TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO ESTADAL Y MUNICIPAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS
Puerto Ayacucho, 18 de Marzo de 2013
202º y 154º
ASUNTO PRINCIPAL : XP01-P-2012-005476
ASUNTO : XP01-P-2012-005476
ADMISIÓN DE HECHOS

Corresponde a este Tribunal explanar los fundamentos de derecho que sustentan los pronunciamientos judiciales dictados en audiencia preliminar materializada el día 29ENE2013; en la cual se ADMITE la acusación en contra del ciudadano MICHEL JHAN AVARISTO PESQUERA, titular de la cedula de identidad Nº 24.678.498, por la presunta comisión de los delitos ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION, PORTE ILICITO DE ARMAS DE FUEGO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previstos en los artículos 458 y 80, 277, 218 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos ELVIS ORIANA SILVA CHIPIAJE, HUMBERTO RODRIGUEZ ANAYE y FRANCO TORRES YENSY, lo cual se procede a realizar en los siguientes términos:
I
Identificación del acusado:

MICHEL JHAN AVARISTO PESQUERA, titular de la cedula de identidad Nº 24.678.498, de estado civil soltero, de 19 años de edad, de profesión u oficio construcción, nacido el 17-02-1993, hijo de Estermina Pesquera (v) y manifestó no conocer a su padre, residenciado Barrio Cataniapo, Sector la Conejera, casa s/n, cerca de la familia camico, cerca de la Bodega Anai, quien presenta las siguientes características: de piel moreno claro, contextura delgada.
II
De los Hechos y Calificación Jurídica
El Ministerio Público, formuló acusación conforme al artículo 306 del Código Orgánico Procesal Penal, señalando en relación a los hechos (Escrito Acusatorio): en audiencia preliminar de fecha 14ENE2013:
“…Buenas días, ciudadano juez, en fecha 30 de octubre de 2012, siendo aproximadamente las 03:35 horas de la tarde, una vez el ciudadno YENSI FRANCO, en su condicion de gerente de Cpacitacion del Fondo de Turismo Amazonas, regresaba a la oficina, la cual esta ubicada enfrente de la plaza el indio, luega de haber realizado el retiro de la cantidad aproximada de 5.000 Bsf del Banco de Venezuela, a los fines de realizar pagos correspondientes a los empleados de dicha instituciones, entro en dicha oficina el imputado de autos, a mano armada, constriñendo y amenanzando a quienes se encontraban presentes para el momento del hecho, los cuales eran los ciudadanos FRANCO TORRES YENSI, HUMBERTO RODRIGUES ANAVE Y ELVIS ORIANA SILAVA CHIPIAJE, para que le entregara la cantidad de 5.000 Bsf, tomando como rehén a la ciudadana ORIANA RIVAS CHIPIAJE, EN ESE MOMENTO QUIENES SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS LE HACEN ENTREGA DEL DINERO EN MENCION, QUIEN PROCEDIO SEGUIDAMENTE A CONTAR EL REFERIDO DINERO A LOS FINES DE PERCATARSE QUE ESTABA COMPLETO, EN ESE MOMENTO EL S/2 LUQUEZ VANEGAS ENMANUEL DAVID, adscrito al grupo anti extorsión y secuestro del comando regional n° 9 de la guardia nacional, del robo que se estaba llevando a efecto en dicha institución, lo que motivo a solventarla y al entrar, el imputado de autos, fue abordado por el ciudadano humberto rodrigues anave, pero sin embargo este logro apuntar al referido funcionario, haciendo caso omiso al llamado de este, sin embargo el cuidando Wilmer Ramon Guarulla, logra empujar al imputado de auto u juntos logran quitarle el arma, seguidamente se apersona el tte. Angelo Rubio Aguilar, adscrito al grupo anti extorsión y secuestro del comando regional n° 9 de la guardia nacional, quien realiza llamada telefonica a la sede de dicho comando a los fines de solicitar apoyo, acercándose poco después una comisión integrada por dos efectivo de tropa profesional al mando del tte. Wiliams Castro Martinez, en vehiculo militar tipo toyota chasis largo placa gn-2143, conducido por s/1 Navis David Rojas Vielna y como escolta al s/2 Jose Torres Serrano, porteriomente se le hace la respectiva revisión al imputado de autos lográndose en el bolsillo trasero del pantalón su documento de identificación donde se evidencia que el mismo responde al nombre MICHEL JHAN AVARISTO PESQUERA titular de la cedula de identidad Nº 24.678.498, siendo posteriormente traslado hasta el comando del Grupo Anti Extorsión y Secuestro del Comando Regional N° 9 de la Guardia Nacional. (Se deja constancia que el Fiscal narró la Acusación Fiscal que constan en el presente asunto). Se deja constancia que la representación fiscal procede a la lectura de los elementos de convicción recabados en la etapa de investigación y a través de los cuales considera suficientes elementos para fundar la acusación presentada. Ahora bien, a los fines del respectivo