TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO AMAZONAS
Puerto Ayacucho, 07 de abril de 2015
204° y 155°

De la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente y de los criterios jurisprudenciales que en materia de competencia orbitan casos de la naturaleza del presente, surge menester hacer la siguiente consideración: En fecha 25-03-2015, la ciudadana PAULA MANYULY RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad número V-10.923.572, asistida por el abogado CARLOS RAÚL ZAMORA VERA, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 29.492, interpuso demanda de partición y liquidación de la comunidad de bienes, alegando al efecto que, demanda a los ciudadanos PATRICIA INES QUINTERO ESTRADA, MARIA ALEJANDRA QUINTERO ESTRADA, GUSTAVO ADOLFO QUINTERO ESTRADA y a la niña BETANIA GLADYSMAR QUINTERO MORILLO, para que convengan en la partición y liquidación de la comunidad dejada por el difunto GUSTAVO ADOLFO QUINTERO TORRADO, a fin de que se le adjudique y entregue sin plazo alguno, la cuota parte del cincuenta por ciento (50%) que le corresponde en la comunidad ordinaria de bienes.
Pues bien, en relación con la competencia de los Tribunales para conocer de las causas de partición en las cuales estén involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, dispone el artículo 788 del Código de Procedimiento Civil: “ Lo dispuesto en este Capítulo no coarta el derecho que tienen los interesados para practicar amigablemente la partición; pero si entre los interesados hubiere menores, entredichos o inhabilitados, será necesaria la aprobación del tribunal competente, según el Código Civil y las Leyes especiales.” Por su parte, el parágrafo cuarto del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, le otorga a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la competencia para conocer de la “Demandas patrimoniales en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el procedimiento”.
Dicho lo anterior, este operador de justicia advierte: En sentencia N° 1951, de fecha 15-12-2011, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció el criterio jurisprudencial relativo a la determinación del órgano judicial competente para conocer y decidir asuntos en los que estén involucrados intereses y derechos de niños, niñas y adolescentes. En dicho fallo, el máximo Tribunal de la República dejó sentado:
“…a través de la sentencia N° 44 de fecha 2 de agosto de 2006, publicada en fecha 16 de noviembre de 2006 ( Caso: Sucesión Carpio de Monro cesarían), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia expresó lo siguiente: … la Exposición de Motivos de la referida ley, punto de referencia para indagar sobre la intención del Legislador, señala lo que se indica a continuación: “(…) Puntal del nuevo sistema es la concepción del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, órgano jurisdiccional especializado para conocer todos los asuntos que afecten directamente la vida civil de niños y adolescentes, en materia de familia, patrimoniales y laborales (…) Esto evidencia la magnitud de la importancia del Tribunal, diseñado para una especial, integral y cabal protección (…)”. (Destacado de la Sala)
De allí que la conjugación de un sistema de interpretación gramatical, relativo al sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí, y el sistema lógico de interpretación, relativo a la intención del legislador, lleva a esta Sala a concluir que los asuntos de carácter patrimonial en los que figuren niños y adolescentes, independientemente de que sean demandados o demandantes, deben ser competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente; más aún si se piensa que estos Tribunales cuentan con especialistas en las distintas materias y servicios propios para una especial, integral y cabal protección de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional(…)
De esta manera, incluso antes de la reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, quedó claramente establecido que el ámbito material de competencia de los órganos de la jurisdicción especial de protección de niños y adolescentes debe extenderse a todos los asuntos de carácter patrimonial en los que se encuentren involucrados niños, niñas o adolescentes, independientemente del carácter con que éstos intervengan en el proceso, criterio éste contenido en la disposición actual del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.
De tal manera que, no cabe duda de que la competencia para el conocimiento del asunto corresponde a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así se establece” (negritas de este Tribunal).

Ahora bien, por cuanto en el presente caso se solicita la partición y liquidación de la comunidad de bienes, y la demandante ha afirmado que existe una persona que aun se encuentran en etapa de niñez, resulta conforme a derecho declarar la incompetencia por la materia de este Tribunal de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito, como en efecto se declara, y, en consecuencia, declinarla en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución con competencia en el Régimen Procesal Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Circuito Judicial de Protección de Niño, Niñas y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas. Así se decide.
Remítase el presente expediente al Tribunal competente, una vez transcurrido el lapso establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, si no se hubiere solicitado la regulación de la competencia.
El Juez Titular,

MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
La
Secretaria

MERCEDES HERNÁNDEZ TOVAR
En esta misma fecha, siendo las 3:00 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia.
La Secretaria

MERCEDES HERNÁNDEZ TOVAR

Exp. N° 2015-7019
Delia