PODER JUDICIAL

Corte de Apelaciones Penal del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Amazonas

Puerto Ayacucho, 7 de Octubre de 2021

211º y 162º

ASUNTO PRINCIPAL   : XP01-P-2021-000701

ASUNTO ACUMULADO  :XP01-R-2021-000040

ASUNTO EN TRAMITE  : XP01-R-2021-000037

JUEZ PONENTE: HERMES BARRIOS FRONTADO.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

IMPUTADO: WINDRY  JESÚS BRAVO GARCÍA  titular de la cédula de identidad Nº 15.500.120,  natural de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, residenciado en el  San Enrique sector el Bajo, casa S/N, Puerto Ayacucho Estado Amazonas

RECURRENTE: ABG. JOSE GREGORIO JORGE GUIA,  inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 25.538, en su carácter de Defensor Privado.

FISCALIA:       ABG. GLOARLYS PACHECO, en su carácter de Fiscal Sexto del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial del  estado Amazonas.

DELITO:      CORRUPCIÓN AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 64.2 de la Ley Contra la Corrupción.

VICTIMA:         ESTADO VENEZOLANO.

MOTIVO:          RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO.

PROCEDENCIA: Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas

CAPITULO I

SINTESIS DE LA CONTROVERSIA

En fecha 13 de Septiembre de 2021, se ingreso el asunto Nº XP01-R-2021-000037,  en virtud del Recurso de Apelación de Sentencia, interpuesto por el ABG. JOSE GREGORIO JORGE GUIA, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano WINDRY  JESÚS BRAVO GARCÍA,  titular de la cédula de identidad Nº 15.500.120; luego se recibió el asunto Nº XP01-R-2021-000040, contentivo de Recurso de Apelación de Sentencia, interpuesto por la ABG. GLOARLYS PACHECO, en su carácter de Fiscal Sexta del Ministerio Público, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Amazonas, en fecha 28 de Agosto de 2021 y debidamente fundamentada en fecha 31 de Agosto de 2021, en contra del ciudadano WINDRY  JESÚS BRAVO GARCÍA,  titular de la cédula de identidad Nº 15.500.120, por la presunta comisión del delito de CORRUPCIÓN AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 64. 2 de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.

Quedando asignada la ponencia, de acuerdo con el orden de distribución del Sistema Integral de Gestión y Decisión Juris 2000, de la siguiente forma: a ambos asuntos Nº XP01-R-2021-000037 y asunto Nº XP01-R-2023-000040, al Juez HERMES BARRIOS FRONTADO.

Ahora bien, visto que los dos (02), recursos poseen el mismo objeto, el cual es impugnar la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Control en fecha 28 de Agosto de 2021 y debidamente fundamentada en fecha 31 de Agosto de 2021, esta Alzada acordó la acumulación de los asuntos, Nº XP01-R-2021-000040, al Nº XP01-R-2021-000037, quedando en consecuencia en estado de tramite el asunto Nº XP01-R-2021-000037.

En fecha 29 de Septiembre de 2021, se declaran ADMISIBLE los escritos de Recurso de Apelación signado con el N° XP01-R-2021-000037 y el N° XP01-R-2021-000040 y estando en el lapso para decidir, se procede a emitir los siguientes pronunciamientos:

CAPITULO II

DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO

Se observa que el Abogado JOSE GREGORIO JORGE GUIA, en su carácter de Defensor Privado, ejerció Recurso de Apelación de Autos, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Amazonas en fecha 28 de Agosto de 2021 y debidamente fundamentada en fecha 31 de Agosto de 2021, basando su recurso en los siguientes términos:

“…ante usted respetuosamente en el artículo 439.4,5 (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, acudo para APELAR  como en efecto APELAMOS de la decisión emitida por ese Tribunal, en la que siendo la oportunidad procesal para la celebración de la audiencia de presentación, ese Tribunal mantuvo la medida privativa de libertad a mi defendido convertida en arreto (sic) domiciliario, por la comision (sic) del delito de CORRUPCION AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 64.2 de la ley contra la corrupcion (sic), considerando la defensa que los meritos esgrimidos por la representacion (sic) fiscal no se ajustan al tipo pena que la atribuyo, ya que de lo expuesto por la representacion (sic) fiscal en el sentido de que mi defendido le haya causado un perjuicio ala (sic) victima con la emision (sic) del acto conclusivocomo (sic) fue el archivo fiscal, la defensa considersa (sic) que no hubo daño ni perjuicio a la víctima, ya que el archivo fiscal es uno de los actos conclusivos que tiene el ministerio publico (sic) como facultad de emitirlo y el cual no extingue la accion (sic) sino que la suspende de manera temporal hasta surgir fundados elementos de conviccion (sic) para la presentacion (sic) de la acusacion (sic) si asi (sic) lo considera el representante de la accion (sic) penal como es el ministerio publico (sic).-

PRIMERO

Establece el Artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal:

…Omissis…

SEGUNDO

Denuncio la falta de motivación y fundamentación por parte del Juez de la causa en la decisión emitida como consecuencias de la audiencia de presentación ya que de la decisión emitida por ese Tribunal, en la que siendo la oportunidad procesal para la celebración de la audiencia de presentacion (sic), ese Tribunal mantuvo la medida privativa de libertad a mi defendido convertida en arreto (sic) domiciliario, por la comision (sic) del delito de CORRUPCION AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 64.2 de la ley contra la corrupcion (sic), considerando la defensa que los meritos esgrimidos por la representacion (sic) fiscal no se ajustan al tipo pena que la atribuyo, ya que de lo expuesto por la representacion (sic) fiscal en el sentido de que mi defendido le haya causado un perjuicio ala (sic) victima con la emision (sic) del acto conclusivocomo (sic) fue el archivo fiscal, la defensa considersa (sic) que no hubo daño ni perjuicio a la víctima, ya que el archivo fiscal es uno de los actos conclusivos que tiene el ministerio publico (sic) como facultad de emitirlo y el cual no extingue la accion (sic) sino que la suspende de manera temporal hasta surgir fundados elementos de conviccion (sic) para la presentacion (sic) de la acusacion (sic) si asi (sic) lo considera el representante de la accion (sic) penal como es el ministerio publico (sic).-

