TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: AMERICA VIVAS HIDALGO
EXP Nº: 001277
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

PARTE DEMANDANTE Y RECURRENTE: ROSALBA CASTILLO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10. 924. 927.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: GLADIS QUIÑONES, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 12.628.763, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 103.191.

PARTE DEMANDADA: MARELIS JOSEFINA ARMAS VILLARROEL, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 12.187.097.

MOTIVO: APELACIÓN.
CAPITULO I
SINTESIS DE LA CONTROVERSIA
Suben las presentes actuaciones a esta Alzada, en fecha 06OCT2014, en virtud del Recurso de Apelación ejercido por la Abogada GLADIS QUIÑONES, en su condición de apoderada judicial de la ciudadana ROSALBA CASTILLO, antes identificada, en contra de la decisión de fecha 12AGO014, proferida por el Juzgado de Municipios Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Atures y Autana de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, en el asunto signado con el Nº 2014- 2266 (nomenclatura del Tribunal A-quo), contentivo de la inadmisibilidad sobrevenida de cumplimiento de contrato interpuesta el 07AGO2014, por la ciudadana ROSALBA CASTILLO.

Al respecto este Tribunal Superior, hace un recurrido del iter procesal por ante esta alzada:

En fecha 06OCT2014, se dio por recibido el presente asunto y de conformidad con lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil se fijó para el décimo (20°) día de despacho siguiente contados a partir de la presente fecha, la oportunidad para que tenga lugar la presentación de informes; designándose como ponente a la Jueza LUZMILA YANITZA MEJÍAS PEÑA, según el libro de distribución llevado por este Tribunal.
Ahora bien en fecha 07 de Enero del 2015, en virtud de la aprobación del periodo vacacional otorgado a la Jueza LUZMILA MEJÍAS PEÑA, se aboca al conocimiento del presente asunto la Jueza AMERICA VIVAS HIDALGO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 14 de Noviembre de 2014, se recibió escrito de informes suscrito por la abogada GLADIS QUIÑONES, en su condición de apoderada judicial de la ciudadana ROSALBA CASTILLO.

En fecha 17 de Noviembre de 2014 se abre el lapso para que la parte presente observaciones escritas a los informes antes mencionados, conforme a lo establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 03 de Diciembre de 2014 vence el lapso para la presentación de las observaciones a los informes presentados por la abogada GLADIS QUIÑONES, en su condición de apoderada judicial de la ciudadana ROSALBA CASTILLO, y estando dentro del lapso legal correspondiente que establece el artículo 521 del Código Procedimiento Civil, se procede a dictar sentencia, esta Superioridad lo hace en los siguientes términos:

CAPITULO II
DE LA COMPETENCIA
Previo el análisis de fondo del presente recurso de apelación, considera esta Corte de Apelaciones, oportuno pronunciarse sobre su competencia para conocer del mismo.
En este orden de ideas, el articulo 289 de nuestra norma adjetiva civil establece: “De las sentencias interlocutorias se admitirá apelación solamente cuando produzcan gravamen irreparable".” Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su articulo 63, numeral 2, establece: “Son deberes y atribuciones de las Cortes de Apelaciones, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones…2° da Instancia en Materia Civil) Conocer en apelación de las causas e incidencias decididas por los tribunales de primera instancia en lo civil, y de los recursos de hecho…”. Si bien la decisión impugnada no resolvió el fondo del asunto al impedir la continuación del mismo tiene el carácter de interlocutoria con fuerza de definitiva, por lo tanto causa un gravamen irreparable, en consecuencia es recurrible por esta alzada.
Así mismo es de indicar la decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia signada con el Nº 49, de fecha 10 de Marzo de 2010, así como la resolución publicada en Gaceta Oficial Nº 39.152, de fecha 02 de Abril de 2009, donde se ha establecido lo siguiente:
“… siendo que por vía de consecuencia, las apelaciones que se interpongan contra las decisiones dictadas por los referidos Juzgados de Municipio, los cuales actuaran como Jueces de Primera Instancia, deberán, ser conocidas por los mismos Tribunales que conocerían las proferidas por los Jueces de Primera Instancia, esto es, los Juzgados Superiores con Competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial, a la que pertenece el Juzgado de Municipio…”
Normativa esta que atribuye la competencia a esta Alzada, por lo que se declara competente para conocer. Así se decide.

