TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio del Trabajo del estado Amazonas
Puerto Ayacucho, veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012)
201º y 153º

ASUNTO: XP11-L-2011-000093

PARTE DEMANDANTE: AURELIANO RODRIGUEZ GARCIA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-14.564.870, domiciliada en la Población de San Fernando de Atabapo, Municipio Autónomo Atabapo, estado Amazonas.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado JUAN H. RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, legalmente hábil, de este domicilio y titular de la Cedula de Identidad Numero V-10.921.861, e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 128.558.

PARTE DEMANDADA: GOBERNACIÓN DEL ESTADO AMAZONAS

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Abogada de la Procuraduría General del Estado Amazonas JHOANNIA LEIVYS CORREA MORILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V-16.712.348 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 115.716 y por la gobernación del Estado Amazonas Abogados ANNY DANEXI LEON, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V-13.559.551 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 133.699 y CARLOS ANTONIO CALDERON GARRIDO, venezolano, mayor de edad, legalmente hábil, de este domicilio y titular de la Cedula de Identidad Numero V-15.500.627, e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 120.644 respectivamente.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES. Y OTROS CONCEPTOS

SENTENCIA: DEFINITIVA.

SINTESIS

Conoce este Tribunal de la presente causa número XP11-L-2011-000093, en virtud de la demanda por cobro de prestaciones sociales, incoada por el ciudadano AURELLIANO RODRIGUEZ GARCIA, plenamente identificado en autos, en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO AMAZONAS, plenamente identificada en autos. Vista la causa en Audiencia de Juicio, oral y pública, realizada el día miércoles catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012), como consta en Acta levantada al efecto que corre inserta entre los folios 77 al 81, este Tribunal, encontrándose dentro del lapso legal para publicar el texto íntegro del fallo, cuyo dispositivo fue dictado de forma oral al finalizar la supra mencionada Audiencia de Juicio, pasa a hacerlo en los siguientes términos:
THEMA DECIDEMDUM
ALEGATOS DEL DEMANDANTE: De la lectura de las actas que conforman el presente expediente judicial, se desprende que la parte demandante, en escrito de demanda manifestó los Siguiente: Que su representado comenzó a prestar sus servicios personales, subordinados, remunerados e ininterrumpido, para la Gobernación del Estado Amazonas, en su condición de trabajador con el cargo de docente de aula no graduado, contratado, desde el 21 de septiembre de 1998 hasta el 15 de diciembre de 2010, por despido injustificado. Asimismo manifiesta que devengaba como último salario mensual la cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES BOLIVARES FUERTES CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs1.223,89). Que cumplía un horario de trabajo de 8:00a.m. a 12:00m de lunes a viernes. Que el tiempo de servicio era de Doce (12) años, Dos (2) meses y Veinticuatro (24) días, Destaco que, en el tiempo que presto servicios para la Gobernación del Estado Amazonas, se le realizaban los descuentos del Seguro Social Obligatorio y paro Forzoso, sin realizar la debida inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por ello lo demanda de acuerdo a la pacifica y reiterada Jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Manifestó que reclama la cantidad de Bs.20.613,89 por concepto de prestación de antigüedad, la cantidad de Bs.11.617,09, por concepto de intereses de prestación de antigüedad, la cantidad de Bs.1.872,72 por concepto de vacaciones fraccionadas, la cantidad de Bs.4.932,72, por concepto de utilidades fraccionadas, al igual que la cantidad de Bs.15.230,4 por concepto de indemnización por despido injustificado, para un total de Bs. 54.266,82 mas el 20% de honorarios profesionales para un total de Bs. 65.120,18. Fundamento su pretensión en los artículos 89, numerales 2 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los artículos 1, 3, 65, 108, 125, 174, 219, 223, 225 de la Ley Orgánica del Trabajo (vigente). De igual manera reclama los intereses sobre prestaciones sociales, intereses de mora y las costas procesales. Y por último solicita que la presente demanda sea admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva.

ALEGATOS DE LA DEMANDADA: De la lectura de las actas que conforman el presente expediente judicial, se desprende que la parte demandada, en escrito de contestación de la demanda presentado por la representante de la Procuraduría General del Estado Amazonas, Abogada JHOANNIA LEIVIS CORREA MORILLO, de fecha 15 de febrero del 2012; puso de manifiesto: Que de la acción intentada por el apoderado judicial del ciudadano RODRIGUEZ GARCIA AURELIANO, se desprenden una serie de detalles que ponen de manifiesto la falsedad de algunos de sus dichos y la contradicción de la realidad de los hechos, que para nada ayudan a la administración de justicia en su búsqueda de la veracidad de los hechos. Que efectivamente el ciudadano RODRIGUEZ GARCIA AURELIANO, comenzó a prestar sus servicios para el ejecutivo regional en el cargo de Docente de Aula no Graduado contratado, devengando un sueldo mensual de Mil Doscientos Veintitrés Bolívares con Ochenta y Nueve Céntimos (Bs. 1.223,89), siendo falso que dicha relación laboral durara el tiempo argumentado por la parte actora que es de doce (12) años, dos (2) meses y veinticuatro (24) días de servicio, ya que dicho ciudadano laboró hasta 30 de octubre de 2010, tal y como se puede evidenciar en constancia de trabajo de fecha 17 de enero de 2012 emanada de la Secretaría Ejecutiva de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Amazonas que se acompaño marcada con la letra “A”. Detallándose que el ciudadano AURELIANO RODRIGUEZ GARCIA, presto sus servicios para el Ejecutivo Regional desde el 15 de octubre de 1998 al 30 de octubre de 2010. Por otra parte señala que la fecha real de la finalización de la relación de trabajo fue el 30 de octubre de 2010, denotándose la falta de honestidad, al momento de mencionar una fecha de egreso e ingreso libelo de demanda que es totalmente falsa ya que según la parte actora laboro desde el 21 de septiembre de 1998 hasta el 15 de Diciembre del año 2010, encontrándose dicha demanda enmarcada en el lapso de prescripción establecida en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que desde de el momento en que dicho ciudadano dejo de prestar servicios al ejecutivo regional entra en conocimiento de tal situación para intentar cualquier acción ante los tribunales correspondientes a fin de hacer uso de su derecho conferido por ley cosa que no hizo pues evidentemente ha pasado un tiempo mas que holgado de tal situación sin que el accionante haya hecho uso de las acciones ni mucho menos haber interrumpido este lapso de prescripción, por lo que es forzoso concluir que la acción esta prescrita desde hace ya un tiempo tal y como se explico y que el juez debe valorar a fin de hacer prevalecer la justicia procesal. La representante de la Procuraduría cita el articulo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo preceptúa:“La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpen: a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes. b) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trata de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público. c) Por la reclamación intentada por ante la autoridad administrativa del trabajo, siempre que se notifique al reclamado o a sus representantes antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes c) Por las causales señaladas en el Código Civil”

