Se Decreta Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, consistente en la presentación los días treinta (30) de cada mes por ante la Prefectura de San Fernando de Apure, lugar donde cumple su confinamiento, así como la prohibición de acercarse a la víctima, de conformidad con lo establecido en el artículo 256, ordinales 3° y 6° del Código Orgánico Procesal Penal.

Se Decreta la Privación Judicial Preventiva de Libertad, por considerar que existe un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no esta prescrita. Fundados elementos de convicción para estimar que los imputados Darwin José Uvieda Herrera y Deivis Miguel Uvieda Herrera, son autores de los delitos de: HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 455, ordinales 3°, 4° y 9° del Código Penal, concatenado con el último aparte ejusdem y USO DE NIÑO O ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la protección del niño y del Adolescente. Del mismo modo, nos encontramos en una zona fronteriza y de fácil acceso al vecino país de Colombia, con lo cual hay facilidad para abandonar el país, por el pago de una suma ínfima de 1.000 Bs; la pena que podría llegar a imponerse tiene un límite máximo de 10 años y la conducta predelictual de los imputados, ya que según información suministrada por la víctima están fug.....

Se Decreta la Privación Judicial Preventiva de Libertad, por considerar que existe un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no esta prescrita. Fundados elementos de convicción para estimar que los imputados Jenny Soraida Carvajal y Williams Nieves, son autores del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas, en agravio de la colectividad. Del mismo modo, nos encontramos en una zona fronteriza y de fácil acceso al vecino país de Colombia, con lo cual hay facilidad para abandonar el país, por el pago de una suma ínfima de 1.000 Bs; la pena que podría llegar a imponerse tiene un límite máximo de 20 años y la magnitud del daño causado que es contra la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 250, numerales 1°, 2° y 3° y 251, ordinales 1°, 2°, 3° y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal.