TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DE MUNICIPIOS ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS ATURES Y AUTANA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO AMAZONAS.
Puerto Ayacucho, cuatro (04) de agosto de dos mil catorce (2014).-
203° y 155°
EXPEDIENTE Nº: 2012-326
MOTIVO: INSPECCION JUDICIAL
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
-I- DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
SOLICITANTE: Abogados Kaly Nereida Barrios de Fernández y Miguel Ángel Fernández López, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Números V-8.949.320 y V-8.948.214, inscritos en el Impreabogado bajo los Nros. 65.723 y 57.014, respectivamente, apoderado judicial de los ciudadanos Alicia González de Gutiérrez, Niruma Aurora Gutiérrez de Silverio, Maryori Nicolasa Gutiérrez González y Moisés Enrique Gutiérrez Guerrero, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nro. V- 8.902.125, V-17.105.983, V-21.107.680 y V-12.114.463, respectivamente.
-II- SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO
La presente solicitud de INSPECCION JUDICIAL se inició por escrito presentado el 14 de marzo de 2012, por los Abogados Kaly Nereida Barrios de Fernández y Miguel Ángel Fernández López, en sus condiciones de apoderados judiciales de los ciudadanos Alicia González de Gutiérrez, Niruma Aurora Gutiérrez de Silverio, Maryori Nicolasa Gutiérrez González y Moisés Enrique Gutiérrez Guerrero, todos identificados plenamente.-
El 16 de marzo de 2012, el tribunal dicto auto de admisión de la solicitud, y fijo el 26 de marzo de 2012, la oportunidad para evacuar la presente solicitud de inspección judicial.
El 26 de marzo de 2012, se dejo constancia que no se practico la inspección aquí acordada, por incomparecencia de la parte solicitante.
-III- MOTIVACIONES PARA DECIDIR
En el presente caso, los ciudadanos Kaly Nereida Barrios de Fernández y Miguel Ángel Fernández López, actuando en condición de apoderados judiciales de los ciudadanos Alicia González de Gutiérrez, Niruma Aurora Gutiérrez De Silverio, Maryori Nicolasa Gutiérrez González y Moisés Enrique Gutiérrez Guerrero, interpusieron ante este tribunal solicitud de inspección judicial de la sede donde funciona el CENTRO MEDICO AMAZONAS, C.A., ubicado en la Avenida Rómulo Gallegos de esta ciudad de Puerto Ayacucho Municipio Atures del estado Amazonas……”.
Ahora bien, este tribunal observa que de las actas que conforman el expediente, se verifica que desde el 14 de marzo de 2012, oportunidad en la cual los abogados Kaly Nereida Barrios de Fernández y Miguel Ángel Fernández López Kaly Nereida Barrios de Fernández y Miguel Ángel Fernández López, en sus caracteres de autos, presentaron escrito solicitando la practica de dicha medida, hasta la presente fecha, ha existido una total inactividad en el presente procedimiento, sin que efectivamente haya realizado acto alguno en el proceso que demostrara su interés en la tramitación de la presente solicitud, situación que evidencia ausencia de actividad procesal por más de un año.
En este sentido, se aprecia que el interés que manifestó la parte solicitante cuando acudió a los órganos del Estado, debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma. El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda o solicitud, respectivamente, y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 416/2009).
El interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 686/2002). Dicho interés ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Por ello, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 256/2001).
En tal sentido, la Sala Constitucional ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia.
Al efecto, se aprecia que en el presente caso, la inactividad procesal se encuadra después de la admisión de la causa sin haber culminado el procedimiento para evacuar lo peticionado, en atención a ello, debe citarse lo dispuesto en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “Art. 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”.
La norma citada tiene como finalidad que, de oficio, el tribunal sancione procesalmente la inactividad de la parte accionante, sanción que se verifica de pleno derecho una vez que se compruebe el supuesto de hecho que la sustenta, esto es, el transcurso del tiempo. En el caso de autos, se aprecia que desde el 14 de marzo de 2012 hasta la presente fecha, la parte solicitante no manifestó interés en la solicitud, excediendo dicho lapso del año establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este tribunal declara consumada la perención de la instancia, en virtud de la extinción del proceso, ya que no se aprecia ninguna causa de orden público en la resolución de la presente solicitud. Así se decide.
-IV- DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho explanados anteriormente, este Tribunal de Ordinario de Municipio y Ejecutor de Medidas de los Municipios Atures y Autana de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por potestad que emana de los ciudadanos y ciudadanas, y por autoridad de la Ley, declara: CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la solicitud de INSPECCION JUDICIAL interpuesta el 14 de marzo de 2012, por los abogados Kaly Nereida Barrios de Fernández y Miguel Ángel Fernández López, actuando en sus condiciones de apoderados judiciales de los ciudadanos Alicia González de Gutiérrez, Niruma Aurora Gutiérrez De Silverio, Maryori Nicolasa Gutiérrez González y Moisés Enrique Gutiérrez Guerrero, antes identificados, en un inmueble constituido por una parcela identificada con el Nº 37 y una vivienda ubicada en el parcelamiento pinto Guayamare, de esta ciudad de Puerto Ayacucho Municipio Atures del estado Amazonas……”.
Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia certificada en el copiador de sentencia.
Dada, firmada, refrendada y sellada en el despacho del Juez del Tribunal Ordinario de Municipio y Ejecutor de Medidas de los Municipios Atures y Autana de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, en Puerto Ayacucho, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil catorce (2014). A los 203° años de la Independencia y a los 155° años de la Federación.
El Juez,

TRINO JAVIER TORRES BLANCO EL SECRETARIO,

ABOG. CARLOS A. HAY C.
En esta misma fecha cuatro (04) del mes de agosto de dos mil catorce (2014), siendo las 12:20 p.m., se publicó y se registró la decisión que antecede, previo anuncio de ley.
El Secretario,

ABOG. ABOG. CARLOS A. HAY C.
Exp.- Nº 2012-326