Ahora bien en el caso subjudice, estamos subsumidos en el primero de los supuestos antes señalados, en razón de ello, a los fines de computar el lapso de prescripción, la parte actora tenia la necesidad jurídica de interponer la acción antes del fenecimiento del lapso de los doce meses previstos en la precitada norma, la cual precluia el 30 de octubre de 2011, e inclusive una vez interpuesta la acción tenia la carga de lograr la citación en el decurso de los dos meses siguientes al vencimiento del lapso anterior, en cuyo caso quedaría interrumpida la prescripción de la acción. La parte demandada niega, rechaza y contradice que se le adeude a la parte actora la cantidad de: Bs.20.613,89, por concepto de prestación de antigüedad, la cantidad de Bs.11.617,09, por concepto de intereses de prestación de antigüedad, la cantidad de Bs.1.872,72 por concepto de vacaciones fraccionadas, la cantidad de Bs.4.932,72, por concepto de utilidades fraccionadas, al igual que la cantidad de Bs.15.230,4 por concepto de indemnización por despido injustificado, aunado que negó, rechazó y contradijo también que se le adeude al actor la corrección monetaria, los intereses sobre prestaciones sociales, las costas procesales y los Honorarios Profesionales.- Por último esta representación niego, rechazo y contradijo que se le adeude al ciudadano AURELIANO RODRIGUEZ GARCIA la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE BOLIVARES CON DIECIOCHO CENTIMOS (Bs. 65.620,18).-.-

Asimismo de las actas procesales que conforman el presente expediente judicial, se evidencia que la Apoderada judicial de la Gobernación del Estado Amazonas, en escrito de contestación de la demanda, presentado por la Abogada ANNY DANEXI LEÓN, de fecha 15 de febrero del 2012; Alego como punto previo la prescripción, así mismo puso de manifiesto: que el ciudadano Rodríguez García Aureliano inicio relación laboral con la GOBERNACIÓN DEL ESTADO AMAZONAS, en fecha 15 de octubre de 1998, como Docente N/G Contratado, tal como se evidencia en constancia de trabajo de fecha 17 de enero de 2012, marcada con la letra “B”, del escrito de promoción de pruebas, laborando efectivamente hasta el 30 de octubre. De 2010. La Ley Orgánica del Trabajo en materia de Prescripción , establece en su articulo 61 “ Que todas las acciones proveniente de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un año contado desde la terminación de la prestación de servicio” y se interrumpen a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes b) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trata de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público. c) Por la reclamación intentada por ante la autoridad administrativa del trabajo, siempre que se notifique al reclamado o a sus representantes antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes c) Por las causales señaladas en el Código Civil”
Revisada el escrito de demanda y escrito de promoción de prueba, se evidencia que el demandante no consigno ningún elemento de prueba que interrumpiera la prescripción. Es por lo que a juicio de esa representación judicial, la acción interpuesta, se encuentra evidentemente prescrita, solicitan se declare sin lugar la acción. La representación judicial, reconoce la relación de trabajo y con un tiempo acumulado de 12 años y 15 días, admite como cierto que se le adeude prestaciones sociales y por Ultimo Niega, rechaza y contradice, que el actor prestara servicio hasta el 15-12-2010 y negó, rechazo y contradijo que su representada le adeude al demandante la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (54.266,82 Bs) por concepto de prestaciones sociales, tomándose como salario base la suma de Bs. 1.223,89, de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo.- Así las cosas

DEL ANALISIS DE LAS PRUEBAS
Una vez delimitada la controversia así como las cargas probatorias este Tribunal procede de conformidad con lo previsto en el artículo 69 y siguiente de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al análisis todos y cada uno de los medios probatorios traídos al proceso por las partes.

PRUEBAS DE LAS PARTES Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS:
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE

En la oportunidad legal la parte accionante promovió las siguientes pruebas
Documentales

En relación a la Copia fotostática del memorando de Nombramiento como docente de aula no graduado de fecha 21 de septiembre de 1.998, promovido por el actor.- A dicha documental este Tribunal le otorga pleno valor probatorio, por cuanto la misma no fue impugnada, ni desconocida por la representación de la demandada, ni de la procuraduría, todo de conformidad con el Articulo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tan solo se limitaron a precisar que lo importante era determinar la fecha de la finalización de la relación de trabajo, por cuanto ya previamente habían reconocido la relación de trabajo. En consecuencia, se tiene como cierto que la parte actora inicio la relación de laboral con la Gobernación del Estado el día 21 de Septiembre de 1998, como Docente No Graduado, incorporado a la escuela básica “Vicente Salias”, que funciona en Laja Lisa de la Población de Atabapo. Así se decide.
PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:
En la oportunidad legal la parte accionada a través de la Procuraduría General del estado Amazonas promovió las siguientes pruebas
Documentales