CAPITULO III
DE LA DECISIÓN RECURRIDA

El Juzgado de Municipios Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Atures y Autana de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, en fecha 12AGO2014, estableció que:

“…omissis…
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho explanados anteriormente, este Tribunal de Ordinario de Municipio y Ejecutor de Medidas de los Municipios Atures y Autana de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por potestad que emana de los ciudadanos y ciudadanas, y por autoridad de la Ley, declara: LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE DEMANDA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO interpuesta el 07 de agosto de 2014, por la ciudadana Rosalba Castillo, antes identificada, en contra de la ciudadana Marelis Josefina Villaroel, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 12.187.097.…”

CAPITULO IV
ALEGATOS DE LA PARTE APELANTE

En fecha 13AGO2014, la Abg. GLADIS QUIÑONES, inscrita en el Inpreabogado, bajo el Nº 103.191, en su condición de apoderada judicial de la ciudadana ROSALBA CASTILLO, antes identificada, interpuso Recurso de Apelación en contra de la decisión de fecha 12AGO2014, proferida por el Juzgado de Municipios Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Atures y Autana de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, alegando lo siguiente:

“…Omissis…vista la interlocutoria dictada por este Tribunal con fecha 12-08-14, Apelo de la misma. Igualmente solicito se me expida copia simple de los folios nueve (09) al 17. omissis …”

CAPITULO V
DE LOS INFORMES

En fecha 14 de Noviembre del 2014, la abogada GLADIS QUIÑONES, en su carácter antes indicado, presentó informes en los siguientes términos:
Omissis…
“…Ciudadanos Magistrados, el juez a quo emite juicio de valor al presumir que la casa vendida por la ciudadana MARELIS JOSEFINA ARMAS VILLARROEL, supra identificada, constituye vivienda principal de ella y acuerda la inadmisibilidad de la demanda, porque a su decir, no se acompañó la documental del cumplimiento previo ante el Ministerio de Hábitat y Vivienda. En este sentido el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala de Casación Civil en Ponencia Conjunta en el expediente AA20-C-2012-712 de fecha 17-04-2013, interpretó todos y cada uno de los artículos del Derecho con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas…Omissis…

En este sentido, el artículo 1° del mencionado Decreto con Fuerza de Ley, en la sentencia supra transcrita se analizó el objeto de la Ley, respecto del cual se especificó la obligación de protección a las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios, ocupantes y usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, contra medidas preventivas o ejecutivas que pretendan interrumpir o cesar la posesión legitima que ejercieren tales sujetos, o cuya práctica comporte la perdida de la posesión o tenencia del inmueble. Sobre este particular, la Sala dejó claro que el mencionado Decreto Ley se aplica sólo respecto del inmueble que sirve de vivienda principal para el grupo familiar, el cual es objeto de protección contra las medidas administrativas o judiciales que impliquen su desposesión o desalojo.

Por otra parte, en relación con la posesión que merece objeto de protección por parte de este nuevo cuerpo Legal, esta Sala considera importante advertir que la posesión, tenencia u ocupación a que se refiere la ley debe de ser lícita, es decir, tuteladas por el derecho.