Juicio Oral y Público, el Ministerio Público ofrece de acuerdo a lo establecido en el artículo 326 ordinal 5° del Código Orgánico Procesal Penal, como medios de pruebas para ser evacuadas en el juicio oral las siguientes: Se deja constancia que el Fiscal del Ministerio Publico reprodujo de forma oral los medios de Prueba los cuales cursan en el expediente en los folios 115 al 119 ambos inclusive. Por lo que solicito su admisión total, así como las pruebas ofrecidas y promovidas por esta representación se declaren licitas, pertinentes y necesarias para ser evacuadas en el Juicio Oral y Publico, se acuerde en consecuencia el enjuiciamiento y se mantenga la medida preventiva de libertad al ciudadano MICHEL JHAN AVARISTO PESQUERA, titular de la cedula de identidad Nº 24.678.498, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION, PORTE ILICITO DE ARMAS DE FUEGO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previstos en los artículos 458 y 80, 277, 218 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos ELVIS ORIANA SILVA CHIPIAJE, HUMBERTO RODRIGUEZ ANAYE y FRANCO TORRES YENSY. Así mismo solicito el Sobreseimiento por los delitos de ultraje y violencia física. Es todo… ”
En el curso de la audiencia preliminar los imputados impuestos de los preceptos constitucionales y legales correspondientes a la posibilidad de rendir declaración en la audiencia fueron interrogados de manera individual manifestando que no deseaba declarar procediéndose a dejar constancia.
Acto seguido se le confiere el derecho de palabra al defensor Judicial quien se opuso a la admisión de la acusación.
Del Control Formal y Material sobre el Escrito Acusatorio
Esta Servidora de Justicia, luego de oír lo manifestado por las partes y revisado exhaustivamente como ha sido el escrito de acusación y los anexos respectivos, presentados por el Fiscal del Ministerio Público, examinado el escrito acusatorio los medios probatorios ofrecidos, procede a realizar control material y formal sobre el escrito acusatorio, atendiendo a que el Juez no es simple tramitador o validador de la acusación fiscal o del querellante y tal como lo ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia vinculante Nº 1303 del 20 de Junio de 2005, el Juez de Control en la audiencia preliminar debe garantizar que la acusación se perfeccione bajo las actas de investigación ejecutadas, preservando el derecho a la defensa e igualdad entre las partes y considera que en el caso de autos, en lo que respecta ala revisión de los elementos extrínsecos que informan la acusación, se advierte, que el Ministerio Público dio fiel cumplimiento a lo estipulado en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir de su lectura se observa que en él, se han aportados los datos que sirvan para identificar al imputado, sus nombres y sus domicilios o residencia y domicilios y residencia de su abogado Defensor; igualmente existe una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se les ha atribuido, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen a la presente causa, los fundamentos de hecho y de derecho que soportan la imputación, con expresión de los elementos de convicción que motivan la presentación del escrito acusatorio, los preceptos jurídicos penales que resultan aplicables al presente caso; el ofrecimiento detallado de todos y cada uno de los medios de prueba que van a ser presentado en juicio, con indicación de su pertinencia y necesidad; y finalmente la solicitud de enjuiciamiento a los imputados; en cuanto a los elementos de fondo, la investigación agotada por la vindicta pública, proporciona fundamento serio y suficiente para presumir razonablemente que el imputado ha desplegado la conducta típica y antijurídica atribuida, existiendo a criterio de quién decide, suficientes elementos de convicción y pruebas que vinculan al imputado con los hechos atribuidos, lo que se desprende como resultado de la investigación practicada por el Ministerio Público, y con el acervo probatorio colectado y ofertado, a fin de demostrar tanto la corporeidad del delito (experticias; inspecciones técnicas, funcionarios y experta) como la responsabilidad penal de los encausados (testimonios de los funcionarios actuantes en la aprehensión y testigos instrumentales).-
La Calificación jurídica atribuida por el titular de la acción penal a los hechos es compartida por el Tribunal, toda vez que analizadas las circunstancias se advierte el presunto empleo de amenazas a la vida con arma de fuego, asimismo opuso resistencia a la actuación de los funcionarios aprehensores, para despojar a la victima de sus pertenencias.