En relación a la Copia simple de la Constancia de Trabajo de fecha 17 de enero de 2012, promovida por la representación de la procuraduría, el apoderado de la parte actora se opuso a la misma y la impugna, por considerar que dicha prueba era insuficiente para demostrar la finalización de la relación de trabajo, aunado que dicha constancia fue emitida el día 17 de Enero de 2012 y la misma emana del patrono en forma unilateral y que a su representado nunca le fue notificado del despido. Este Tribunal antes de valorar o no la referida prueba destaca que la parte promovente, manifestó en el momento de evacuar la misma, que las constancia de trabajo se expiden a petición del trabajador por ser un derecho del Trabajador o de oficio, en este caso fue de oficio, para atender el presente caso.- En consecuencia este tribunal observa que la parte promoverte persigue demostrar la fecha en que finalizo la relación de trabajo, sin embargo se aprecia que dicha documental contiene la fecha de inicio de la relación de trabajo (15-10-1998) y la presunta fecha de finalización (30-10-2010), crea duda la misma, por cuanto al reconocer la relación de trabajo que invoca la representación del trabajador y no desconocer, ni impugnar la documental que riela en el folio 10 del expediente, y que demostró a este Juzgador que la fecha del inicio de la relación del actor, fue el 21 de septiembre de 1998 y no el 15 de Octubre de 1998 como lo alegaba la parte demandada, es decir, que es contradictorio a la fecha que señala la demandada, ante la duda creada y el reconocimiento de los representantes del patrono y basado en los Criterios Jurisprudenciales, este Tribunal considera que a dicha documental genera duda sobre los datos allí contenidos y no es convincente lo que pretende demostrar la representación patronal, y por otro lado, considera este juzgador, que al darle valor a dicha documental para demostrar la finalización de la relación de trabajo del accionante, esto se pudiera convertir en una practica inconstitucional que pudiera general despidos Injustificados, tan solo indicando la fecha en una constancia de trabajo emanada del patrono, lo que atentaría contra el Principio Constitucional de estabilidad laboral, en razón a lo expuesto y a la duda sobre los datos allí contenidos, este Tribunal no le otorgar valor probatorio a la misma. Así se decide.

En relación a la Copia certificada del neto de pago expedido por la abogada Luisa Tovar en su condición de secretaria de Recursos Humanos de la Gobernación. Este Tribunal Observa que el apoderado judicial del demandante se opuso e impugno la misma, por cuanto en la misma no contenía la firma del trabajador, esa documental no daba certeza de ser el ultimo pago, ya que tan solo representaba una sola quincena, por lo que no demostraba que con ello el fin de la relación de trabajo, como pretende la parte demandada. En la oportunidad legal la parte demandada no insiste en la prueba, solo se limita a indicar que esa actividad del neto se hace en el proceso administrativo, y que la misma puede ser firmada por cualquiera de las Secretarias de la Secretaria de Recursos Humanos de la Gobernación. Afirmando igualmente que dicho neto fue impreso el día 13-01-2012, pero que lo demostrativo, era que el mismo representaba la fecha de finalización de la relación de trabajo, que no es otra que el día 30-10-2010. Ahora bien, tribunal observa que dicha emisión del neto fue el día 13-01-2012. como bien lo señala la parte promovente, sin embargo, en cuanto a la fecha de la finalización de la relación de trabajo la parte demandada invoca el día 30-10-2010, cuando el recibo de pago señala el día 31-10-2010, es decir, que si tomamos los alegatos, seria la presunta fecha de finalización el día 31-10-2010 y no 31-10-2010, como lo alega la demandada. Por otro lado observa este Juzgador que tanto el día 30 y 31 de Octubre de 2010, eran fin de semana no laborable para la Gobernación del estado Amazonas, generando duda a este juzgador sobre su certeza. En consecuencia, este tribunal ante la duda generada por la referida prueba, considera que la misma no demuestra a este juzgador con claridad que los datos allí reflejados sean ciertos en razón a la oposición que hace la representación del trabajador, en consecuencia no se le otorga valor probatorio. Aunado al hecho que dicha documental tan solo indica una quincena de Salario del mes de Octubre del 2010. Así se decide.

Prueba de la Gobernación
En relación a la Original de Constancia de Trabajo.- este tribunal observa que se trata de la misma constancia promovida por la representación de la procuraduría General del Estado Amazonas y por cuanto ya se hizo un pronunciamiento al respecto considera quien juzga, que en la presente se hace innecesario entrar al análisis de la misma, corriendo la misma surte. Es decir, que no genera ante la duda ningún elemento de convicción para quien juzga Así se decide.
En relación a la Planilla de Liquidación de pago de Prestaciones Sociales, la parte actora se opuso a la misma por no contener firma alguna y que era un documento hecho en forma unilateral por el patrono, sin embargo, este Tribunal considera que la misma no aporta ningún elemento de convicción a la controversia planteada, en consecuencia no se le otorga valor probatorio a las mismas. Así se decide.

DECLARACIÓN DE PARTE
De conformidad con el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se procedió a tomar la declaración de parte del representante Judicial de la Gobernación del estado Amazonas Abogado CARLOS CALDERON, como parte demandada en la presente causa, el cual se extrae lo siguientes: Que el Trabajador nunca acudió a solicitar la constancia de trabajo. Que la Gobernación del Estado Amazonas no le participo el despido al Trabajador el día 30-10-2010; Que el patrono nunca Solicito la Calificación de Falta por ante la Inspectoría del Trabajo por estar el Trabajador amparado por inamovilidad laboral de acuerdo al decreto 7.154 G.O. 39.334 de fecha 23-12-2009. Que el patrono no le pago las prestaciones Sociales al trabajador el día 30-10-2010. Que el Patrono no participo el Despido ante el Tribunal Laboral. Que el Trabajador nunca solicito la constancia de trabajó que riela en los folios 41-49 del expediente.
III
MOTIVA
Valoradas como han sido todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, corresponde de seguidas a este Juzgador emitir sus conclusiones, y en tal sentido se ratifica el criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15 de marzo de 2000, el cual es del tenor siguiente:
1) “El demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.
También debe esta Sala señalar que habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:
2) Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).
3) Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.”. Así las Cosas