Esta Sala considera imprescindible referirse a los presupuestos que deben cumplirse para considerar por parte de la administración de justicia las causales de inadmisibilidad de la demanda, las cuales una vez velicadas impiden el conocimiento de fondo del asunto. Sobre el particular, la jurisprudencia ha sostenido que las causales de inadmisibilidad deben estar contenidas expresamente en un texto legal, por lo que no podrá declararse la inadmisibilidad de una acción o un recurso, sin que la causal se encuentre expresamente contenida en ley. Además, el examen de dichas causales debe aparecer justificado y proporcional conforme a las finalidades que persigan los instrumentos que las contengan, es decir, el juicio de razonabilidad y proporcionalidad es el que resulta trascendente. De allí que, una decisión de inadmisibilidad meramente procesal, dictada debido a la concurrencia de un motivo legalmente previsto que impidiere el examen del fondo es constitucionalmente admisible, si se parte de que tales formas del procedimiento son instrumentales, es decir, que están dispuestas al servicio de la justicia material.

Ahora bien, es importante señalar Ciudadanas Magistrados que el artículo 1) busca proteger a las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios, ocupantes y usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, pero en el caso que nos ocupa la ciudadana MARELIS JOSEFINA ARMAS VILLARROEL, parte demandada, no es ni ha sido arrendataria, comodataria, deudora hipotecaria y mucho menos tenedora legitima para poder tener el derecho a ser protegida por el Decreto Ley contra Desalojos Arbitrarios.

Vale la pena preguntarse: ¿por que el Estado debe obligar a una persona propietaria de un inmueble, que dispone venderlo a otra, continuar en posesión del mismo? ¿Donde queda el derecho del comprador de buena fe, a obtener la posesión del inmueble comprado, si ha pagado a la vendedora el dinero pactado entre ellas para la transferencia de la propiedad del bien?

A todo evento, con el ánimo de lograr pronta solución a su problema, mi representada, procedió en fecha 22-08-14, a solicitar el inicio del procedimiento Administrativo ante el Superintendente de Vivienda y Hábitat de Estado Amazonas, tal como consta en anexo marcado “A”. En fecha 27-018-14, a través del oficio numero 0113-SUANIVI-MC, le informan que debe dirigirse ante la Supersentencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda del Estado Amazonas, (SUNAVI), habiéndolo hecho en fecha 28-08-14, recibida en esa dependencia el 01-09-14, tal como consta en anexo marcado” B “ En fecha 15 de Octubre del año en curso, se nos Notifica el inicio del Procedimiento, acto que debía realizarse el día 06 de Noviembre del año en curso, anexo mercado “C”. Legando el día 06 de Noviembre se Defiere el Acto, por los motivos que constan en el anexo marcado “D”.

Ciudadanas Magistradas, ustedes se preguntarán por que traigo esto a colocación en este acto? La respuesta es, porque el día 06 de Noviembre oportunidad en que acudimos ambas partes a la Audiencia Conciliatoria, en el INAVI, fuimos informados por la Consultora Jurídica quien es la Coordinadora del SUNAVI -Amazonas, que el día que se realice la Audiencia, va a ser solamente para dejar constancia de que ellos no son competentes para realizar este procedimiento, por cuanto la propietaria del inmueble objeto de la negociación, no está amparada por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra Desalojos Arbitrarios. Entonces, ante esta situación es oportuno saber ante quien se obtiene protección jurídica en estos casos?

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas en nombre de mi representada ROSALBA CASTILLO, identificada en autos, solicito respetuosamente se declare CON LUGAR la Apelación con la correspondiente orden de Admisión de la demanda que por Cumplimiento de Contrato fue interpuesta en contra de la ciudadana MARELIS JOSEFINA ARMAS VILLARROEL…Omissis…

CAPITULO VI
DE LAS OBSERVACIONES A LOS INFORMES
Se evidencia que en fecha 17 de Noviembre del 2014, se apertura el lapso para la presentación de las observaciones escritas a los informes presentados por la abogada GLADIS QUIÑONES, feneciendo el mismo el día 03 de diciembre del 2014, no presentándose observaciones a los mismos.