Una vez constatada la pertinencia, licitud y utilidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral y público por el representante del Ministerio Público, que son el soporte para el Juicio Oral y Público tal y como se evidencia en el escrito acusatorio y pruebas consignadas, este Tribunal admite en su totalidad las pruebas ofrecidas por el Fiscal del Ministerio Público, ya que son lícitos, útiles, necesarias y pertinentes, para probar con ellos la participación directa del acusado en los hechos, de conformidad con lo establecido en los artículos 313 ordinal 9, del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, Gaceta Nº 6078, debiendo ser ratificadas las experticias y documentales por quienes las suscriben para su incorporación por su lectura en el juicio oral y público, conforme a los principios de inmediación, contradictorio, oralidad y derecho a la defensa, tal y como lo señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 1303, de fecha 20-06-2005.

La defensa por su parte se opuso a la admisión de la acusación al respecto se advierte, que los requisitos formales, para intentar la acusación fiscal van referidos a aquellas exigencias extrínsecas, es decir, de forma que debe revestir el escrito de acusación fiscal, los cuales se hayan previstos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal y están referidos a: los datos de identificación y ubicación del imputado y la víctima, la indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen a la presente causa, los fundamentos de hecho y de derecho que soportan la imputación, con expresión de los elementos de convicción que motivan la presentación del escrito acusatorio, los preceptos jurídicos penales que resultan aplicables al caso; el ofrecimiento detallado de todos y cada uno de los medios de prueba que van a ser presentado en juicio, con indicación de su pertinencia y necesidad y finalmente la solicitud de enjuiciamiento al imputado.

En cuanto a la solicitud fiscal relacionada con el decreto de sobreseimiento por los delitos de ultraje y violencia física, este Tribunal acordó la solicitud fiscal por hallarse ajustada a derecho.-

De la Admisión de los Hechos

Una vez admitida la acusación, se procede de conformidad con lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal a explicar e imponer al acusado de la existencia en nuestra legislación del procedimiento especial por admisión de los hechos, la oportunidad procesal en la cual puede aplicarse y sus efectos procesales, se les informó, que la figura jurídica de admisión de hechos comporta el reconocimiento libre y aceptación de los hechos por los cuales acusó el Ministerio Público y se admitió la acusación por el Tribunal de Control, la imposición inmediata de la pena y una rebaja sustancial del quantum de pena conforme a los parámetros establecidos en la norma, manifestando la misma a viva voz haber comprendido el contenido y alcance de este procedimiento especial, de seguida el Tribunal se dirige a los acusados quienes se encuentran libres de apremio y coacción y se le interroga respecto a si desea admitir los hechos, manifestando el imputado que admite los hechos atribuidos.
En este estado el Tribunal procede al cálculo dosimétrico correspondiente a los fines de proceder a la condena e imposición de pena del acusado, con fundamento en la admisión de hechos que se ha verificado, en ese sentido procede esta servidora de justicia a explanar in extenso los fundamentos jurídicos que sustentan la decisión en referencia, a ese respecto, se observa:
El sistema acusatorio actual se edifica sobre la base del principio de presunción de inocencia, aunado a del juicio previo y debido proceso como mecanismo para desvirtuar esta presunción y establecer la culpabilidad en base a un juicio de reproche, como fundamento de una sentencia condenatoria.
El Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 375, disposición reformada en fecha 04SEP09, instituye el procedimiento especial de admisión de hechos, el cual aparece redactado en los siguientes términos:

“El procedimiento por admisión de los hechos procederá en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación o ante el tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del debate.
En caso de que el juzgamiento corresponda a un tribunal mixto, el acusado o acusada podrá solicitar el presente procedimiento una vez admitida la acusación y hasta antes de la Constitución del Tribunal.
El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.
En estos casos, el juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta.
Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o previstos en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio.
En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la sentencia dictada por el juez, no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente.”Negrillas y Subrayado del Tribunal.-