Ahora bien de conformidad con lo dispuesto en las normas contenidas en los artículos 5 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, procede este Jugador a dejar establecido los limites de la controversia y la carga de la prueba en el presente caso. Se evidencia que los puntos controvertidos en la presente litis se circunscriben directamente en determinar la fecha de la finalización de la relación de trabajo, la procedencia o no del alegato de prescripción de la acción y la procedencia o no de los conceptos demandados, en virtud que el actor aduce una fecha de la finalización de la relación de trabajo y por el contrario la demandada señala la existencia de otra fecha, en consecuencia se debe establecer que la carga probatoria esta en manos de la demandada quien debe demostrar la veracidad de sus dichos, caso en el cual si cumple con lo señalado se tendrá como desvirtuado lo señalado por el actor y procederá sus alegatos, de los contrario se procederá a verificar la procedencia o no de los conceptos reclamados. Así se Establece.-

PUNTO PREVIO
DE LA PRESCRIPCIÓN
En un sano orden de prioridades procesales, corresponde a este juzgador analizar la defensa de prescripción formulada por la accionada en la audiencia preliminar, reflejada en su escrito de pruebas, en la contestación de la demanda y lo alega en la audiencia de juicio, ello procede en los siguientes términos:
Como bien lo ha señalado este Tribunal en otras decisiones, la prescripción es una Institución jurídica, considerada en nuestros días, como “la extinción de derecho por causa de la tardanza en la demanda”. Así lo expreso el insigne jurista José Melich Orsini.
Por otro lado, se ha tomado en los Tribunales de Instancia, la conceptualizacion que le da Aníbal Dominici a la Prescripción, tomada como “ Una institución útil y necesaria, porque castiga la negligencia del propietario o del acreedor, asegura el dominio de las cosas y evita pleitos en la sociedad”
Visto el alegato de Prescripción hecho por los representantes de la demandada, este juzgador considera necesario traer a colación lo establecido en nuestra jurisprudencia, con relación a la distribución de la carga probatoria.
En tal sentido, traemos a colación la sentencia dictada en fecha 11 de Mayo de 2004 por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, donde se dejó sentado: “…En innumerables sentencias, la Sala de Casación Social ha dejado sentado el criterio a seguir en cuanto a la distribución de la carga de la Prueba en materia laboral a tenor de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, hoy derogada por el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo, una de ellas ha sido la Sentencia Nº 444 de fecha 10 de Julio del año 2.003, la cual señaló…”Así mismo, en sentencia de fecha 28 de Mayo del año 2.002 en el caso Efraín Valoy Castillo Cabello contra distribuidora de bebidas Mar Caribe CA. (BRAHMA), con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, en alusión al último aparte de la sentencia Transcrita anteriormente y en la que resolvió un caso similar al que nos ocupa actualmente, señaló lo siguiente..” (…) Pues bien de la sentencia precedentemente expuesta se puede extraer las siguientes consideraciones con respecto a la distribución de la carga de la prueba en los procesos en materia laboral: 1. El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la Relación que le unió al Trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral, por ejemplo la califique de mercantil. (Presunción Iuris Tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo) 2. El demandante tiene la carga de probar la naturaleza de la Relación que le unió con el Patrono, cuando el demandado en la Litis Contestación haya negado la prestación de un Servicio personal. 3. Cuando el demandado no niegue la existencia de la Relación laboral, se invertirá la carga de la Prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el Libelo que tengan conexión con la Relación Laboral: Es decir, es el demandado quien deberá probar la improcedencia de los Conceptos que Reclama el Trabajador. Asimismo, tiene el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor. 4. Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, que el demandado no niegue y rechace expresamente en su contestación, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los actos, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor. 5. Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, cuando el demandado no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor. 6. Sobre este último punto la Sala ha insistido que es importante que los jueces analicen el motivo de la omisión de fundamentos de la contestación, puesto que puede tratarse de hechos negativos absolutos, es decir, aquellos que no implican a su vez ninguna afirmación opuesta, ya que son indeterminados en el tiempo y en el espacio, siendo por lo tanto de difícil comprobación por quien niega, por lo que le corresponde a la parte que los alegó – al trabajador- la carga de aportar pruebas pertinentes a fin de demostrar la ocurrencia de tales hechos.
Asimismo, ha insistido la Sala, que aun cuando el demandado en la litis contestación, no haya rechazado los alegatos expuestos por el actor en su libelo o que una vez realizado el rechazo no haya fundamentado el mismo, los jueces estarán en la obligación de analizar si los conceptos que integran la pretensión deducida son opuestos a condiciones distintas o exorbitantes a las legales, puesto que de ocurrir tal circunstancia, es evidente que debe declararse la improcedencia de lo reclamado”.
Así mismo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 89 señala que el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado, igualmente señala que “…Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.” El principio in dubio pro operario, actúa como una directiva dada al juez o al intérprete para que adopte –entre los varios sentidos posibles de la norma- el que resulte más favorable al trabajador. Señala la doctrina, que es Principio General del Derecho que, en situaciones de duda, pueden entrar a jugar presunciones hominis que lleven al juzgador a la convicción de que los hechos se desarrollaron de una manera determinada, no obstante que la prueba aportada no sea lo suficientemente eficaz, lo que no obsta a considerar que al trabajador le asiste la razón. Ello no significa violar las normas del procedimiento sino resolver, de acuerdo a reglas razonables una cuestión dudosa, en el entendido que en la aplicación y valoración de las pruebas en materia laboral rige el principio de la sana crítica, contemplado en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece: “Los jueces del Trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la sana crítica; en caso de duda, preferirán la valoración más favorable al trabajador.” Este principio deja al juez, formar libremente su convicción para apreciar y valorar las pruebas, el juicio razonado en la apreciación de los hechos, pero obligándole a establecer fundamentos de la misma. Planteado el presente proceso, como precedentemente se ha establecido, corresponde resolver sobre lo alegado y reclamado por la parte actora en su libelo de demanda, por lo tanto le corresponde, tomando en consideración la jurisprudencia señalada anteriormente “…es el demandado quien deberá probar la improcedencia de los Conceptos que Reclama el Trabajador. Asimismo, tiene el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal).
Ahora bien, en este mismo orden de ideas y ratificando dicho criterio tenemos que en sentencia N°. 0538 de fecha 31-05-2005 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ratifica las consideraciones respecto a la distribución de la carga Probatoria en los procesos en materia laboral, que nos son otros que los que señalamos SUPRA., en la presente motiva.-
Pues bien, es necesario destacar lo reflejado en sentencia 1145 del 4 de Abril del 2011, dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción judicial del Estado Portuguesa, mediante el cual, señalo lo siguiente: “En lo que respecta a la prescripción de la acción, alegada por la representación judicial de la parte accionada, es oportuno señalar que esta ha sido calificada como la figura mediante el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso de un determinado tiempo y el cumplimiento de determinadas condiciones contempladas en la Ley. No debe confundirse con los modos de extinción de una obligación, pues lo que fenece es la acción que sanciona aquella obligación, por consiguiente una vez verificada la prescripción la obligación no se extingue, lo que si se extingue es la acción para obtener el cumplimiento coactivo de la obligación, lo que significa que la obligación se transforma al tipo natural. (Hasta aquí la cita)
Asimismo se refiere la mencionada sentencia en cuanto al alegato de prescripción, que siendo un hecho nuevo el alegado por la accionada, para sostener el presente juicio; corresponde a esta la carga de probar tales circunstancias y así se estableció.
Por ultimo y destacando lo que ha señalado la interesante sentencia del Juzgado Superior del Trabajo del Estado Portuguesa, la misma tomo como consideraciones para declarar sin lugar la Prescripción de la acción lo siguiente:
(…) Esta instancia considera prudente advertir, que las accionadas no indican circunstancias de modo y lugar en que feneció la supuesta primera relación de trabajo, ni siquiera mencionan o refieren haber efectuado el pago de los beneficios laborales que debieron ser cancelados al actor en la supuesta fecha de finalización de la misma, sino que se limitan a indicar “sin mas” que culmino el 30-06-2006. (Hasta aquí la cita)
(…) A la luz de tales consideraciones y a criterio de quien juzga las codemandadas no pueden de manera tan “alegre” invocar una prescripción de la acción en los términos expuestos, sin ni siquiera traer a los autos del proceso, algún elemento probatorio que demuestre de manera certera que según sus dichos se materializo una relación de trabajo independiente y autónoma y concretamente que la finalización de la misma efectivamente acaeció, por ende se declara sin lugar la prescripción de la acción invocada por la codemandada Fuente de Soda, restaurante y cervecería Doña Carlota, C.A.” (hasta aquí la cita).
Así mismo merece especial comentario, la decisión del 23 de Abril del año 2008, caso Maria Anyolina Celis Vs Gobernación del Estado Amazonas y la Decisión dictada por el Tribunal Superior del Trabajo el día 27 de Enero de 2012, caso Maritza Rodríguez Mogollón Vs Fundación Promoción para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Industrial del Estado Amazonas (PROMO-AMAZONAS), decisiones estas invocadas por los representantes de la Procuraduría General del estado Amazonas, donde se estableció la Institución de la Prescripción.
Efectivamente, en las referidas decisiones, ambos tribunales se pronunciaron decretando la Prescripción de la Acción, por cuanto era claro lo expuesto por los accionantes en las citadas causas, en cuanto al tiempo en que efectivamente finalizo la relación de Trabajo y que daban lugar sin temor a equivocarse, al juzgador en dichas causas, y ante los alegatos y pruebas de las accionadas (Gobernación y Promo Amazonas), era mas que evidente que el Tiempo allí reflejado por los accionantes, superaban abiertamente el lapso legal contenido en el articulo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, aunado a que no se evidenciaba prueba alguna de interrupción o suspensión, para que Prosperara el alegato de la Prescripción tal como fue declarado, situación esta que no guarda relación con el caso bajo análisis, ya que el actor en su libelo establece una fecha de finalización de la relación de trabajo, que la parte demandada debe desvirtuar mediante la carga probatoria y la parte demandada invoco otra fecha distinta, la cual por ser elementos nuevo de probarla. Así tenemos que la accionada tan solo se limito a traer a los autos dos pruebas, como lo son las constancia de trabajo y un neto de pago, teniendo el patrono la posibilidad de haber promovido todas las pruebas en su poder, que no generasen dudas a quien juzga y no lo hizo Así las cosas.-
Este Tribunal antes de fijar posición en relación al alegato de prescripción hecho por la parte demandada, considera necesario señalar lo que ha expresado la sala de Casación Social, cuando trato la Interrupción y suspensión de la prescripción (Sentencia 1881 del 15-12-2009), y donde nos indico “en relación al Instituto de la Prescripción, que esta estrechamente vinculado al principio de la conservación de los actos jurídicos, referido a que en caso de dudas sobre si la prescripción se ha cumplido o no, debe estarse a favor de la subsistencia de la acción, y el otro, referido a la afirmación de que en materia laboral, los actos suspensivos o interruptivos de la prescripción deben ser interpretados con criterios amplios, decidiéndose, en caso de duda, por la solución mas favorables a la subsistencia del derecho del trabajador, y que según dicho criterio “ debe el juzgador aplicar el precepto que permita mantener viva la acción, aun en caso de coexistir dos supuestos de suspensión o interrupción de la prescripción, lo cual no implica la acumulación de ambas”.
Pues bien, así tenemos que la Ley orgánica del Trabajo dispone en su artículo 61 establece que: “Todas las acciones provenientes de la Relación de Trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios”.
Ahora bien, dicho lo anterior, observamos que en el caso subjudice, debemos definir el tiempo transcurrido para sacar el computo y determinar el lapso de prescripción, examinar si las pruebas son suficiente para que se de la misma, si se verificó alguno de los supuesto de interrupción o suspensión, ya que la demandada opone la prescripción, tomando como fecha de la finalización de la prestación de servicio el 30 de octubre de 2010; a diferencia de la actora que en su escrito libelar pone como fecha de terminación de la relación de trabajo el día 15 de diciembre de 2010, por lo que seria a partir de alguna de esa dos (2) fecha que se iniciaría el computo del lapso de prescripción. Por lo que debe este Juzgador Previamente determinar cual de las dos fechas fue realmente la finalización de la relación de trabajo. Así las cosas
Así tenemos que una vez revisadas las actas procesales, se evidencia que el demando en ningún momento consigno una prueba contundente que le permitiera a este Juzgador, verificar su alegato de prescripción de la acción, pues bien, así tenemos que de acuerdo a lo alegado y probado en autos, el actor manifiesto que finalizo la relación de trabajo el día 15 de Diciembre de 2010 y la parte accionada alego que la relación finalizo el día 30 de Octubre de 2010, presentándose la controversia, pues bien lo dicho por el actor en su libelo, admitía prueba encontrarlo, por ser una presunción Iuris tantum, para demostrar sus dichos, para ello la parte demandada promovió en su oportunidad una Constancia de trabajo de fecha 17-01-2012, que riela en los folios 44 y 48, prueba esta que la parte actora en la audiencia de juicio desconoció e impugno de conformidad con lo establecido en el articulo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así mismo promovió la demandada un neto de pago emitida el 13-01-2012 que riela en el folio 50, alegando que este fue el ultimo neto de pago, sin embargo dicha documental igualmente fue desconocida e impugnada por la parte actora, dejándose sin valor probatorio las mismas tal como se especifico en la parte Supra, como consecuencia de ello, al no existir prueba alguna que desvirtuara lo señalado por la parte actora en su libelo de demanda, se tiene como cierto que la relación de trabajo finalizo el día 15 de Diciembre de 2010. Así se decide.-
Por otro lado este Tribunal observa que de acuerdo a los criterios jurisprudenciales señalados SUPRA, la carga probatoria, era del patrono, quien tendría que demostrar si opero la prescripción o no, siendo este un alegato nuevo, que de conformidad con lo establecido en el articulo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al hacerlo tendrían que probarlo. Es decir, se constituye en un elemento nuevo, toda vez que ese hecho nuevo perseguía desvirtuar los alegatos de la parte demandante, en que fue hasta el 15 de Diciembre de 2010, que finalizo la relación de trabajo del señor Aureliano Rodríguez García con la Gobernación del Estado Amazonas, como ya se indico, carga probatoria que pretendió hacerlo con las documentales que fueron desconocidas por la representación del trabajador. Destaca este juzgador que a pesar de disponer el patrono y tener en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, el pago de prestaciones sociales, control de asistencia, notificación, consignaciones Bancarias, etc.”. en el presente caso no lo hizo Así las cosas.