CAPITULO VII
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Indicado lo anterior, este Tribunal Superior pasa a decidir y lo hace en los siguientes términos:
La presente demanda se interpone por ante el Juzgado de Municipios Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Atures y Autana de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, por la ciudadana ROSALBA CASTILLO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.924.927, debidamente asistida por la abogada GLADIS QUIÑONES titular de la Cédula de Identidad V-12.187.097, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 103.191, en virtud de venta con pacto de retracto por el termino de un año que le hiciere la ciudadana MARIELIS JOSEFINA ARMAS VILLARROEL, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 12.187.097, solicitando la demandante lo siguiente: “En el caso de marras ciudadano Juez, se peticiona la “obligación de dar” de la vendedora (tradición strictu sensu) o entrega material del inmueble vendido, puesto que no lo tengo en mi poder o posesión y para el Casio que no convenga ello, pido efectivamente que este tribunal condene a la demandada a hacer dicha entrega de la propiedad que se materializa y agota con la declaración hecha por el Tribunal de esa relación contractual de compra venta con pacto de retracto perfeccionada, cuya posible ejecución es suplir la voluntad de la parte demandada en entregarme y ponerme en posesión de “el mueble” objeto de la compraventa, que declara la voluntad real manifestada por las partes en el contrato para que surta sus efectos legales”.

En fecha 12AGO2014, el Tribunal Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Atures y Autana de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, dicto decisión mediante la cual declara Inadmisible la demanda por no agotar el procedimiento previo establecido en el Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.

Al respecto, esta alzada observa que con el objeto de brindar protección jurídica de los arrendatarios, comodatarios, ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, trae a colación lo establecido piel el Ejecutivo Nacional, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación arbitraria de Viviendas, vigente desde el 6 de mayo de 2011, fecha en que fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.668, que prevé en sus artículos 1º al 5º lo siguiente:
“OBJETO
Artículo 1º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto la protección de las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, así como las y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legítima que ejercieren, o cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda.
Sujetos objeto de protección
Artículo 2º. Serán objeto de protección especial, mediante la aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las personas naturales y sus grupos familiares, que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarias o arrendatarios, comodatarias o comodatarios, así como aquellas personas que ocupen de manera legítima dichos inmuebles como vivienda principal.
El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberá aplicarse además en protección de las adquirientes y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, cuando sobre dichos inmuebles, destinados a vivienda principal, se hubiere constituido garantía real, siendo susceptible de ejecución judicial que comporte la pérdida de la posesión o tenencia.
Ámbito de aplicación
Artículo 3º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley será de aplicación en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela de manera preferente a todas aquellas situaciones en las cuales, por cualquier medio, actuación administrativa o decisión judicial, alguno de los sujetos protegidos por este Decreto-Ley, sea susceptible de una medida cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal.
Restricción de los desalojos y desocupación forzosa
De viviendas
Artículo 4º. A partir de la publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojo forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de protección indicados en este Decreto Ley, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos, para tales efectos, en el presente Decreto-Ley.
Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este Decreto-Ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto-Ley, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, tales procesos continuarán su curso.
Procedimiento previo a las demandas
Artículo 5º. Previo al ejercicio de cualquier otra acción judicial o administrativa que pudiera derivar en una decisión cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal, en perjuicio de alguno de los sujetos protegidos por este Decreto-Ley, deberá tramitarse por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento descrito en los artículos subsiguientes.” (Subrayado y negrilla de este Tribunal Superior).