La defensaconsidera (sic) que queda claro que se materializo (sic) ciertas irregularidades en el desarrollo del procedimiento, pero que debemos entender que en materia penal las responsabilidades son personalisimas (sic) y que si bien es cierto el ministerio publico (sic)  toma como elementos de conviccion (sic) un cumulo (sic) de declaraciones realizadas, no es menos cierto que ninguna determina de manerz (sic) clara que mi defendido haya producido el perjuicio y el daño que pretende hacer ver el ministerio publico (sic).-

De igual forma en cuanto a la calificacion (sic) dada en cuanto al delito de CORRUPCION AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 64.2 de la ley contra la corrupcion (sic), considerando la defensa que los meritos esgrimidos por la representacion (sic) fiscal no se ajustan al tipo pena que la atribuyo, ya quede lo expuesto por la representacion (sic) fiscal en el sentido de que mi defendido le haya causado un perjuicio ala (sic) victima con la emision (sic) del acto conclusivocomo (sic) fue el archivo fiscal, la defensa considersa (sic) que no hubo daño ni perjuicio a la victima, ya que el archivo fiscal es uno de los actos conclusivos que tiene el ministerio publico (sic) como facultad de emitirlo y el cual no extingue la accion (sic) sino que la suspende de manera temporal hasta surgir fundados elementos de conviccion (sic) para la presentacion (sic) de la acusacion (sic) si asi (sic) lo considera el representante de la accion (sic) penal como es el ministerio publico (sic).-

A mi defendido en ningún momento lo detienen en la materializacion (sic) del hecho como tal, la detencion (sic) de mi defendido se materializa por parte de los funcionarios del DIGSIM alegando que el mismo queda detenido como consecuencia de la emision (sic) de una acto conclusivo como es el archivo fiscal, pronunciamiento que tiene la atribucion (sic) de todo fiscal del ministerio publico (sic) de emitirlo como acto conclusivo de la investigación si asi (sic) lo cree procedente y este que aun mas fue informado a sus superiores para tal emision (sic), considerando la defensa que dicho actuacion (sic) esta dentro de as (sic) facultadas establecidas por la norma para que fuera emitido porel (sic) representante delinisterio (sic) publico (sic).-

Apartir (sic) de ese momento mi defendido ha sido procesado por un delito que a la fecha o ha quedado de forma clara y determinada haya sido ejecutado por mi defendido, y esta defensa lo determina sobre los siguientes particulares:

-La esencia de una determinacion (sic) de responsabilidad para ser imputado a una persona es la descripción exacta de la conducta por parte de un sujeto en la materializacion (sic) de hecho, cosa que en autos no se encuentra determinada.

Lo cierto del procedimiento es que si bien se le atribuye responsabilidad a mi defendido no hay forma clara que pueda quedar demostrada como cuerpo del delito y mucho menos responsabilidad de mi defendido en los hechos que la representacion (sic) fiscal pretende y por cual acuso a mi representado, específicamente cuando se le acuso por el delito de CORRUPCION AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 64.2 de la ley contra la corrupcion (sic), considerando la defensa que los meritos esgrimidos por la representacion (sic) fiscal no se ajustan al tipo pena que la atribuyo, ya que de lo expuesto por la representacion (sic) fiscal en el sentido de que mi defendido le haya causado un perjuicio ala (sic) victima con la emision (sic) del acto conclusivocomo (sic) fue el archivo fiscal, la defensa considersa (sic) que no hubo daño ni perjuicio a la victima, ya que el archivo fiscal es uno de los actos conclusivos que tiene el ministerio publico (sic) como facultad de emitirlo y el cual no extingue la accion (sic) sino que la suspende de manera temporal hasta surgir fundados elementos de conviccion (sic) para la presentacion (sic) de la acusacion (sic) si asi (sic) lo considera el representante de la accion (sic) penal como es el ministerio publico (sic).-

TERCERO

La sentencia interlocutoria es una resolución judicial mediante la cual un Tribunal se pronuncia sobre peticiones de las partes, resolviendo las incidencias, es decir, las cuestiones diversas del asunto principal del litigio, pero relacionadas con él, que surgen en un proceso jurisdiccional.

…Omissis…

CUARTO

A tal efecto, por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que apelamos de la decisión emitida, por el Tribunal de control de esta Circunscripción Judicial y solicitamos que tal pronunciamiento, porque no se le puede llamar decisión, sea revocado, por falta de motivación, por desorden procesal, y por no darse los supuestos para que se materializara y se mantuviera la privativa de libertad en contra de mi defendido sea declarada inadmisible por ir en contra del contenido constitucional tipificado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que la nulidad sea decretada en acuerdo a lo establecido en el artículo 25 constitucional, ya que la inobservancia de la Ley por parte de el Juez de la causa en normas legales de rango constitucional consigno violación de derechos fundamentales tales como un debido proceso, una administración de justicia transparente, y que en consecuencia el presente recurso de apelación sea declarado con lugar con todas las consecuencias jurídicas que de ello se deriven, como sería la libertad plena de mi representado…Omissis…”

CAPITULO III

DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO

Se deja constancia que la Abogada GLOARLYS PACHECO, en su carácter de Fiscal Sexta del Ministerio Público, presentó contestación al Recurso de Apelación de Auto ejercido por el Abogado JOSE GREGORIO JORGE GUIA, en su carácter de Defensor Privado, en fecha 13 de Agosto de 2021, en el cual fundamenta de la siguiente manera;

“…Omissis…estando dentro del lapso legal para contestar el presente recurso de conformidad con lo previsto y sancionado en el artículo 441 del COPP.-, ante usted muy respetuosamente acudo a fin de exponer:

En fecha 08 de septiembre del año 2021, se recibió por ante este Despacho Boleta de Emplazamiento emanada del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control, notificando a este Representación Fiscal la apelación ejercida por el Defensor Privado ABG. JOSE GREGORIO JORGE GUIA, en donde apela contra la decisión emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de esta Circunscripción Judicial en el asunto N° XP01-P-2021-000701, Recurso de Apelación N° XP01-R-2021-000037, causa seguida en contra del ciudadano WINDRY DE JESUS BRAVO GARCIA, titular de la cédula de Ciudadanía N° V.-15.500.120, de nacionalidad venezolana por la presunta comisión del delito Corrupción Propia Agravada, previsto y sancionado en el artículo 64.2 de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del Estado Venezolano.

FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE

De la lectura realizada por este (sic) representación fiscal al escrito de Apelación, presentado por el recurrente, el recurso versa primordialmente  en los siguientes aspectos:

…(Se deja constancia que la Fiscal hace mención a un extracto del escrito recursivo)…

…Omissis….

ARGUMENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN QUE FUNDAMENTA SU CONTESTACION

Al respecto, es preciso acotar, que en el presente caso, nos encontramos en un proceso que está en prima facie, es decir, en la Fase Preparatoria del Proceso Penal, la cual de conformidad con lo establecido en los artículos 262 y 263 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene como objeto primordial la preparación del juicio oral y público, en consecuencia, su labor fundamental está encaminada a la búsqueda de la verdad de los hechos, en armonía con lo preceptuado en el artículo  13 de la ley procesal penal, así como la acumulación de todos los elementos de convicción, por lo que su alcance, no persigue comprometerla responsabilidad penal del imputado a ultranza, sino que va mas allá de la recolección de los datos, hechos y circunstancias que lo responsabilicen penalmente. Por tal razón, la Representación Fiscal a cargo de esta fase, debe proporcionarle al imputado todos aquellos elementos exculpatorios que lo favorezcan, es decir, de no existir razones para proponer la acusación contra una persona y consecuencialmente solicitar su enjuiciamiento, debe dictar otro acto conclusivo como el archivo fiscal o el sobreseimiento de la causa.

Con, en relación al numeral 3 del artículo 236 del texto adjetivo penal, el cual hace referencia a la presunción razonable de peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad de los hechos, el Jurisdicente refirió que es potestad exclusiva del juez determinar cuando el delito de CORRUPCION PROPIA, previsto y sancionado en el artículo 64.2 de la ley Contra la Corrupción, merece una pena corporal inferior a diez años, el Tribunal consideró que puede existir peligro de fuga por tratarse de un funcionario de alto Nivel y que la diligencias faltante se pueden ver obstaculizada por el mismo cargo que posee, o nexo que pudiera tener con empleados a su cargo, o con los organismos de seguridad que llevan la investigación, por lo cual considero procedente ese juzgado mantener la medida privativa de libertad en contra del ciudadano WINDRY JESUS BRAVO GARCIA.

Por ello, el decreto de una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, sobre la base de la pena a imponer, no contraría el fin asegurativo que, por su naturaleza, están investidas las medidas cautelares en un proceso judicial, por lo tanto, se determina entonces que, en la presente causa, se encuentra acreditada la existencia del peligro de fuga y obstaculización de la verdad.

…Omissis…

Asimismo, es importante para esta representación del Ministerio Público, aclararle a la Defensa Privada, que la motivación de un fallo judicial, en este caso, del dictado con ocasión de la realización del acto de presentación del imputado; no depende de la existencia o no de los elementos de convicción constates en autos en actas, para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de un hecho punible, como presupuesto para el decreto de una medida de coerción personal, por cuanto el Legislador lo que exige es que estos sean fundados y no suficientes, como lo estima la Defensa, pues así lo denuncia en su escrito recursivo; ya que puede darse el caso, que habiendo escasos elementos de convicción  estos tengan fuerza y sean concluyentes para hacer presumir a un Jurisdicente que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de un hecho punible, por ello en criterio de quienes aquí deciden, la falta de elementos de convicción no debe entenderse como falta de motivación de una decisión.

…Omissis…

De todo lo anterior, se constata que en la decisión apelada, el jurisdicente indicó las razones por las cuales procedía la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decisión a la que arribó una vez que constató las actuaciones practicadas al inicio del presente asunto penal, así como, de las exposiciones que el Ministerio Público y la Defensa rindieron en el acto de presentación de imputado.

En consecuencia, se establece, que en el caso de análisis en criterio de esta representación del Ministerio Público, no hay transgresión de principios, garantías y/o derechos, por ello, no le asiste la razón al accionante en las denuncias contenidas en su recurso de apelación de autos, en consecuencia, se solicita que el mismo se declare sin lugar.

PETITORIO

Por las razonamientos de hecho y de Derecho anteriormente expuestos, es por lo que, honorables miembros de esta Corte de Apelaciones, solicito respetuosamente sea declarado  SIN LUGAR el RECURSO DE APELACION interpuesto, y sea ratificada en su integridad la decisión proferida por la recurrida ajustada como esta al buen derecho…Omissis…”

En fecha 06 de Septiembre de 2021, la Abogada GLOARLYS PACHECO, en su carácter de Fiscal Sexta del Ministerio Público, presenta Recurso de Apelación, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Amazonas en fecha 28 de Agosto de 2021 y debidamente fundamentada en fecha 31 de Agosto de 2021, pudiéndose evidenciar del Recurso de Apelación signado con el Nº XP01-R-2021-0000040, textualmente lo siguiente:

“…Omissis…

CAPITULO II

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN.

1- DE LOS HECHOS

Se ordena el inicio de la investigación del caso Nº MP-166078-2021, en fecha veinticinco (25) de agosto de 2021, en virtud de que se recibe ante la Fiscalía Sexta del Ministerio Público con competencia en materia contra la Corrupción el caso nomenclatura única del Ministerio Público, por distribución de la Fiscalía Superior del estado Amazonas; en razón que de la revisión realizada por ese Superior Despacho a las actuaciones que cursan en el Caso N° MP- 55099-2021, nomenclatura única del Ministerio Público, seguida al ciudadano Deyvis Rafael Bolívar Brito, titular de la cédula de identidad Nº V-16.746.283, por la presunta comisión del delito de Abuso sexual a niña sin penetración, previsto y sancionado en el artículo 259, concatenado con el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de la victima de diez (10) años de edad la niña “E’ (demás datos bajo reserva del Ministerio Público); se verificó irregularidades en el Decreto de Archivo Fiscal de las actuaciones que conforman la referida causa de conformidad con lo establecido en el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal, de fecha 15 de julio de 2021, suscrito por el Abg. WINDRY JESÚS BRAVO GARCÍA, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino de la Sala de Flagrancia (E) de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, el cual fue Homologado por la Abg. Ana María Narváez Juez del Tribunal Penal Municipal en funciones de Control con competencia en materia de Violencia de Género, a través de Auto Homologando Archivo Fiscal, de fecha 19 de julio de 2021 en el Asunto Principal Nº VCM-XPO1-P-2021-000294, nomenclatura de ese Juzgado; por cuanto se desprenden que existen fundados elementos de convicción para presentar un acto conclusivo distinto al Archivo Fiscal, como lo es la Acusación.

En atención a esto, en fecha 25 de agosto de 2021, se ordena el inicio de la investigación y la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos investigados.

En esta misma fecha, se estableció comunicación a través del número de abonado telefónico con la representante legal de la víctima, a quien se entrevistó, ciudadana Mora (Quedando los demás datos en reserva de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Víctimas y Testigos) en su condición de madre y representante legal de la víctima en el caso MP-55099-2021.

Asimismo en fecha 25 de agosto de 2021, compareció a solicitud de esta representación fiscal, el ciudadano JUAN KELVIN OJEDA PÉREZ, titular de la cédula de identidad Nº 17.676.866, venezolano, de profesión u oficio Psicólogo Forense adscrito al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, rindiendo entrevista sobre el Informe de Evaluación Psicológica Forense, de fecha 16103/2021.

Razón por la cual en fecha 26 de agosto de 2021, esta Representación Fiscal solicita ante el Tribunal de Guardia, es decir, el Juzgado Segundo en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, Orden de Aprehensión por extrema necesidad y urgencia, de conformidad con la excepción prevista en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo debidamente acordada por ese Juzgado, según Asunto Nº XPO1-P-2021-000692, bajo Orden de Aprehensión Nº 005-21. Por tal motivo, el ciudadano WINDRY JESÚS BRAVO GARCÍA, en fecha 26/0812021 fue aprehendido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quedando detenido, siendo impuesto de sus derechos establecidos en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal.

Posteriormente, en la Audiencia de Presentación celebrada el 28 de agosto de 2021 por ante el Tribunal Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, a cargo de la Abg. Amuraby España, le fue atribuido al imputado WINDRY JESÚS BRAVO GARCÍA, la presunta comisión del delito de CORRUPCIÓN PROPIA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 64 numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, imponiéndosele Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, estableciendo como centro de reclusión para el imputado WINDRY JESÚS BRAVO GARCÍA, la URBANIZACIÓN SAN ENRIQUE SECTOR EL BOSQUE, CASA COLOR AMARILLO PORTON BLANCO, SIN, DESPUES DEL TALLE DE LATONERIA Y PINTURA EL CATIRE, como consta en Boletas de Encarcelación y en fundamentación de la decisión.

CAPITULO III

DE LA ÚNICA DENUNCIA.

Con fundamento en el articulo 439 numeral 5, del Código Orgánico Procesal Penal, que establece “...5. Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sea declaradas inimpúgnables por este Código…”, toda vez que el Recurrido en la fundamentación del AUTO FUNDADO DE AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN, fecha 30/08/2021, del imputado WINDRY JESÚS BRAVO GARCÍA, de nacionalidad Venezolana, titular de la cédula de identidad Nº y- 15.500.120; a quien se le imputó la presunta comisión del delito de de CORRUPCIÓN PROPIA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 64, numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, estableció: (se deja constancia que el recurrente transcribe el capítulo de las medidas de coerción personal del auto fundado)

Ahora bien, al ordenar el Juez Segundo de Control lo antes señalado, específicamente favorece al imputado WINDRY JESÚS BRAVO GARCÍA, de nacionalidad Venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-15.500.120, al establecer: “...en consecuencia este Tribunal en consideración a lo antes planteado considera ajustado a derecho decretar como en efecto se hizo medida privativa judicial preventiva de libertad, como lo es la detención domiciliaria, en relación a la con la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Exp. 20-0230 de fecha 01DlC2020, en la que se reitera que la medida de detención domiciliaria otorgada al imputado por el juez de control no es más que la privativa de libertad del mismo, con cambio de centro de reclusión...’, contraviniendo lo que el legislador estableció en el artículo 237 numeral 2 y en su parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, por existir una presunción legal de peligro de fuga debido a que, a pesar de la gravedad de los hechos por los cuales se solicitó y ordenó la aprehensión del imputado Windry Bravo García, por haber permitido con el acto emitido (Archivo Fiscal) que un imputado investigado por delitos graves como lo es el Abuso sexual a niña sin penetración en la persona de una menor de diez años» se encuentre actualmente en libertad, el hoy imputado se encuentra del algún modo gozando de la prerrogativa de estar en su residencia, sin apostamiento policial, por cuanto ese juzgado

Privación Judicial Preventiva de Libertad, debió establecer como mínimo apostamiento policial, por lo que al no acordarlo, puede esto propiciar la evasión del imputado, que le permite de algún modo poder evadirse abandonando la jurisdicción no sólo del estado Amazonas sino incluso del país, en razón de que nos encontramos en un estado fronterizo, lo que haría nugatoria la finalidad del proceso.

Más aun cuando del mismo texto de la decisión se desprende: “... que los delitos admitidos por este tipificados en el texto sustantivo penal, merece una pena corporal inferior a diez años, pero es el caso que el Tribunal considera que puede existir un peligro de fuga por tratarse de funcionario de alto Nivel y que las diligencias faltante se pueden ver obstaculizada por el mismo cargo que posee, o nexo que pudiera tener con empleados a su cargo, o con los organismos de seguridad que llevan la investigación, por lo cual ha considerado procedente este Tribunal Mantener la medida privativa de libertad en contra del ciudadano WINDRY JESÚS BRAVO GARCL4 Titular de la cedula de identidad No 15.500.120...”, porto que a criterio de esta representación fiscal se contradice la juzgadora, al establecer la medida privativa judicial preventiva de libertad, designado como centro de reclusión la residencia del imputado de marras y no recluir al mismo en el organismo que realizó su aprehensión como lo es la Base de Contrainteligencia Militar Nro. 62 Amazonas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a los fines de evitar la fuga y obstaculización por parte del imputado de autos, garantizar así las resultas del proceso y el esclarecimiento de los hechos investigados.

IV

PETITORIO

Por todas las razones y consideraciones anteriormente expuestas de hecho y de derecho, solicito con el debido respeto a la Honorable Corte de Apelaciones que declare CON LUGAR la apelación interpuesta contra la DECISIÓN fundamentada en fecha 30108/2021 por el Tribunal Segundo de Primera instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, a cargo de la Abg. Amuraby España, en cuanto al sitio de reclusión establecido para el cumplimiento de la medida privativa de libertad en contra del ciudadano WINDRY JESÚS BRAVO GARCÍA Titular de la cedula de identidad No 15.500.120 y se Ordene como centro de reclusión la Base de Contrainteligencia Militar Nro. 62 Amazonas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a, los fines de evitar la fuga y obstaculización por parte del imputado de autos, garantizar así las resultas del proceso y el esclarecimiento de los hechos investigados, en virtud de las razones de hecho y de derecho esgrimidas en este Recurso de Apelación…Omissis…”

CAPITULO IV

DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO

Se deja constancia que el Abogado JOSE GREGORIO JORGE GUIA, en su carácter de Defensor Privado, no presentó contestación al Recurso de Apelación de Auto ejercido por la Abogada GLOARLYS PACHECO, en su carácter de Fiscal Sexta del Ministerio Público en fecha 06 de Septiembre de 2021.

CAPITULO V

DE LA DECISIÓN RECURRIDA

De las actas que conforman el presente asunto, se evidencia que en fecha 31 de Agosto  de 2021, el Juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, dictó decisión donde se señaló:

“…Omissis… PRIMERO:  Se declara CON LUGAR la solicitud formulada por el Ministerio Público y se acuerda continuar la investigación por las reglas del Procedimiento Ordinario de conformidad con el articulo 373 y  262 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, en el presente asunto seguido al ciudadano WINDRY DE JESÚS BRAVO GARCÍA  Titular de la cedula de identidad Nº 15.500.120,  natural de Puerto Ayacucho Estado Amazonas, residenciado en el  San Enrique sector el Bajo, casa S/N, Puerto Ayacucho Estado Amazonas, por la presunta comisión del delito de CORRUPCIÓN AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 64. 2 de la Ley Contra La Corrupción. SEGUNDO: en virtud de que el imputado de autos fue detenido con motivo a orden de aprehensión decretada por el Tribunal Segundo de Control, según solicitud Nº XP01-P-2021-000692, de fecha 26 de Agosto de 2021,  es por lo que se declara CON  LUGAR la solicitud del ministerio público en cuanto se mantenga la Medida Judicial Privativa Del Libertad 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal,  Con Detención Domiciliaria designándose como CENTRO DE RECLUSIÓN  EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN  URBANIZACION SAN ENRIQUE SECTOR EL BOSQUE, CASA COLOR AMARILLO PORTON BLANCO, S/N,  DESPUES DEL TALLE DE LATONERIA Y PINTURA EL CATIRE. ----todo de conformidad con el CRITERIO REITERADO  de la SALA CONSTITUCIONAL  de fecha 06/05/03 sentencia 1046 con ponencia  de José Manuel Delgado Ocando TERCERO: Se declara SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada en relación a que se decreten medidas cautelares menos gravosas, por los mismos motivos por los cuales se ordeno mantener la medida privativa judicial preventiva de la libertad. CUARTO: Se declara CON LUGAR autorización para el vaciado de la comunicación privada que puedan contener los teléfonos incautados en  de conformidad con los artículos 48 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  205 y 206 del código orgánico procesal penal, en armonía con los dispuesto en el artículo  7 de la ley de privacidad  de comunicaciones, articulo 5 de la ley de mensajes y datos electrónicos, conforme al artículo 2 literal  p  articulo 3 y 6 de la ley contra delitos informáticos. QUINTO: se ordena dejar sin efectos las capturas que pesan sobre el imputado de autos por cuanto la misma ya fue materializada. SEXTO: Líbrese boleta de encarcelación.… Omissis…”.

CAPITULO IV

RAZONAMIENTOS PARA DECIDIR

A los fines de la resolución del presente recurso de apelación, se tuvo a la vista el asunto principal signado XP01-P-2021-000701, cursante por ante el Tribunal Penal Tercero de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del Estado Amazonas, recibido en calidad de préstamo, toda vez que el Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, no cuenta con los medios necesarios para la reproducción de los fotostatos correspondientes.

Observa este Órgano Colegiado, que la presente actividad recursiva versa sobre la disconformidad presentada por el Abogado JOSE GREGORIO JORGE GUIA, en su condición de defensor privado del ciudadano  WINDRY  JESÚS BRAVO GARCÍA  Titular de la cedula de identidad Nº 15.500.120, plenamente identificado a los autos,  interpuso escrito de apelación de auto en contra de la decisión dictada en fecha 28 de Agosto de 2021, fundamentada en fecha 31 de Agosto de 2021, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del Estado Amazonas;  mediante la cual se decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad  del imputado  WINDRY  JESÚS BRAVO GARCÍA, actividad recursiva interpuesta en contra de la decisión proferida en  la audiencia de presentación de imputado, mediante la cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del ciudadano WINDRY DE JESÚS BRAVO GARCÍA  Titular de la cedula de identidad Nº 15.500.120,  por la presunta comisión del delito de CORRUPCIÓN AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 64. 2 de la Ley Contra La Corrupción. Observándose que el motivo de la misma lo constituye el decreto de la Medida Judicial Privativa de la Libertad.

Articulo 439 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:

 “…Artículo 439. Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones:

…Omissis..

    ……..

4.- Las que declaren la procedencia de una medida cautelar, privativa de libertad o sustitutiva…”

subrayado de esta Alzada.

Señala la referida norma, que son recurrible en apelación las decisiones que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de de libertad o sustitutiva, por lo que arguye el recurrente que el Tribunal de control en la audiencia de presentación mantuvo la medida privativa de libertad siendo que los meritos esgrimidos por el Ministerio Publico no se ajustan al tipo penal de Corrupción Agravada previsto y sancionado en el artículo 64.2 de la Ley Contra la Corrupción, todo por un acto conclusivo que no genera un perjuicio a la víctima, no existiendo elementos que demuestren el cuerpo del delito y mucho menos responsabilidad de su defendido en el mencionado tipo penal por lo que solicita que la presente actividad recursiva sea declarada con lugar y como consecuencia de ello se decrete la libertad plena de su defendido.

Ahora bien, siguiendo el orden de los recursos de Apelación, en segundo lugar se verificará y delimitará el escrito referido a la impugnación realizada por la abogada GLOARLYS PACHECO, en su condición de Fiscal Sexta del Ministerio Publico de esta Circunscripción Judicial del estado Amazonas en contra de la decisión de fecha 28 de Agosto de 2021 y debidamente fundamentada en fecha 31 de agosto de 2021, con fundamento en el articulo 439 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal como lo es las que causen una gravamen irreparable, salvo que sea declaradas inimpugnables, manifestando su desacuerdo en cuanto al sitio de reclusión designado por el Tribunal de Control  por cuanto el mismo a su decir el imputado de autos se encuentra gozando de las prerrogativas de estar en su residencia pudiéndose propiciar la evasión del imputado de autos y abandonar la jurisdicción por lo que solicita que la presente actividad recursiva sea declarada con lugar y se ordene como centro de reclusión la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DEGCIM) a los fines de evitar la fuga y obstaculización en las resultas del proceso.

Delimitados los puntos sobre los cuales versa cada una de las apelaciones ejercidas, se procederá a dar respuesta a cada una de las denuncias interpuesta por las partes en la presente causa en virtud de la acumulación realizada en la misma.

Ahora bien, siguiendo el orden con respecto a los puntos denunciados por los recurrentes procederá esta alzada en primer lugar a dar respuesta a la denuncia realizada por la representación del Ministerio Publico, a cargo de la Fiscal Sexta ABG. Gloarlys Pacheco quien alega que apela de la decisión impugnada conforme al artículo 439 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal “las que causen un gravamen irreparable”, en virtud del de haberse decretado la medida privativa judicial preventiva de libertad pero estando en desacuerdo con que el lugar de reclusión haya sido el domicilio del procesado por cuanto a su criterio debería permanecer recluido en la sede de la Base de Contra Inteligencia Militar (DGCIN), toda vez que sobre el referido imputado de autos WINDRY BRAVO GARCIA, ya identificado a los autos, le fue decretada la máxima medida de coerción personal con el fin de garantizar las resultas del proceso conforme a las previsiones del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en la audiencia de presentación de imputados y que con la designación como lugar de reclusión la residencia del imputado de autos causa un gravamen irreparable ya  que con esto se propicia la evasión por parte del imputado de autos pudiendo abandonar la jurisdicción no solo del estado sino del país, en razón a que nos encontramos en un estado Fronterizo lo que haría nugatoria la finalidad del proceso y por ende solicita que sea designado como lugar de reclusión el DGCIM para así evitar la fuga y obstaculización por parte del imputado de autos y garantizar las resultas del proceso.

Establecido lo anterior, observa esta alzada, que el objeto del presente recurso es impugnar el sitio de reclusión designado por el tribunal de control,  constatándose que el juez decretó la medida de privación judicial preventiva de la libertad, estableciendo como centro de reclusión la residencia del imputado de autos, lo cual debe ser visto, no como un cambio o sustitución de la medida de privación judicial preventiva de la libertad por una medida cautelar sustitutiva de la libertad menos gravosa, sino como el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de la libertad, la cual ya había sido decretada mediante orden de aprehensión de fecha 26 de agosto de 2021en el expediente signado con el numero XP01-P-2021-000692 y lo cual no implica la sustitución o el cambio de medida sino el mantenimiento de la misma pero como con un lugar de reclusión diferente al que requiere el Ministerio Publico.

A los solos fines ilustrativos debe indicarse que nuestro más alto Tribunal de la República, en sentencia Nº 1836 de fecha 25-08-2004, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando,  estableció:

…”No obstante, esta Sala considera errada la aplicación de la mencionada causal de inadmisibilidad del amparo constitucional, con base en la medida cautelar sustitutiva decretada por el tribunal accionado, el 23 de diciembre de 2003.  En este orden de ideas, el presunto agraviante informó que dicha medida cautelar fue apelada por el Ministerio Público, aunque no consta en autos la aplicación del efecto suspensivo de la apelación fiscal, contemplado en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal….” 

…”Sin embargo, la privación judicial preventiva de libertad fue sustituida por la detención domiciliaria con apostamiento policial y prohibición de salida del país de los quejosos; por tanto, es necesario reiterar que “la medida cautelar de detención domiciliaria otorgada a los imputados (...), de conformidad con lo establecido en el artículo 256, numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, es privativa de libertad, pues sólo involucra el cambio del centro de reclusión preventiva, y no comporta la libertad de los mismos” (Sentencia n° 1046/2003 del 6 de mayo, caso: Nogar Rafael Romero Yajure).

            Así las cosas y en sintonía con criterio jurisprudencial invocado se advierte, que es factible la apelación contra la decisión emitida en audiencia de presentación que decrete la procedencia de medidas de coerción personal, no obstante, resulta inviable aquella que pretenda someter a revisión de la segunda instancia, la negativa a sustituir o revocar dichas medidas, tal cual ocurrió en el caso de autos, pues la medida de privación judicial preventiva de libertad fue previamente dictada por el Tribunal de Control y se ordenó el mantenimiento de la misma una vez realizada la audiencia de presentación donde se designo como lugar de reclusión la residencia del imputado de autos.

Así mismo,  en sentencia Nº 1212 de fecha 14 de Junio del 2005, de la misma Sala con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, señala:

…”Contrario a lo expuesto supra, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, consideró procedente el amparo, en cuanto a este punto,  visto que el accionante había estado privado de su libertad por un lapso que excedía el tiempo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal y, en consecuencia, le decretó medida cautelar sustitutiva de libertad de arresto domiciliario con vigilancia policial, prevista en el artículo 256.1 eiusdem….”

…”Con relación a lo anterior, es necesario hacer referencia a lo dispuesto por esta Sala en sentencia N° 453 del 4 de abril de 2001, caso: Marisol Josefina Cipriani Fernández y Yamila de Gil, en la cual se asentó que la medida cautelar de detención domiciliaria otorgada a un imputado, de conformidad con lo establecido en el artículo 256.1 del Código Orgánico Procesal Penal, es considerada también como privativa de libertad, pues sólo involucra el cambio del centro de reclusión preventiva, y no comporta la libertad del mismo. No obstante, se estableció igualmente en dicha sentencia que, “el análisis de los supuestos de procedencia y la conveniencia de la imposición de una medida sustitutiva de privación de libertad con relación a un determinado caso, conllevaría a examinar el estudio de las diversas disposiciones que regulan dicha figura en el Código Orgánico Procesal Penal, ello con el objeto de determinar si en realidad existen fundados elementos de convicción para estimar si los imputados han sido autores o partícipes en la comisión del hecho punible, si parece por las circunstancias del caso que exista el peligro de fuga o obstaculización en la búsqueda de la verdad en la investigación, y si el hecho imputado acarrea pena privativa de libertad y su pena no está prescrita, circunstancias éstas que de entrarlas a conocer, a juicio de esta Sala, sobrepasaría las potestades del Juez de Amparo Constitucional, en virtud que el objetivo que se persigue a través de este tipo de acción, es el de entrar a determinar una relación de causalidad entre la conducta supuestamente lesiva y el derecho constitucional infringido”…”subrayado de la Corte.

…”Es decir que, pese a evidenciarse que efectivamente la medida cautelar sustitutiva de libertad otorgada al ciudadano Carlos Enrique Castillo Fuenmayor era igualmente gravosa que la privativa de libertad, no le estaba dado al juez de amparo concederla ni sustituirla, ya que ello excede del ámbito de su competencia…”

…omissis…

…”En el presente caso, a pesar de que esta Sala declaró inadmisible el amparo solicitado contra la decisión que negó la libertad, y que supra se señaló que al juez de amparo le está vedado conceder o sustituir medida cautelar sustitutiva de libertad, y que el arresto domiciliario no es considerado como una sustitutiva, aunado al hecho de que la negativa de la juez era apelable, consideraciones que revocarían la medida cautelar otorgada y, en consecuencia, se tendría que forzosamente ordenar la captura del imputado; teniendo en cuenta que el Tribunal al cual corresponde conocer del asunto no está accesible temporalmente, decide, con base en los planteamientos antes expuestos, mantener la medida de arresto domiciliario, prevista en el artículo 256.1 del Código Orgánico Procesal Penal, pero insta al juez a que en el momento en que se aboque al conocimiento de la causa, proceda a sustituirla por otra de las previstas en el artículo 256 eiusdem, menos gravosa. Así se decide….” Subrayado de la Corte.

Ahora bien observa de igual forma esta alzada que se cuenta con lo señalado por  la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia número 428, de fecha 14 de marzo de 2008, con Ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, en cuanto a la apelación en contra de la decisión que mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva De Libertad, lo siguiente: “(…) La decisión que mantiene la medida privativa de libertad no es impugnable mediante recurso de apelación (…)”

A la luz de las jurisprudencias expuestas y  una vez verificado que si bien esta Corte de Apelaciones declaro admisible el presente recurso ejercido por el Ministerio Publico se pudo evidenciar que el fallo recurrido, se trata del decreto del mantenimiento de la medida privativa, toda vez que el cambio de centro de reclusión, o el decreto del arresto domiciliario, es una modalidad de la privativa, toda vez que la libertad se encuentra igualmente restringida, en consecuencia debe ser vista como una medida privativa como lo dejo asentado el Tribunal de Control. Por lo que en este sentido, el fallo impugnado no comporta la sustitución o el cambio de la privativa, sino el mantenimiento de la privativa que como se dijo anteriormente ya había sido decretada mediante orden de aprehensión de fecha 26 de agosto de 2021en el expediente signado con el numero XP01-P-2021-000692 que cursa por ante el mismo tribunal segundo de control y que se encuentra anexo al asunto principal XP01-P-2021-000701, toda vez que el imputado fue aprehendido por el decreto de la medida privativa de libertad y que se mantuvo al momento de celebrarse la respectiva audiencia de presentación de audiencia de presentación,  por lo que a tenor de lo expuesto taxativamente en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, esta decisión en la cual se decretó el mantenimiento de una medida privativa, debe ser vista como la negativa a revocar o sustituir la medida, la cual no tiene apelación.

En consonancia con lo expuesto, resultan aplicables las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación  Penal, con ponencia de la Magistrada DEYANIRA NIEVES, dictada en fecha 15-07-08, N° 364, en la cual establece:

 “…omissis... No es susceptible de apelación, la decisión del juez mediante la cual niegue la revocación o sustitución de la medida privativa de libertad…omissis…”

Así mismo, la Sala Constitucional, en sentencia de fecha 06-05-2019, N° 499, con ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte,   estableció:

 “….Contra la negativa del juez de sustituir la medida privativa de libertad por otra menos gravosa, no procede recurso de apelación….”

Considera esta Alzada hacer referencia a la Sentencia de la Sala Constitucional, 05-06-2009, Magistrado Ponente: Dr. Arcadio Delgado Rosales, Exp. N° 09-0309.

“(…) aprecia esta Sala que en la sentencia accionada la Sala N° 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, señalada como presunta agraviante, dictó su decisión en atención a lo dispuesto en el artículo 264 y en la letra ‘c’ del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, según los cuales la Corte de Apelaciones no puede conocer de la apelación interpuesta contra las decisiones que niegan la solicitud de revocatoria o sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad porque éstas no tienen apelación por disposición expresa del legislador; de manera que, en este caso, la decisión que tomó el Tribunal de Control en la audiencia preliminar de “mantener” la medida cuya procedencia fue acordada previamente en la audiencia de presentación no puede ser impugnada mediante el recurso de apelación y por ello no le estaba dado a la referida Corte de Apelaciones entrar a conocer sobre las denuncias que fundamentaron el mismo; quedando para ello como mecanismo idóneo ante esta situación, la solicitud de la revisión de la medida para lograr que sea revocada o sustituida por una menos gravosa, las veces que se considere pertinente; y así se decide. Es por ello que esta Sala advierte que en el caso sub júdice, no existe elemento alguno que produzca la convicción de que los alegatos presentados por la parte accionante sobre el thema decidendum conduzcan a la violación de los derechos denunciados, pues, según se desprende de actas, la sentencia accionada se encuentra ajustada a derecho (…)”. (Subrayado de esta Alzada)

        Esta Corte conforme lo antes indicado, constata que si bien al momento de pronunciarse sobre la admisión de la apelación ejercida por el Ministerio Publico y por cuanto esta refirió que la fundamentación versaba sobre que el hecho de haber designado como lugar de reclusión la residencia del ciudadano WINDRY BRAVO GARCIA y el DGCIM le causaba un gravamen irreparable este fue admitido, no menos cierto es que una vez revisado en su conjunto la causa procesal y el motivo de apelación para dar respuesta al mismo se evidencio que de acuerdo a los criterios jurisprudenciales antes descritos el recurrente apeló de una decisión que en su opinión le resulta  desfavorable.  Sin embargo, tal y como se expuso anteriormente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 250 del texto adjetivo penal y de las citadas jurisprudencias, deviene en irrecurrible la decisión impugnada,  por lo que el mismo resulta Inapelable . Así se decide.

Ahora bien, con respecto  a la apelación interpuesta por el  Defensor Privado Abg. José Gregorio Jorge Guía, como parte recurrente que en el caso de marras, con fundamento en las previsiones del artículo 439.4 del Código Orgánico Procesal Penal apela de la decisión proferida en audiencia de presentación de imputados celebrada en fecha 28 de Agosto de 2021, y fundamentada en fecha 31 de Agosto de 2021, en la cual se le decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, a su defendido ciudadano WINDRY  JESÚS BRAVO GARCÍA  Titular de la cedula de identidad Nº 15.500.120, por la presunta comisión del delito de CORRUPCIÓN AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 64. 2 de la Ley Contra La Corrupción en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO,  bajo el alegato que en el caso sub-judice, no se encuentra acreditada la existencia de los requisitos concurrentes que exige el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, para hacer procedente el decreto de Privación Judicial de libertad del imputado, que de las actuaciones cursante a los autos,  se puede constatar,  que la Juez de Control no valoró correctamente los elementos de convicción  presentados por el Representante Fiscal ya que con ellos no se desprende que el imputado de autos pudiera estar incurso en el referido tipo penal.

Demanda así mismo, la violación de derechos constitucionales relativas al acceso a la justicia conforme lo establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que la Juez de Control no consideró que los elementos de convicción señalados por el Ministerio Publico para el otorgamiento de la máxima medida de coerción personal como lo es la privación de libertad no se corresponden con el tipo penal por el cual fue imputado como lo es el delito de CORRUPCION AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 64.2 de la Ley Contra la Corrupción.

Por último, solicita se declare Con Lugar el presente recurso, y se revoque la decisión recurrida, ordenándose  la Libertad Plena del ciudadano WINDRY  JESÚS BRAVO GARCÍA  considerando que el tipo penal imputado por el Ministerio Publico no se ajusta a la conducta realizada por el imputado de autos.

Este Tribunal de Alzada, procede en primer lugar a verificar la existencia o no de los vicios invocados por la defensa privada Abg. José Gregorio Jorge Guía, fundado en las previsiones del artículo 439 numerales 4 del Código Orgánico Procesal Penal, que establecen lo siguiente:

 “Artículo 439. Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones:

    (…)

4.- Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva. (…)”

            Ahora bien, esta Alzada constató en autos, que la Representación Fiscal, imputó al ciudadano WINDRY DE JESÚS BRAVO GARCÍA  Titular de la cedula de identidad Nº 15.500.120, la presunta comisión del delito de CORRUPCIÓN AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 64. 2 de la Ley Contra La Corrupción en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. 

            Establecido lo anterior, de las actas que conforman la presente actividad recursiva se evidencia que el juez de la recurrida, al dictar su decisión, en relación al ciudadano WINDRY DE JESÚS BRAVO GARCÍA  Titular de la cedula de identidad Nº 15.500.120, plenamente identificado a los autos, al término de la audiencia de presentación de imputado, celebrada conforme a las previsiones del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, dictaminó lo siguiente:

“ PRIMERO: Se declara CON LUGAR la solicitud formulada por el Ministerio Público y se acuerda continuar la investigación por las reglas del Procedimiento Ordinario de conformidad con el articulo 373 y  262 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, en el presente asunto seguido al ciudadano WINDRY DE JESÚS BRAVO GARCÍA  Titular de la cedula de identidad Nº 15.500.120,  natural de Puerto Ayacucho Estado Amazonas, residenciado en el  San Enrique sector el Bajo, casa S/N, Puerto Ayacucho Estado Amazonas, por la presunta comisión del delito de CORRUPCIÓN AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 64. 2 de la Ley Contra La Corrupción. SEGUNDO: en virtud de que el imputado de autos fue detenido con motivo a orden de aprehensión decretada por el Tribunal Segundo de Control, según solicitud Nº XP01-P-2021-000692, de fecha 26 de Agosto de 2021,  es por lo que se declara CON  LUGAR la solicitud del ministerio público en cuanto se mantenga la Medida Judicial Privativa Del Libertad 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal,  Con Detención Domiciliaria designándose como CENTRO DE RECLUSIÓN  EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN  URBANIZACION SAN ENRIQUE SECTOR EL BOSQUE, CASA COLOR AMARILLO PORTON BLANCO, S/N,  DESPUES DEL TALLE DE LATONERIA Y PINTURA EL CATIRE. ----todo de conformidad con el CRITERIO REITERADO  de la SALA CONSTITUCIONAL  de fecha 06/05/03 sentencia 1046 con ponencia  de José Manuel Delgado Ocando TERCERO: Se declara SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada en relación a que se decreten medidas cautelares menos gravosas, por los mismos motivos por los cuales se ordeno mantener la medida privativa judicial preventiva de la libertad. CUARTO: Se declara CON LUGAR autorización para el vaciado de la comunicación privada que puedan contener los teléfonos incautados en  de conformidad con los artículos 48 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  205 y 206 del código orgánico procesal penal, en armonía con los dispuesto en el artículo  7 de la ley de privacidad  de comunicaciones, articulo 5 de la ley de mensajes y datos electrónicos, conforme al artículo 2 literal  p  articulo 3 y 6 de la ley contra delitos informáticos. QUINTO: se ordena dejar sin efectos las capturas que pesan sobre el imputado de autos por cuanto la misma ya fue materializada. SEXTO: Líbrese boleta de encarcelación… (Omisis…).