La admisión de hechos, se configura en nuestro derecho como una institución novedosa que carece de antecedentes o instituciones similares en el Derecho Procesal Penal Venezolano, por lo que la doctrina lo ubica en el plea guilty americano (declaración de culpabilidad) y en la conformidad española, la cual confiere al justiciable la posibilidad de reconocer y admitir como propia el despliegue de una conducta típica y antijurídica, reprochada por el Estado, en ejercicio del ius puniendi al imputable, relevando de la carga probatoria en un juicio oral, toda vez que este reconocimiento libre, espontáneo, consciente y voluntario del hecho como propio y la solicitud de imposición inmediata de la pena, destruye la presunción de inocencia, procediéndose de inmediato a la imposición de la condenatoria de ley, con prescindencia del juicio oral y público y con efectos sobre de la pena.
La Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22ABR2005, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, refiriéndose al procedimiento especial por admisión de los hechos, ha sostenido:
“… el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público y con la condena del imputado, que, a pesar, de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso contempladas en el Capítulo III, Titulo I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios, cumple la misma función: pone fin a la proceso. Del análisis del señalado artículo 376 se coligen los requisitos para que proceda la admisión de los hechos, el primero de ellos, es la admisión por parte del juez de control, en la audiencia preliminar, de la acusación presentada por el Ministerio Público, cuando se trate del procedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado –delitos flagrantes, cualquiera que sea su pena, delitos con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en su límite máximo o delitos que no ameriten pena privativa de libertad- una vez presentada la acusación y antes que el juez de juicio de inicio al debate. El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del imputado de los hechos objeto del proceso –los comprendidos dentro de la acusación- y la solicitud de la imposición inmediata de la pena.”(Negrillas del Tribunal)

Del fragmento jurisprudencial trascrito, se desprenden los requisitos que en interpretación del artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, deben preexistir para la procedencia de la admisión de hechos, así vemos que en el caso examinado y en el curso del procedimiento ordinario, fue admitida la acusación fiscal y de seguida este Tribunal procedió a imponer al acusado de este procedimiento, manifestando el mismo haber comprendido el contenido y alcance de este procedimiento especial y manifestando su voluntad libre de acogerse al mismo.

En el orden de lo expuesto, resulta importante hacer constar, que la admisión de hechos, dada su doble finalidad, véase Sentencia Sala de Casación Penal, de fecha 03AGO2007, en la cual se estableció: “…la intención del legislador al crear la figura de la admisión de los hechos no es otra que procurar un beneficio para ambas partes, para el Estado, celeridad y economía procesal y para el acusado, una rebaja sustancial de la pena que se le ha de imponer por ese hecho punible reconocido…”, limita la oportunidad procesal para su aplicación y se establece en todo supuesto procedimental (procedimiento ordinario o abreviado), luego de admitida la acusación y antes de la apertura del juicio oral y público, toda vez que al permitirse su aplicación y consecuencias procesales una vez aperturado el mismo, se desnaturaliza uno de sus objetivos, ya que la celeridad y economía procesal no se verificaría con un juicio agotado, criterio este pacífico en la jurisprudencia patria; así se observa que la Sala de Casación Penal, del Máximo Tribunal ha establecido: “La admisión de los hechos si se aplica correctamente puede ser un instituto muy eficaz para poner fin a un gran número de procesos, en los cuales por reconocer el imputado los hechos que se le imputan, resultaría inútil u ocioso, además de oneroso para el Estado, continuar con un proceso penal que puede definirse allí mismo; pero si por el contrario su utilización o aplicación se hace en forma errada, alterando su fin o naturaleza bien sea por el Juez, el Ministerio Público o cualquiera otra de las partes, más bien va a surgir como un instrumento para desviar la justicia y hasta crear un estado de impunidad, que constituye el principal reclamo a la Justicia Penal en los actuales momentos”. (Sentencia N° 070, de fecha 26 de febrero de 2003).”
A ese respecto se observa, que este Tribunal impuso al acusado, de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, en dicha imposición se explicó claramente el contenido y alcance del procedimiento especial por admisión de los hechos, sus implicaciones y consecuencias jurídicas, siendo ello trascendental, toda vez que a los fines de cumplir el propósito del mencionado instituto procesal y evitar vicios en su aplicación, el acusado debe comprender e internalizar el alcance del procedimiento, en ese sentido la Sala de Casación Penal, ha precisado: “Por ello la aceptación de los hechos descritos en la acusación, luego de su admisión parcial o total por parte del Juez de Control o de Juicio debe efectuarse de modo simple y claro, sin condición alguna que desvirtúe la aplicación del referido procedimiento especial y de allí la necesidad de que el Juez de Control, instruya sobre estos aspectos al imputado, a los fines de evitar confusiones, tal como lo prevé el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal (hoy 375 ejusdem)”. (Sentencia N° 430, de fecha 12 de noviembre de 2004, Sala de Casación Penal).
Una vez interrogado por el Tribunal, el acusado manifestó de forma libre, que admite los hechos plasmados en la acusación fiscal previamente admitida por el Tribunal de Control, lo que debe entenderse como el reconocimiento puro y simple por parte del acusado de los hechos o elementos fácticos plasmados en la acusación fiscal, (circunstancias de tiempo, modo y lugar), toa vez que la calificación jurídica corresponde al Ministerio Público o Juez, acusación fiscal que de modo previo fuese controlada y decantada por el órgano jurisdiccional -Juez-, en la audiencia preliminar.
Relacionado con lo expuesto, la Sala Constitucional, en sentencia Nº 1.106, del 23-05-2006, bajo la ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, precisó: “cuando el acusado accede a reconocer su participación o coparticipación en esos hechos, afirma su ejecución en aquellos elementos fácticos que han sido precisados por la parte acusadora, es decir, el tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los mismos. Da su consentimiento o acepta, en forma pura y simple, que ejecutó un comportamiento activo u omisivo”.(Negrillas y subrayado del Tribunal)
Así las cosas, debe entenderse que la admisión de hechos realizada por la acusada, de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, ha desvirtuado la presunción de inocencia que a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela amparaba al acusado quien ha reconocido de forma libre y espontánea los hechos que le adjudica la parte acusadora, en aplicación del procedimiento especial de admisión de hechos, por lo cual lo procedente y ajustado a derecho es proceder como en efecto a prescindir del juicio y a dictar sentencia condenatoria y a la imposición inmediata de la pena, con las consecuencias de ley. Y así se decide.-

IV
DE LA PENALIDAD

Procede el Tribunal con fundamento en la admisión de hechos materializada por el acusado, a efectuar cálculo dosimétrico a los fines de establecer la pena que en definitiva corresponderá cumplir al acusado, en ese sentido se observa:

El acusado MICHEL JHAN AVARISTO PESQUERA, titular de la cedula de identidad Nº 24.678.498, ha admitido la comisión del delito de Robo Agravado Frustrado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, concatenado con el artículo 80 del Código Penal.
De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Código Penal, se toma el término medio de la pena, siendo trece (13) años y seis (06) meses de prisión, el cual se disminuye al mínimo legal, atendiendo a las atenuantes reguladas en el artículo 74.1.4 del Código Penal, esto es, contar el acusado con menos de 21 años para el tiempo de cometer el hecho y no poseer antecedentes penales lo cual a criterio del Tribunal aminora la gravedad del hecho, siendo el límite mínimo de diez (10) años y un tercio por la frustración conforme al artículo 82 del Código Penal, asimismo el delito de Porte Ilícito de Arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, con un término medio de cuatro años, disminuyéndose al mínimo, quedando en tres (03) años, y Resistencia a la Autoridad, siendo el límite mínimo de un (01) mes, se procede conforme a las reglas para el concurso real del artículo 88 del código Penal, y observamos que la pena aplicable disminuida en un tercio por admisión de los hechos, de conformidad con lo previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, es de cinco (05)años dos (02) meses y diez (10) días de prisión, mas las accesorias del Ley de conformidad con lo previsto en los artículos 37, 74.1.4, 88 del Código Penal y 375 del Código Orgánico Procesal Penal.

Así las cosas, la pena corporal que en definitiva debe cumplir el acusado es de cinco (05) años dos (02) meses y diez (10) días de prisión, mas las accesorias del Ley de conformidad con lo previsto en los artículos 37, 74.1.4, 88 del Código Penal y 375 del Código Orgánico Procesal Penal.; y, siendo la pena aplicada de prisión, forzosamente se deben imponer las accesorias a las que se refiere el artículo 16 del Código Penal. Así se decide.-

IV
DISPOSITIVA

Este TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: En aplicación del procedimiento especial de admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal CONDENA al ciudadano MICHEL JHAN AVARISTO PESQUERA, titular de la cedula de identidad Nº 24.678.498, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos en los artículos 458 y 80, 277 y 218 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos ELVIS ORIANA SILVA CHIPIAJE, HUMBERTO RODRIGUEZ ANAYE y FRANCO TORRES YENSY, a cumplir la pena de cinco (05) años, dos (02) meses y diez (10) días de prisión.-
SEGUNDO: Se condena al acusado ut supra, a cumplir las penas accesorias contenidas en el artículo 16 ejusdem.
TERCERO: Se MANTIENE la medida de privación judicial preventiva de libertad y se decreta medida cautelar sustitutiva a la Privación de Libertad.
CUARTO: Se señala fecha provisional para el cumplimiento de la pena el 10/01/2018
QUINTO: No hay condenatoria en costas en atención a lo previsto en el artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Publíquese, regístrese, déjese copia de la presente sentencia.
Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, a los 18 días del Mes de Marzo del año Dos Mil Trece (2013). 202° años de la Independencia y 153° años de la Federación.

YOSMAR DAILYN ROSALES REQUENA
LA JUEZA PRIMERO DE CONTROL,

AIXA MALDONADO
LA SECRETARIA