Así entonces, se evidencia que el indicado Decreto fue dictado con la finalidad de proteger a cualquier persona que se encuentre ocupando legítimamente un bien inmueble destinado a vivienda principal y supeditó las demandas que pudieran derivar en una decisión que comportase la pérdida de la posesión o tenencia de estos inmuebles, al trámite previo del procedimiento administrativo previsto en los artículos 6, 7, 8 y 9 del referido Decreto-Ley. Y concretamente en la parte final de su artículo 10 establece que no podrá acudirse a la vía judicial sin el cumplimiento previo del procedimiento previsto en los artículos precedentes, interpretándose así que constituye una causal de inadmisión de las demandas que fueren interpuestas luego de la entrada en vigencia del señalado Decreto-Ley, si no se agotó previamente el procedimiento administrativo ante el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Ello quedó corroborado en los artículos 94 y 95 de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, vigente en el país desde el 21 de octubre de 2011, que dispone lo siguiente:
Procedimiento previo a las demandas
“Artículo 94. Previo a las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias sobre inmuebles destinados a vivienda, así como a todo proceso en el cual pudiera resultar una decisión judicial cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda, habitación o pensión, el arrendador del inmueble que pretendiere la demanda deberá tramitar, por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, el procedimiento descrito en los artículos subsiguientes.
Inicio
Artículo 95. El interesado deberá consignar solicitud escrita, debidamente motivada y documentada, por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en la cual expondrá los motivos que le asisten para solicitar la restitución de la situación jurídica afectada.”
La tramitación del procedimiento previo a las demandas no solo se circunscribe a la materia arrendaticia, sino a cualquier proceso en el cual pudiera resultar una decisión judicial cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda.
Las primeras normas indicadas fueron interpretadas por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, concatenada al artículo 94 recién transcrito, en relación con la aplicación del procedimiento administrativo previo a la interposición de la demanda que pudiera concluir con una eventual medida judicial que implique la pérdida de la posesión o tenencia del inmueble destinado a vivienda principal, para establecer el propósito y alcance de las indicadas disposiciones.
Así en decisión dictada el 17 de abril de 2013, en el expediente Nº AA20-C-2012-0000712, con motivo del recurso de interpretación ejercido por el ciudadano JESÚS SIERRA AÑÓN, en ponencia conjunta, la indicada Sala de Casación Civil, sostuvo lo siguiente:
“Como se evidencia del contenido del transcrito artículo 5°, el mismo establece literalmente que “previo al ejercicio de cualquier acción judicial o administrativa” que pudiere derivar en una decisión cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda, en este caso familiar, contra los sujetos amparados por la Ley, es decir, las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios, usufructuarios y ocupantes de bienes inmuebles destinados a vivienda, así como los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, el interesado en obtener la restitución de la posesión del inmueble en cuestión debe ineludiblemente cumplir con el procedimiento administrativo previsto en los artículos ut supra, ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
…Omissis…
En relación con la posesión que merece protección en los términos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley es “la posesión, tenencia u ocupación”, se refiere aquella tutelada por el derecho, es decir, que sea lícita.
En relación con el ámbito objetivo de la Ley, la protección se establece literalmente frente a cualquier medida preventiva o ejecutiva, administrativa o judicial, que pudiera derivar en la pérdida de la posesión, ocupación o tenencia sólo de inmuebles destinados a “vivienda principal.
Omissis…
”.

Verificado lo anterior, el artículo 5° y siguientes objeto de interpretación sin duda contienen el procedimiento previo a las demandas, que pudiera derivar en una decisión cuya práctica material comporte la pérdida de posesión o tenencia de los sujetos amparados por la Ley, por lo que su exigencia constituye un requisito de admisibilidad sine qua non para acudir a la vía jurisdiccional.
Ahora bien, hecho el anterior análisis y de la revisión efectuada a las actas que conforman el presente asunto estas Juzgadoras observan lo siguiente:
Cursa a los folios 05 y 06 del recurso de apelación, documento de venta debidamente protocolizado de un inmueble con pacto de retracto realizada por la ciudadana MARIELIS JOSEFINA ARMAS VILLARROEL, antes identificada, a la ciudadana ROSALBA CASTILLO, ya identificada y parte demandante en el presente asunto, protocolizado en fecha 26 de Marzo del 2010, evidenciándose en el mencionado documento que se estipulo un termino de un (01) año, para recuperar el bien, de conformidad con el artículo 1.534 del Código Civil.
Observándose entonces que ha transcurrido suficientemente el termino convenido para el rescate del bien por parte de la ciudadana MARIELIS JOSEFINA ARMAS VILLARROEL, lo que de conformidad con el artículo 1.536 del Código Civil, la ciudadana ROSALBA CASTILLO, adquirió irrevocablemente la propiedad.
Por otra parte se observa, que tal y como se evidencia del documento de compra venta- debidamente protocolizado cursante en autos, la demandada ciudadana MARIELIS JOSEFINA ARMAS, trasmitió la propiedad y la posesión a la demandante ROSALBA CASTILLO, es decir que a quien le corresponde la posesión legitima es a la ciudadana Rosalba Castillo, lo cual en el presente caso no sucedió, por cuanto el bien no fue puesto en posesión de la compradora, conservando la posesión del bien la demandada, en consecuencia consideran quienes aquí deciden, que el Decreto Con Rango Valor Y Fuerza de Ley Contra los Desalojos Arbitrarios, consagra la protección para las personas que ocupen o posean legítimamente un determinado bien, requisito que no se cumple en el caso en estudio ya que la demandada no es la titular del bien.
En consecuencia, tomando en consideración que la entrega material del bien vendido no se materializó, y por cuanto el aludido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, de manera novedosa, impone la obligación a los Jueces de la República dar la protección especial a las personas naturales y sus grupos familiares que ocupen de manera legítima, inmuebles destinados a vivienda principal, considera esta alzada que no están dados los supuestos para cumplir con el procedimiento previo a la acción judicial previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, por lo que lo ajustado en derecho es declarar Con Lugar el presente recurso de apelación y revocar la decisión de fecha 12AGO2014, proferida por el Juzgado de Municipios Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Atures y Autana de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, en el asunto signado con el Nº 2014- 2266 (nomenclatura del Tribunal A-quo), contentivo de la inadmisibilidad de la demanda por cumplimiento de contrato interpuesta en fecha 07AGO2014, por la ciudadana ROSALBA CASTILLO, en contra de la ciudadana MARELIS JOSEFINA ARMAS VILLARROEL, y ordenar la prosecución de la presente acción por los trámites previstos en la ley. Así se decide

Capitulo VIII
DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones en lo Penal, Responsabilidad Penal Adolescentes, Tribunal Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, actuando en Sede Civil, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso de Apelación ejercido por la abogada GLADIS QUIÑONES, inscrita en el Inpreabogado, bajo el Nº 103.191, en su condición de apoderada judicial de la ciudadana ROSALBA CASTILLO, Venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de identidad Nº V- 10.924.927, domiciliada en la ciudad de Puerto Ayacucho, Municipio Atures, estado Amazonas, en contra de la decisión de fecha 12AGO2014, proferida por el Juzgado de Municipios Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Atures y Autana de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, en el asunto signado con el Nº 2014- 2266 (nomenclatura del Tribunal A-quo), contentivo de la inadmisibilidad de la demanda por cumplimiento de contrato interpuesta en fecha 07AGO2014, por la ciudadana ROSALBA CASTILLO, en contra de la ciudadana MARELIS JOSEFINA ARMAS VILLARROEL. SEGUNDO: SE Revoca la decisión impugnada. CUARTO: Se condena en costas a la parte vencida de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.-
Publíquese, regístrese, y remítase el expediente en su oportunidad legal. Cúmplase, se instruye a la ciudadana Secretaria para que de cumplimiento a lo acordado en la decisión que antecede.

Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Reuniones de la Corte de Apelaciones en lo Penal, Responsabilidad Penal del Adolescente, Tribunal Superior Civil, Mercantil, Tránsito, y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, en Puerto Ayacucho, a los 30 días del mes de Enero de Año Dos Mil Quince (2015). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
Jueza Presidenta,

NINOSKA CONTRERAS ESPAÑA
La Jueza, La Jueza y Ponente,

MARILYN DE JESUS COLMENARES AMERICA VIVAS HIDALGO
La Secretaria,

NORIS DESIREE CALDERON HIDALGO
En esta misma fecha se le dio cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior.
La Secretaria,

NORIS DESIREE CALDERON HIDALGO
NECE/AVH/MJC/lbc.-
Expediente Nº 1277