Pues bien, Al ser desconocidas las pruebas con que pretendía la parte demandada demostrar la prescripción y no lo hizo, queda establecido a criterio de este Juzgador que no resultaron convincente para demostrar la Institución de prescripción alegada, teniendo todas las vías y medios probatorios la parte patronal para demostrar sus alegatos y no lo hizo.
Una vez determinada la fecha de finalización de la relación de trabajo a saber el día 15-12-2010, la parte actora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, tenía la necesidad jurídica de interponer la acción antes del fenecimiento del lapso de los doce meses previstos en la precitada norma, el cual precluía el 15 de diciembre de 2011, e inclusive una vez interpuesta la acción, tenía la carga de lograr la citación en el curso de los dos meses siguientes al vencimiento del lapso anterior, vale decir el 15 de febrero del 2012, en cuyo caso quedaría interrumpida la prescripción de la acción. Así las cosas
Así tenemos que se desprende de las actas que conforman el presente expediente, que la parte actora introdujo la demanda el 01 de diciembre del 2011, según folio 1 al 9, oportunidad en la cual no estaba prescrita la acción, a tenor de la norma supra indicada, además de evidenciar este Juzgador que la citación de la parte demandada en el presente juicio se materializo el 19 de diciembre del 2011, según se evidencia del folio 20 del expediente, lo que determina más aun que la acción no estaba prescrita.
Así pues, como quiera que entre la fecha 15 de diciembre del 2010 y el 01 de diciembre del 2011, transcurrió Once (11) meses, Dieciséis (16)días, ello no produce la prescripción de la acción a tenor de lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.
Siendo ello así, considera este sentenciador que de lo anteriormente expuesto, se desprende un criterio muy solidó y firme que soporta esta decisión, en solución a los limites de la controversia planteada entre las partes, como puede constatarse en los autos, lo que lleva a este Tribunal a la total convicción de solucionar lo que se discute, circunstancia esta que justifica la suficiente motivación de hechos y derechos que convencen a este juzgador, a no decretar la prescripción de la acción de conformidad con lo establecido en el articulo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo establecido en los criterios jurisprudenciales de la Sala de Casación Social, en consecuencia declarar sin lugar la defensa de la parte demandada, tal como se hace de manera clara, precisa y lacónica en la dispositiva del presente fallo. Así se decide.-
Definido lo anterior y en virtud de las anteriores consideraciones, este Tribunal considera necesario el estudio de las reclamaciones, conceptos y procedencia o no de lo demandado, en consecuencia se pronuncia respecto a los derechos reclamados de la siguiente manera:
De las actas procesales, se evidencian en los sendos escritos de Contestación de demanda y en la audiencia de Juicio celebrada el 14-03-12, que los representantes de la Gobernación y la Procuraduría General del Estado Amazonas, reconocen la relación laboral entre el ciudadano AURELIANO RODRIGUEZ GARCIA y la GOBERNACION DEL ESTADO AMAZONAS, no es un punto controvertido, que no admite prueba en contrario, se ratifica la existencia de la relación de trabajo. Así se decide.
Así tenemos que en el escrito de contestación de demanda, nada dicen sobre la forma en que se hizo despido, alegando la parte actora que el mismo se hizo en forma injustificada, dicha legado queda demostrado cuando en la audiencia de juicio y mediante la declaración del parte hecha por este juzgador, el representante de la Gobernación reconoció que el despido fue injustificado, por lo que este juzgador, basado en los criterios jurisprudenciales, señalados SUPRA, y en la referida confesión, establece que dicho despido se hizo en forma injustificada. Así se decide
En cuanto a la fecha de inicio de la relación de trabajo, la demandada alega que la fecha es el día 15 de octubre del 1.998, sin embargo no aporto prueba que desvirtuara lo señalado en su libelo la parte actora, cuando señala que la misma se inicio el día 21 de Septiembre de 1998, así mismo observa este juzgador que en el momento de la evacuación de prueba en la audiencia oral, la parte actora hizo valer el memorando que riela en el folio 10 del expediente y en su oportunidad la parte demandada no se opuso ni impugno la misma, por el contrario manifestó que ellos aceptaban el inicio de la relación de trabajo, que eso no era el punto que ellos debatían, si no la fecha de finalización de la relación de trabajo, en consecuencia para este Tribunal ha queda demostrado en razón a esa confesión, el inicio de la relación de trabajo del ciudadano AURELIANO RODRIGUEZ GARCIA con la GOBERNACION DEL ESTADO AMAZONAS fue el día 21 de septiembre de 1998. Así se decide.-
En cuanto al salario, la representación de la demandada negó que el mismo fuera el alegado por la parte actora, como lo es la suma de 1.223,89 Bolívares, mensuales, igualmente la parte demandada no aporto prueba alguna que desvirtuara lo señalado por el actor en su libelo de demanda, es por ello que este Tribunal establece que el ultimo salario devengado por el Actor era de 1.223,89 Bolívares, mensuales Así se decide.-
En conclusión y de acuerdo a las actas procesales y a la carga probatoria que tenia la parte demandada, así como a la prueba aportada por la parte actora, se desprende en primer lugar la existencia de relación laboral y así quedo reconocida por la parte demandada en la contestación de la demanda y en la audiencia de Juicio, que la parte accionante ingreso a su trabajo el día 21 de septiembre de 1998 y que finalizo el día 15 de Diciembre de 2010, por despido injustificado, que devengo como ultimo sueldo la cantidad de 1.223,88 mensuales y a la luz de quien juzga, la parte demandada no aporto mayor elemento probatorio que desvirtuara lo alegado por la parte demandante en cuanto a los conceptos demandados. Así se decide.-
Por lo antes expuesto este Tribunal pasa a considerar la procedencia o no de los conceptos y montos demandado:
1. Para el cálculo de la prestación de antigüedad, como quedo establecido que la relación laboral comenzó el 21 de Septiembre de 1.998, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo el cual consagra que después del tercer mes ininterrumpido de servicio el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a (5) días de salario por cada mes.
En consecuencia la parte demandada deberá cancelar a la parte actora por este concepto de Antigüedad Acumulada

