que reconoce a la víctima como aquella persona que por una acción delincuencial ha sido lesionada física, psíquica o económicamente y participa en un proceso contra el presunto autor de los hechos, para lograr atenuar o reparar el daño sufrido.

Es oportuno transcribir la jurisprudencia de la Sala Constitucional en cuanto al derecho de la víctima que señala:

“… observa esta Sala que el Código Orgánico Procesal Penal ha propugnado como uno de los grandes avances de nuestro sistema penal, la consideración de la víctima como sujeto procesal, aunque no se constituya en acusador, por lo que, alcanzado tal reconocimiento legal, corresponde ahora a los operadores de justicia darle la debida importancia a la participación que le ha sido concedida de manera expresa a través del artículo 120 eiusdem, y de forma indirecta mediante otras disposiciones legales del aludido texto adjetivo, que le atribuyen el derecho de intervenir en todo el proceso, aun en su fase de investigación y en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses. Sin importar que se hubiere o no constituido en querellante, acusador privado o se hubiere adherido a la acusación fiscal, se le otorga el derecho de apelar de dichos fallos y los órganos jurisdiccionales se encuentran en la obligación de garantizar la vigencia plena de dichos derechos…”. (188 del 8 mar 05).

Ahora bien, las facultades recursivas que le asisten a la víctima, devienen inequívocamente del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución y el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que tiene como contenido básico el derecho a acceder los tribunales sin discriminación alguna, el derecho a incoar e intervenir en un proceso, el derecho a obtener una sentencia motivada, el derecho a la utilización de los recursos y sobre todo el derecho a que la sentencia se ejecute, de lo que se concluye, bajo estas premisas, que el ejercicio y la vigencia del derecho a la tutela judicial efectiva persigue evitar impunidad y reparar el daño ocasionado a la víctima.

En tal sentido, considera la Sala que no puede negarse el derecho al recurso de la víctima que en este caso acusó por el delito de Homicidio Intencional a titulo de Dolo Eventual, distinto por el cual resultó condenado el ciudadano David Jesús Quintana Peralta que fue el de Homicidio Culposo.

En nuestro proceso penal la víctima se le ha reconocido condición de parte, en consecuencia, sin el acceso al derecho de la doble instancia lejos de ser una tutela judicial efectiva resultaría artificiosa.

Aunado a esto y conforme a la disposición del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley y el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que considera que el acceso a la jurisdicción por parte de la víctima de un delito deviene de un derecho fundamental del ciudadano.

En este mismo orden de ideas, debe entenderse conforme a los artículos 479 y 480 del Código Orgánico Procesal Penal, por sentencia definitivamente firme aquella contra la cual no procede recurso alguno, bien sea porque se hayan agotado los recursos, o por haber expirado el lapso para ejercerlos, o porque expresamente se haya renunciado a su ejercicio

Establece entre otras cosas, el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:
El recurso de apelación contra sentencia definitiva se interpondrá ante el Juez o Jueza o Tribunal que la dictó, dentro de los diez días siguientes contados a partir de la fecha en que fue dictada, o de la publicación de su texto íntegro, para el caso de que el juez o jueza difiera la redacción del mismo por el motivo expresado en el artículo 365 de este Código… (sic). NEGRITAS DEL TRIBUNAL.

Igualmente, establece el artículo 479 y 480 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:
Art. 479. Al tribunal de Ejecución le corresponde la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. En consecuencia conoce de: 1. Todo lo concerniente a la libertad del penado o penada, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena. 2. La acumulación de las penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona. El cumplimiento adecuado del régimen penitenciario… sic… (Jurisprudencia: Sala de Casación Penal. Sentencia N°812, de 11/05/05 y Sentencia N°267, de 31/05/05). NEGRITAS DEL TRIBUNAL.

Art. 480. El tribunal de control o el de juicio, según sea el caso, definitivamente firme la sentencia, enviará el expediente junto al auto respectivo al tribunal de ejecución, el cual remitirá el cómputo de la pena al establecimiento penitenciario donde encuentre el penado privado de libertad… sic… NEGRITAS DEL TRIBUNAL.

Así pues, este Tribunal de Ejecución, conforme a los artículos 120, 479 y 480 del Código Orgánico Procesal Penal en sintonía con la Sentencia de la Sala de Casación Penal de fecha 27 de abril de 2006, N° A-041, Exp. RC05-35, reiterado por la misma sala en decisión de fecha 09 de Mayo de 2006, Exp. RC05-462 con ponencia de la Magistrado Deyanira Nieves Bastida, lo procedente y ajustado a derecho es DEVOLVER el presente asunto al tribunal remitente, vale decir, Tribunal Tercero de Control, a los fines de que la sentencia condenatoria dictada en fecha 26 de Enero de 2012, le sea notificada a la víctima de autos y así adquiera el carácter de sentencia definitivamente firme. Háganse los correspondientes registros exigidos para la devolución para devolución del presente asunto. Y ASÍ SE DECIDE.

Publíquese, regístrese, déjese un ejemplar de la presente en el copiador de decisiones llevadas por este Tribunal. Se instruye a la ciudadana secretaria para que de cumplimiento a lo acordado en el auto que antecede. Cúmplase.

Dada, Firmada y Sellada en la sede del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, lugar desde donde despacha el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas. En Puerto Ayacucho a los dieciséis (16) días del mes de Febrero de Dos Mil Doce (2012).
LA JUEZ UNICA DE EJECUCIÓN

JOHANNA LA ROSA BRITO

EL SECRETARIO

AMURABY ESPAÑA