A.-la cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON CURENTA Y UN CENTIMOS (14.334,41 Bs.), es decir, monto este reclamado por concepto de antigüedad
B.- Este tribunal acogiéndose al criterio jurisprudencial en cuanto a los cómputos de los días adicionales de prestación de Antigüedad consagrados en el articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece que al trabajador le corresponde por su tiempo de servicio la cantidad de 132 días, por un salario integral de Bs. 60,06 la parte demandada deberá cancelar a la parte actora la cantidad de SIETE MIL NOVECINETOS VEINTISIETE BOLIVARES CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (7.927,92 Bs.), por los dos (2) días que se establece en la ley como adicional.-

2.- Con relación a la solicitud de Indemnización por Despido Injustificado e Indemnización por Preaviso Omitido de acuerdo a los consagrado en el articulo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, este tribunal, observa que la parte demandada en la oportunidad procesal de contestar la demanda, en ningún se opuso a la calificación del motivo de la finalización de la relación de trabajo, por el contrario y en la declaración de parte manifestaron que el despido era injustificado, por ello, este Tribunal así debe declararlo, siendo el numero de días a indemnizar por el patrono 90 y 150 días, por lo que este Tribunal tienen como cierto y así se declara que esos son los días a Indemnizar por el patrono. Sumando la cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE BOLIVARES CON CUARENTA CENTIMOS (14.414,40 Bs.), monto que sale de multiplicar 240 días X 60,06 Bolívares. -

3.- En lo que respecta a la solicitud de vacaciones Fraccionadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo. El monto que deberá cancelar la demandada a la parte actora, es de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLIVARES CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (339,86 Bs.) es decir monto reclamado en este acto, y que resulta de multiplicar 8,33 dias por 40,80 Bolívares.

4.-En lo que respecta a la solicitud del pago de las utilidades, este Tribunal ordena a la demandada a cancelar a la parte actora, Acogiéndonos al principio (iura inovit curia), de que el juez conoce el derecho y aplicando el principio el In dubio pro operario, En este sentido es importante traer a colación lo que ha establecido la Jurisprudencia en sentencia nro. 305 de nuestro máximo tribunal, que nos establece “ en virtud del orden publico de las normas laborales, el quantum de lo condenado por el sentenciador puede ser menor o mayor al señalado por el actor en su libelo de la demanda, ya sea por error de calculo por parte del accionante (o su apoderado judicial), o por una errónea interpretación de la norma laboral. Lo antes aseverado tiene su asidero en que el sentenciador laboral quien conoce el derecho, y son las partes quienes tienen que alegar y probar los hechos, por lo tanto en virtud del reconocida principio “iura novit curia”, es el juez laboral quien en definitiva debe señalar lo que efectivamente le corresponde al trabajador “, criterio este que asume este tribunal como suyo y así se decide. En consecuencia este Tribunal acuerda por concepto de utilidades la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (3.672,00 Bs.), lo que resulta de multiplicar la cantidad de 40,80 por 90 días. Así se decide.

5.-Por concepto de intereses de las prestaciones sociales, la parte demandada deberá pagar al demandante la cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE BOLIVARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (8.429,99 Bs.).
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6.-En cuanto a los intereses moratorios, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Jurisprudencia de la Sala de Casación Social se condena el pago de intereses de mora, los cuales serán calculados con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. Los mismos serán estimados mediante experticia complementaria del fallo rigiéndose para la realización de la misma por los siguientes parámetros: 1.- Serán realizados por un único experto contable designado por el Tribunal de Ejecución. 2.- Serán calculados sobre la cantidad condenada, desde la fecha en la cual termino la relación de trabajo hasta que la sentencia quede definitivamente firme, calculados sobre las tasas de interés fijada por el Banco Central de Venezuela, según lo dispuesto en el articulo 108 literal “c” de la Ley Orgánica del Trabajo. 3.- Para el Cálculo de los enunciados intereses de Mora no operará el sistema de capitalización de los mismos ni serán objeto de indexación. En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, El Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el articulo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

7.- En cuanto a la corrección monetaria o indexación, La Corte Primera en lo Contencioso Administrativa, en sentencia de fecha 09 de mayo de 2007, reafirmo el criterio de que para los casos de pago de Prestaciones Sociales, contra entes publico no procede la Indexación o corrección Monetaria y por cuanto en el presente caso, los conceptos que se reclaman son contra un ente Publico como lo es la Gobernación del Estado Amazonas. Es por lo que estima este Tribunal declarar improcedente En consecuencia vista la imposibilidad de indexar las deudas de los Estados, este Tribunal niega tal solicitud. Así se decide.

8.- En cuanto a las costas procesales, tampoco procede dicha solicitud de acuerdo al criterio reiterado de nuestro máximo Tribunal, en razón a que en los casos donde se vean involucrados los intereses patrimoniales del estado, el mismo no puede ser condenado en costa, aunado a lo establecido en el articulo 76 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de ley de Reforma Parcial del Decreto Con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, que establece que la Republica no puede ser condenada en costa, aun cuando sea declarada sin lugar las sentencias apeladas, se nieguen los recursos interpuestos, se dejen perecer o se desista de ellas. en consecuencia vista la imposibilidad de condenar al estado en costa, este Tribunal niega tal solicitud. Así se decide.-

9.- En cuanto a la Solicitud de Inscripción de la parte actora en el Seguro Social, sobre este particular observa este juzgador, que en la contestación de la demanda la parte demandada no hizo referencia alguna sobre dicha solicitud, teniéndose como cierto lo expresado por la accionante de que la parte patronal incumplió con su obligación, durante Doce (12) años, Dos (2) meses y Veinticuatro (24) días en violación a las disposiciones de la Ley de Seguro Social Obligatorio y su Reglamento. Es por ello que señalamos y así nos sirve de sustento, el deber que tiene el patrono de Inscribir a los trabajadores en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al comienzo de la relación laboral, a los fines de la protección de la seguridad Social en cualquier contingencia, todo ello, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento General de la ley del Seguro Social, el cual establece: ARTÍCULO 63. Los patronos están obligados a inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social dentro de los Tres (3) días siguientes al de su ingreso al trabajo. En caso de incumplimiento, quedan sujetos a las sanciones y responsabilidades que señalen la Ley y el Presente Reglamento, por las consideraciones antes expuestas, resulta procedente en derecho la solicitud de la parte actora, en consecuencia este Tribunal ordena a la parte patronal a que realice las gestiones a que hubiera lugar para la inscripción de la actora por ante el Instituto Venezolano de los Seguros Social y hacer efectivo lo pagos correspondientes al beneficio reclamado por la accionante.- Así se decide.-

DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: SIN LUGAR LA PRESCRIPCION opuesta por la parte demandada GOBERNACION DEL ESTADO AMAZONAS.-
SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de prestaciones sociales, instaurada por el ciudadano AURELIANO RODRIGUEZ GARCIA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-14.564.870, domiciliada en la Población de San Fernando de Atabapo, Municipio Autónomo Atabapo, estado Amazonas .contra la GOBERNACION DEL ESTADO AMZONAS, ambos plenamente identificados en autos. ASI SE DECIDE.
TERCERO: Se ordena a la parte demandada cancelar a la parte actora la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO BOLIVARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs.49.118, 58), por los siguientes conceptos:
La cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTO SESENTA Y DOS BOLIVARES CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (22.262,33 Bs.), por concepto de antigüedad de conformidad con el articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.
La cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 9.792,00), por concepto de indemnización de conformidad con lo establecido en el articulo 125 Ley Orgánica del Trabajo.
La cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLIVARES CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (339,86 Bs.) por concepto de vacaciones fraccionada correspondiente al año 2010.
La cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (3.672,00 Bs.), por concepto de Utilidades Fraccionadas año 2010.
La cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE BOLIVARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (8.429,99 Bs.), por concepto de intereses sobre prestaciones sociales.
CUARTO: En cuanto a los intereses moratorios, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Jurisprudencia de la Sala de Casación Social se condena el pago de intereses de mora, los cuales serán calculados con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. Los mismos serán estimados mediante experticia complementaria del fallo rigiéndose para la realización de la misma por los siguientes parámetros, indicados en la motiva de la presente sentencia:
QUINTO: En cuanto a la corrección monetaria o indexación, y acogiéndonos al criterio de nuestro máximo tribunal y vista la imposibilidad de indexar las deudas de los Estados, este Tribunal niega tal solicitud. Así se decide.
SEXTO: En Cuanto a la Solicitud de la Inscripción en el Seguro Social, este Tribunal ordena a la parte patronal a que realice las gestiones a que hubiera lugar para inscribir y hacer efectivo lo pagos correspondientes al beneficio reclamado por la accionante.- Así se decide.-
SEPTIMO: Se ordena remitir el presente asunto, al Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, a los fines de que realice los cálculos de mora, los cuales serán calculados sobre la cantidad condenada, desde la fecha en la cual terminó la relación de trabajo hasta que la sentencia quede definitivamente firme, calculados sobre las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ASI SE DECIDE.
OCTAVO: No hay condenatoria en costas, por no haber vencimiento total. ASI SE DECIDE.
Publíquese y Regístrese la presente sentencia.

Dada, firmada, sellada y refrendada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, en Puerto Ayacucho a los veintiún (21) días del mes de marzo del dos mil doce. Años 201º de la Independencia y 153º de la Federación.
El JUEZ
ABG. LUIS RODOLFO MACHADO
EL SECRETARIO
ABG. CARLOS LIMA
En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las tres horas de la tarde (03:00 p.m.).
EL SECRETARIO

ABG. CARLOS LIMA